La ley de Financiación de las Autonomías será aprobada con acuerdo entre UCD y PSOE

El Pleno del Senado aprobará hoy la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), probablemente con acuerdo casi total entre UCD y PSOE, y sin que las pretensiones del PNV acerca de la modificación del proyecto tengan éxito. Los portavoces socialista y centrista del Senado coincidieron ayer, a este respecto, en señalar que la posición de sus respectivos grupos consiste en defender el texto aprobado por el Congreso de la disposición adicional primera, según la cual la LOFCA se aplicará en el País Vasco, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El aplazamiento del debate se decidió a petición del Grupo Socialista, para dar tiempo a un posible acuerdo de última hora Y por estar ausente de Madrid el negociador socialista, Alfonso Guerra. No obstante, las diferencias con UCD están prácticamente limadas, mientras las posibilidades de acuerdo con el grupo vasco son muy pocas, ya que, de los intentos de acercamiento realizados la semana pasada, ayer tarde se había vuelto a las posiciones de partida.Esto es, mientras UCD y PSOE vuelven a defender el texto del Congreso, el grupo vasco mantiene su enmienda original y la disposición adicional primera. Según esta enmienda, la comunidad vasca se regiría por lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, lo que se interpreta en los demás grupos de la Cámara como un llano y liso intento de que la LOFCA no se aplique en el País Vasco. Además, fuentes de UCD señalaron que esta enmienda se contradice con la disposición final, según la cual la LOFCA se aplicará en todas las comunidades.

En esta situación, UCD ha retirado su enmienda de aproximación a la posición vasca, cuyo texto establecía que la actividad financiera y tributaria de la comunidad autónoma de Euskadi se regirá por su Estatuto de Autonomía, en perjuicio de la aplicación de las normas de la LOFCA que le afecten. Asimismo, ayer se consideraba echado en el olvido otro texto de la debatida disposición, negociado la semana pasada, que establecía que «el régimen de concierto económico se aplicará en el País Vasco de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Estatuto de Autonomía». Según fuentes del Senado, ni el mismo grupo vasco estaba satisfecho de este texto.

De cualquier forma, la negociación permanece abierta hasta última hora. Ayer tarde estuvieron en el palacio del Senado, en el despacho del grupo vasco, los parlamentarios del PNV Juan María Ollora y Josu Elorriaga, según dijeron ellos mismos, para dar instrucciones al senador Jaume Casademont, perteneciente a Convergencia de Cataluña, aunque integrado en el grupo vasco, que actúa de intermediario, ya que los parlamentarios vascos están oficialmente retirados de las Cortes.

En contraste con esta situación, el acuerdo era ayer prácticamente total entre UCD y PSOE, en relación con los cuatro votos particulares que el grupo del Gobierno mantenía. Retirado el que afecta al tema vasco, UCD mantiene los otros dos votos particulares, que con toda probabilidad serán aceptados por el PSOE, el primero de ellos hace referencia expresa al mantenimiento del régimen económico-fiscal de las islas Canarias, y el segundo postula la supresión de un apartado por el que los créditos de las cajas de ahorros a los entes autónomos se contabilizarían dentro del contingente de fondos que estas instituciones de ahorro deben dedicar a la inversión., El deseo de suprimir esta disposición, por parte de UCD, está en línea con la política de liberar la inversión de las cajas, según manifestaron fuentes centristas. No obstante, a última hora los socialistas insistieron en que UCID retirase su enmienda sobre el tema canario. A cambio de esta retirada aceptarían la supresión del apartado relativo a las cajas de ahorro.

Pleno del Senado

El Pleno del Senado celebró ayer, pues, una sesión carente de interés, en la que se trataron varias preguntas y proposiciones no de ley y se aprobó la proposición de ley de actualización del estatuto general de la abogacía. Esta última, que no ha sufrido variaciones respecto a lo aprobado por el Congreso, tiene por finalidad principal establecer que cualquier letrado, sea cual fuere el colegio de abogados de España en el que esté inscrito, podrá actuar en todos los recursos de que sean susceptibles los asuntos que dirigió en cualquier instancia ante cualesquiera tribunales o juzgados, sin que para ello tenga necesidad de incorporarse a los colegios donde radiquen estos tribunales.