El juicio contra el alcalde de Torremegía el recuerdo de los fusilamientos de 1936

Los alcaldes de la comarca de Barros, que se reúnen periódicamente, han calificado públicamente como modélica la forma en que el Ayuntamiento de Torremegía invierte los fondos que se envían desde el Gobierno Civil de Badajoz. Tras las elecciones municipales del pasado año, UCD tiene alcaldes en once de los veintiún ayuntamientos que componen la comarca. En Torremegía, el PTE obtuvo cuatro concejales, tres UCD y dos el PSOE. El pacto de izquierda permitió a Benito Benítez ser el primer alcalde de izquierdas en el pueblo de La familia de Pascual Duarte, después de 43 años.Durante la vendimia, el pasado año, y la huelga que se generó en septiembre en la tierra de Barros, el alcalde, otro concejal del PTE y un vecino fueron encarcelados durante tres días como presuntos instigadores. Antes, poco después de hacerse cargo de la alcaldía, Benito Benítez recibió en el ayuntamiento a una comisión de familiares de los vecinos fusilados en 1936. Era la cuarta vez que los familiares intentaban, alcalde tras alcalde, desde hacía años, que los restos mortales fueran sacados de la fosa común y dignamente enterrados.

«El 28 de junio de 1979», dice Benito Benítez, «expuse al pleno del ayuntamiento el deseo de los familiares, y los concejales me pidieron que negociase con ellos la forma en que se iba a realizar el traslado desde el cementerio viejo al nuevo. Volví a reunirme con los familiares y llegamos al acuerdo de que la mano de obra se costease con fondos del empleo comunitario y que la lápida de la tumba fuese colocada en el centro del patio del nuevo cementerio. Este acuerdo se llevó al pleno del 28 de julio y ningún concejal se opuso. Incluso un concejal de UCD, Francisco Fernández Rosas, dijo que un tío suyo, fusilado en 1936, estaba en la fosa común. El día 16 de agosto, casi todos los familiares fueron a trabajar en la exhumación de los restos. Algunos de los trabajadores del empleo comunitario fueron allí, voluntarios, después de terminar el tajo del día. La cuadrilla que trabajó en las fosas fue de seis personas el primer día y cuatro el segundo, y se les pagaron en total diez jornales a 945 pesetas».

El día 17 de agosto, alrededor de mil personas se reunieron en el cementerio católico municipal de Torremegía, como reza a la entrada, para inhumar los restos de 33 vecinos del pueblo fusilados el domingo 14 de septiembre de 1936, a las tres de la tarde. Muchos de los presentes, familiares de los fusilados, habían llegado desde los pueblos de alrededor. Pocos días después, el alcalde recibió una comunicación del juzgado en la que se daba cuenta de la denuncia que, a instancias del concejal de UCD Julián Membrillo, se había presentado en la delegación de Sanidad de Badajoz por la exhumación de los restos mortales y, posteriormente, otra acusación del Gobierno Civil de Badajoz, por presunta malversación de caudal público. Las responsabilidades subsidiarias del acusado fueron fijadas en 50.000 pesetas, y el juzgado ordenó el embargo de la vaca propiedad del alcalde, ya que Benito Benítez, trabajador del empleo comunitario en su pueblo, no tenía esa cantidad.

"Hacía 43 años que no iba al cementerio"

Inés Guerrero Benítez tiene 79 años, es viuda desde hace 43 y hace cuarenta que vive enfrente de uno de los que, aquel 14 de septiembre, fusilaron a su marido, junto a las tapias del cementerio. «Cuando nos enteramos en el pueblo que habían empezado la guerra, nos fuimos al campo. Cuando supimos que habían terminado los tiros, volvimos. A los cuatro días llegaron recogiendo a los hombres y se los llevaron al palacio, un granero, donde decían que iban a hacerles unas preguntas. Durante quince días estuvimos llevándoles comida.

Un día que iba a llevar una cajetilla de tabaco a mi marido me dijeron que se habían llevado a los hombres en un camión a Mérida. Yo le dije a Luis, un amigo, que me llevara en el coche a Mérida, pero cuando salimos a la carretera vimos que el camión estaba parado al lado del cementerio y allí, en la tapia, les dieron los tiros. Allí, fusilados, estaban mis dos hermanos, Manuel y Julián, mi marido, Juan Antonio Cerrato, y otro que iba a ser cuñado mío, Juan Antonio García».

« Sí, sí, vi cómo los fusilaban y sé quiénes son los que iban en el camión que los llevó hasta el cementerio y que les pegaron los tiros. Los conozco. Uno de ellos era el Látigo Negro, pero este mote se lo pusieron después, por la norma en que hacía trabajar a los jornaleros. Otro era uno de los de Paredes, que lo mató el tren... Cuando fusilaron a mi marido, me quedé con dos hijos, uno de dos años y otro de ocho meses, y estaba embarazada de tres meses. Nunca les he dicho a mis hijos quiénes los mataron, porque, sobre todo uno de ellos, tiene un genio muy malo».

Hace cuarenta años que Inés Guerrero vive enfrente de uno de los que intervinieron en el fusilamiento de sus familiares, «y en ese tiempo mi boca no se ha abierto para llamarle criminal ni nada. Desde que los fusilaron nunca he ido al cementerio. Ni siquiera cuando se murieron mi padre y mi madre fui a alumbrarlos, porque no tenía el gusto de ir. Desde que mataron a los hombres no he sido mujer y desde que saqué los restos no estoy buena».

En 1936, Torremegía tenía alrededor de setecientos habitantes, y entre los meses de septiembre y diciembre de ese año fueron fusilados más de cuarenta hombres. La mayoría de las mil personas que en agosto pasado acudieron al cementerio eran familiares de los fusilados. Por primera vez en cuarenta años se reunieron a recordar algo que todos ellos, como Inés Guerrero o Encarna Galán, a quien fusilaron un hermano, habían callado a sus propios hijos. Las fotos amarillentas de las alcobas tomaron vida y los ánimos se encresparon en el pueblo al conocer que al alcalde lo podían destituir por acceder a algo que muchos pedían hace años.

Según el artículo 59 del reglamento de cementerios, no es necesario pedir permiso más que a los familiares para realizar un traslado de restos una vez transcurridos diez años desde la muerte. Los famliares no sólo dieron su asentimiento, sino que pagaron las 50.000 pesetas que se pedían al alcalde. Torremegía, hoy, es un término municipal de más de 6.000 hectáreas en el que se extiende, muy blanco, un pueblo de 1.930 habitantes. De las quinientas familias del pueblo, 120 viven del empleo comunitario. Desde el pasado mes de enero, el ayuntamiento ha recibido alrededor de ocho millones de pesetas, que han permitido trabajar a 120 parados durante un total de 75 días. Durante el tiempo que lleva el alcalde Benítez se han asfaltado todas las calles menos una, se ha hecho un parque que se inaugura hoy, se ha dotado a la estación de un andén de cuatrocientos metros, se ha concluido el alcantarillado, se está realizando la acometida de agua potable en las casas, se han mejorado los servicios públicos y se ha prohibido la circulación en la calle que hace las veces de paseo desde las nueve de la noche hasta la madrugada, para que no haya peligro de atropellos a la hora del paseo.