De Waterloo a Chamartín

LAS GUERRAS napoleónicas han reaparecido dentro de la propia Comunidad. El presidente de Francia posiblemente habrá encajado muy mal el calificativo de un nuevo Waterloo utilizado para describir la batalla entre británicos, por un lado, y franceses y prusianos, por otro.El nudo del conflicto es que Gran Bretaña ha conseguido ver reducida su contribución al presupuesto de la CEE en 4.000 millones de dólares en los próximos dos años. Y, sobre todo, ha conseguido sembrar la disensión en el campo adversario, pues lo que dejan de pagar los británicos lo abonarán los alemanes, siendo los agricultores franceses los grandes beneficiarios.

La posición clave de la batalla eran las normas del presupuesto de la CEE. El Reino Unido no ha aceptado, en materia agrícola, seguir sometido a la regla de la preferencia comunitaria, que impone abastecerse en los mercados de la propia Comunidad de las producciones agrícolas de los Estados miembros. Gran Bretaña seguía abasteciéndose en el mercado mundial de cereales, carnes y otros productos ganaderos (Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia). Pero, según las reglas,de la CEE, debía satisfacer la diferencia entre los precios mundiales y los más altos de la Comunidad. Esta imposición hacía que el Reino Unido, siendo uno de los países con menor renta por habitante, fuera, después de Alemania Occidental, el que contribuyera en mayor medida al presupuesto de la CEE. Esta regla es precisamente la que se ha roto, y de algún modo la política agrícola común aparece tocada por el flanco.

La marejada se ha hecho presente en el Gabinete alemán. Sus economistas han puesto el grito en el cielo ante el hecho de que Alemania Occidental tenga que aumentar su contribución al presupuesto comunitario en 1.400 millones de dólares este año y el doble el próximo. El propio canciller Schinidt ha subrayado, ante el congreso nacional del SPD, que la factura en aumento que le pasan los restantes Estados miembros tendrá un límite a finales de 1991. Schmidt ha dicho que la CEE no puede convertirse en un «autoservicio para determinados intereses particulares». Alemania Occidental quiere poner fin a los desequilibrios en los pagos presupuestarios, y el propio canciller ha subrayado que su país «no podrá financiar una nueva ampliación sin un cambio en la política agrícola y una distribución más,equilibrada de las cargas presupuestarias ».

Según los cálculos de los expertos de la Comunidad, el año 1982 los gastos presupuestarios serán superiores a los ingresos. En estas circunstancias, los franceses se han preguntado «cuánto queda para sus propios agricultores antes de que los nueve países de la CEE decidan cuál será la ayuda ofrecida a España y Portugal cuando se integren en la Comunidad».

Así, pues, el tema del ingreso de España en la Comunidad acaba de explotarnos entre las manos, en parte como consecuencia del contencioso de la política agrícola. Parece, y es obligado, que el Gobierno y la oposición planteen ante la opinión pública española, con el máximo rigor y la suma mayor de información, un asunto tan fundamental para el futuro de nuestra sociedad. Recuérdese, como contraste, el silencio en el reciente debate parlamentario sobre los problemas que plantea a España el ingreso en la CEE. Cualquier autonomía merece, al parecer, mucha más atención de los partidos políticos que el asunto del ingreso en la CEE.

El Ministerio para las Relaciones con Europa se abstuvo, hasta hace poco, de dar noticias que no fueran optimistas, y autoelogiosas sobre su gestión. Nadie sabía, a ciencia cierta, lo que estaba ocurriendo en la negociación entre España y la CEE. Nadie se estaba preguntando qué ocurriría, por ejemplo, el primer año de nuestro ingreso. Por ejemplo: ¿nuestra contribución al presupuesto de la CEE sería superior a los beneficios obtenidos? España se aprovisiona de una serie de productos agrícolas (maíz y soja en Estados Unidos, carnes en América Latina), y se vería, por tanto, obligada a pagar la diferencia entre los precios mundiales y los comunitarios. Posiblemente, en los primeros tiempos, España tendría que pagar más de lo que obtuviera del presupuesto de la CEE.

Los asuntos europeos han merecido, en general, una atención muy marginal del Estado y la sociedad españoles. Seguimos viviendo en el provincianismo. Nadie ha planteado con suficiente seriedad los problemas que supone la entrada en la CEE para nuestra economía. Sucedía como si bastara con ser democráticos y no importase saber si podíamos vivir en un mundo de durísima competencia económica. Sin embargo, no constituyen ningún misterio las grandísimas dificultades con que se está encontrando Grecia al iniciar su proceso, de reducción de aranceles y otros mecanismos de protección ante los productos de la Comunidad. Pero los españoles íbamos hacia la integración sin conocer y reflexionar sobre sus dificultades.

Es imprescindible preparar la entrada en la Comunidad. Pero también es necesario no humillarse por la «pausa» giscardiana y, sobre todo, no caer en la trampa de buscar su intermediación, hacer de Francia nuestro acompanante. bilateral. La gran baza de España para entrar en la Comunidad sería dotarse de una industria suficientemente potente que disminuyera la necesidad de exigir importantes ventajas agrícolas. Porque cuando España entre en la Comunidad lo probable es que la política agrícola común haya variado sustancial mente, las preferencias comunitarias se.hayan reducido y sea necesario batirse con las producciones de los terceros países, concretamente, de Estados Unidos.