España, a punto de perder sus propiedades y derechos en Tierra Santa

Viene de primera páginaAunque el procurador, actualmente el padre Basilio, residente en el convento de Yafa (Israel), se sitúe sólo en tercer lugar en el orden jerárquico del gobierno de la custodia, su función de distribución de fondos, tanto para la protección de los lugares santos como para la ayuda económica de la población árabe, especialmente la católica, le han convertido en la autoridad católica con más poder en Tierra Santa.

Las importantes cantidades de dinero que maneja, administradas según su conciencia, pero con asesoramiento del cónsul general de España en Jerusalén, en representación del Estado español, son destinadas no sólo a la fundación de parroquias, al mantenimiento y restauración de los lugares santos (las obras recientemente emprendidas en el Santo Sepulcro costarán a la Iglesia católica 210 millones de pesetas), sino también a la difusión de la cultura española y la financiación de colegios, centros médicos y orfelinatos para la población árabe desatendida por el Estado israelí.

El patrimonio histórico español tiene su origen en 1342, cuando el papa Clemente VI, mediante el Breve gratias agimus, lo decreta ius patronatus de España en Tierra Santa, posteriormente confirmado por los papas Inocencio XI, Benedicto XIV y Pío X.

Pero a lo largo de siete siglos este patrimonio ha ido ampliándose hasta alcanzar un incalculable valor artístico-inmobiliario gracias a contribuciones fiscales, como las mandas hereditarias impuestas por Felipe IV, ayuda económica directa del Estado español o de la Corona y colectas efectuadas en España y Latinoamérica por lo menos una vez al año, el Viernes Santo. «En definitiva», afirma un religioso español, «las propiedades españolas son el producto de un esfuerzo económico secular del pueblo de España».

De los dos otros países firmantes del convenio, Francia, aunque su presencia física y material en Israel y Cisjordania sea menor que la de España, resulta también perjudicada. Arrepentida de su decisión de hace cuatro anos, y con vistas a conseguir la no aplicación del convenio, ha iniciado contactos a nivel consular con España para actuar conjuntamente. París piensa proponer una mayor internacionalización de la custodia de Tierra Santa permitiendo la entrada en su gobierno de representantes de otros países católicos, como Bélgica y Polonia.

Italia, favorecida

Sólo Italia saldría abiertamente favorecida por la entrada en vigor del convenio en la medida en que el Vaticano proyecta sustituir a los actuales franciscanos por una orden «moderna y discreta» -el Opus Dei se ha declarado interesado-, cuyo papel sería meramente apostólico y que estaría mayoritariamente integrada por religiosos italianos. «En realidad, Italia tendría el usufructo de las propiedades españolas o francesas cedidas a la Santa Sede», observa un diplomático.

En cuanto a la parte monumental de los Santos Lugares, su conservación sería dejada en manos del Estado hebreo, al no estar el Vaticano en condiciones de sufragar los gastos de mantenimiento, afirman fuentes fidedignas que aseguran conocer las intenciones de la Santa Sede. Esta información ha sido, sin embargo, puesta en tela de juicio por otras fuentes eclesiásticas que creen que las malas relaciones existentes entre Israel y el Vaticano no permitirán este traspaso. La política vaticana acabaría, en todo caso, provocando el éxodo de Tierra Santa de todos los franciscanos españoles actualmente instalados en la región y suprimiendo todo rasgo de influencia española.

El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y sus principales colaboradores han demostrado hasta ahora una gran indiferencia ante esta herencia de su predecesor, que consideran, pone fin a un régimen de privilegios concordatorios anacrónicos de España en Tierra Santa. Sólo, según fuentes diplomáticas, Carlos Robles Piquer, secretario de Estado para Asuntos Exteriores, ha demostrado cierta desaprobación ante un convenio que pone en tela de juicio algunos derechos históricos del pueblo español en la zona.

Independientemente de que un acuerdo firmado en 1976, pero que entrará en vigor en 1980 -es decir, dos años después de la aprobación de la Constitución española- tendría que haber sido examinado por las Cortes democráticas, algunos observadores ponen de relieve que el mencionado convenio contradice la política exterior propalestina de España.

Además de prestar ún cierto número de servicios religiosos y materiales a los árabes -incluso a los de confesión musulmana-, la presencia española, junto con la de las otras dos potencias, constituye un dique al expansionismo israelí, que se esfuerza por convertir a Tierra Santa y, especialmente a Jerusalén, en un museo de las religiones cristiana y musulmana, pero no del judaísmo. De cara a los intentos de judaización, las tres potencias de la custodia estarán siem. pre en condiciones de ofrecer mayor resistencia que la Santa Sede.

Para poder afirmar con más crédito que Jerusalén es la capital del Estado hebreo, las autoridades israelíes no han hecho nada por retener en.la ciudad santa a grupos sociológicos no asimilables, empezando por los 15.000 habitantes cristianos, de los cuales 11.000 son árabes que aún permanecen en ella y cuya presencia respalda la custodia. Sin embargo, la población árabe de Jerusalén oriental ha disminuido en trece años de 120.000 a 100.000 habitantes.

Más concretamente, el convenio firmado con el Vaticano contradice la postura de España sobre Jerusalén, ciudad cuya internacionalización es preconizada por la diplomacia española. Jerusalén perdería parte de su carácter cosmopolita si se paralizase, con la aplicación del acuerdo, la existencia de instituciones españolas que realizan una labor de atracción de peregrinos.

Tanto algunos responsables palestinos como los padres superiores españoles instalados en Israel o Cisjordania. se han dirigido respectivamente al Cónsul español en Jerusalén, al ministro Marcelino Oreja y al rey Juan Carlos para expresarles su preocupación por la retirada de España de Tierra Santa, retirada que un diplomático español no dudó en comparar con «una reedición del abandono de los saharauis, pero esta vez en Tierra Santa».