Tensiones entre el gobernador civil de Vizcaya y el Ayuntamiento de Amorebieta

El gobernador civil de Vizcaya ha ordenado la instrucción de diligencias y entrega de las mismas a la autoridad judicial, en relación con el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Amorebieta (Vizcaya) de difundir un bando avisando a los vecinos de que pueden negarse a abrir la puerta a toda persona «que se autotitule la autoridad policial o judicial durante horas nocturnas y durante las diurnas, si no va acompañado de un guardia municipal del ayuntamiento y previo conocimiento de la alcaldía».

El acuerdo fue tomado por unanimidad en un pleno extraordinario convocado a raíz de las detenciones registradas últimamente en la localidad, en el que participaron concejales del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de Euskadi, Herri Batasuna y Liga Comunista Revolucionaria.Fueron los dos últimos grupos citados los que presentaron la moción correspondiente, que incluye también la expresión de la «protesta por la detención arbitraria e indiscriminada de varios vecinos y, entre ellos, del concejal José María Vicandi». Este último, veterano militante del PSOE, fue detenido por la policía la semana pasada por negarse a abrir el portal de la casa en la que habita cuando la policía se presentó, de madrugada, para detener a un vecino del señor Vicandi. En una redada registrada hace unos meses fue también detenido el concejal de LKI Isidoro Apraiz. En ambos casos los concejales fueron puestos en libertad sin cargo alguno veinticuatro horas después de su detención, situación que, por otra parte, según se expuso en el pleno, viene siendo habitual en la localidad.

La situación de inseguridad que estas detenciones crean, más la tradición de actuación de grupos incontrolados de extrema derecha existente en la localidad, fue la causa evocada por los concejales para explicar la decisión tomada. Cabe recordar al respecto que durante las fiestas patronales de 1977 un grupo de jóvenes de Amorebieta logró reducir e identificar a varios incontrolados armados que habían estado provocando y amedrentando a los vecinos. Entre los identificados, que fueron entregados a la Guardia Civil, figuraba un número de la Policía Armada y un inspector del cuerpo general, que serían posteriormente expedientados. Este hecho, más el anuncio por parte del entonces gobernador civil de la provincia, señor Uriarte, de que un tercer incontrolado, conocido miembro de la extrema derecha, identificado también en dicho incidente, había sido multado con 100.000 pesetas, vino a dar tácitamente la razón a los vecinos.

La reacción del gobernador civil de Vizcaya se concreta, por una parte, en la orden de instruir las diligencias oportunas por parte de la Guardia Civil, «para lo que se requerirá» la presencia del alcalde sin más demora», a fin de ser transmitidas a la autoridad judicial, «para que se exijan en su caso, las responsabilidades oportunas», y, por otra, en la «petición de responsabilidades penales por usurpación de atribuciones, provocación a la desobediencia y propiciar la resistencia y desacato a los agentes de la autoridad», en el caso de que la primera autoridad municipal «no suspenda la ejecución del acuerdo en virtud de sus atribuciones».