Ratificado el principio de financiación pública de los centros escolares

Los grupos de la oposición repitieron ayer, en el Pleno del Senado, los argumentos ya utilizados en el Pleno del Congreso para oponerse al principio de «financiación indiscriminada» que, según ellos, propicia la ley de Centros Escolares, respecto a.las instituciones privadas. El debate, provocado por el artículo 5º -que reconoce a los padres el derecho a elegir la educación que deseen para sus hijos e impone al Estado la exigencia de garantizar la financiación del ejercicio de ese derecho-, ocupó dos horas de debate. Las enmiendas fueron derrotadas.

Los defensores de las enmiendas coincidieron en rechazar la reiterada pretensión centrista de que la ley va a propiciar una posibilidad de elección que hoy no existe. Fernando Baeza, del Grupo Socialista, citó al respecto el caso de un colegio estatal del madrileño barrio de Moratalaz, en el que en estos mismos días se acaban de resolver las peticiones de plazas para el próximo curso con el rechazo de 540 solicitudes.El senador Baeza, para resumir la posición de su grupo ante esta ley, citó a Wells («la historia es cada día más una carrera entre la educación y la catástrofe»), para concluir que los socialistas ven en el Estatuto de Centros «un paso hacia adelante», como asegura el partido gubernamental, «pero desde el borde del abismo».

Las diversas intervenciones de los portavoces socialistas insistieron en exigir, una vez más, que ise ponga el énfasis en garantizar una política educativa compensatoria, la gratuidad de la preescolar y una «verdadera democracia escolar», como la única vía idónea para hacer posible la libertad de elección de modelo educativo.

Finalizadas las defensas de las enmiendas y los turnos de portavoces, volvió a intervenir el ministro de Educación, José Manuel Otero, a quien posteriormente no pudieron rectificar los senadores de la oposición, al negarles esta posibilidad el presidente del Senado, Cecilio Valverde, en rigurosa interpretación del reglamento de la Cámara.

El señor Baeza había recordado elogiosamente el discurso que su compañero de partido, Luis Gómez Llorente, pronunciara en el Congreso con motivo de la discusión de esta ley, y el ministro, que hasta ahora siempre ha rehuido enfrentarse dialécticamente en la Cámara baja al diputado socialista, reconoció ayer que, en efecto, el de Gómez Llorente había sido un bello discurso, pero «tenía un pecado: el de partir de una base errónea». Se refería Otero al error de atribuir a UCD la intención de realizar una «financiación indiscriminada» y que, muy por el contrario, las leyes educativas centristas pretenden una política igualatoria. Por lo que respecta a la atención a la enseñanza estatal, el ministro aseguró que en los años 1978 y 1979 el Gobierno de UCD había hecho mucho más por la escuela pública que ningún otro Gobierno del pasado, incluido el Gobierno socialista de la Segunda República.

La discusión sobre el artículo 71 ofreció una nueva oportunidad a los socialistas para exigir un tratamiento específico en la ley para los centros privados subvencionados con fondos públicos, y a los centristas para repetir que esta pretensión encubre la intención de convertir en públicos a todos los centros privados. La portavoz centrista, senadora Salarrullana, dijo que la especificidad de los centros financiados con fondos públicos podría quizá tener un tratamiento en la futura ley de Financiación.

La libertad de enseñanza de los profesores, a la que se refiere el artículo 151, fue otro de los temas más debatidos en la sesión de ayer, como ha sucedido siempre en los anteriores debates parlamentarios del proyecto.

El voto particular del Grupo Socialista a este artículo fue defendido por Juan José Laborda, quien resaltó el grave obstáculo que el ideario de centro, predeterminado por el titular del mismo, representa para el ejercicio de la libertad de cátedra. El senador socialista dijo que el ideario, «un conjunto de palabras muertas», va a impedirla creatividad y va a estar siempre frente a las ideas nuevas de hoy y de mañana.

Respecto a la presunta inconstitucionalidad de este artículo, esgrimida nuevamente por los socialistas, el senador centrista Fernández de la Reguera dijo que la libertad de cátedra, a la que hace referencia el artículo 20º de la Constitución -que invocan los portavoces de la oposición-, difícilmente puede ser aplicable a los niveles educativos afectados por esta ley.

Con anterioridad -en la sesión de la mañana- habían sido rechazados varios votos particulares presentados por los socialistas, en virtud de la oposición de UCD. Al artículo 2º, que fija los objetivos generales de la ley, el socialista Francisco Delgado Ruiz afirmó que defendía la libertad ideológica tanto para profesores como para alumnos y personal no docente,

El ministro de Educación, José Manuel Otero, tomó la palabra al final del debate del artículo 3º y dijo que en la educación preescolar en España ya es mayoritaria la iniciativa pública.