Hay que mojarse

Los socialistas españoles de la generación de 1977 acaban de ofrecer una gran prueba de sagacidad política con la presentación de una moción de censura al Gobierno en el último debate parlamentarlo. Es inexplicable y estólida la satisfacción de los miembros del partido de UCD -el partido en el poder-, poniendo sus ojos en el artículo 113 de la Constitución, que exige a una moción de censura la mayoría absoluta de la composición del Congreso de Diputados, y que se cifra en 176 votos. Los socialistas no han presentado la moción de censura abrigando la esperanza de alcanzar esa mayoría absoluta, que, sin ser imposible, no es nada probable. Lo han hecho esencialmente para abanderar la queja, la crítica y la protesta españolas, ante una situación de la que son necesariamente titulares, responsables y culpables los Gobiernos de los últimos tres años, independientemente de algunos aciertos evidentes en el recorrido del cambio. Y la situación actual ya se sabe cómo es: un terrorismo obstinado y progresivo, la imposibilidad de canalizar pacíficamente la autonomía vasca, la grave inseguridad ciudadana, la crisis económica que nos conduce a la quiebra, el aumento creciente del paro, y a todo esto procede añadir la indeterminación e imprecisión en nuestra política exterior, el debilitamiento de nuestro poder judicial por razones de la transición de unas leyes a otras leyes, y de unos métodos a otros métodos, el descubrimiento tardío -y defectuoso- de una figura jurídica, histórica, económica y administrativa del «Estado de las autonomías», y la incapacidad manifiesta de la general actividad ministerial -proclamada en el Congreso-, en función de la prevalencia de la política y de la inseguridad del propio partido en el poder. El país empezaba a estar hasta el moño de todo esto, y el Partido Socialista ha tenido la perspicacia de encabezar este sentimiento general, muy extendido, mediante un debate en el Parlamento y la presentación de una moción de censura. No importan los resultados. La gente ya sabe cómo es la disciplina de los partidos, y además los propios críticos de UCD -en el seno del partido- a la dirección política de Suárez, valorarán las consecuencias de una actitud crítica de abstención o de adhesión a los socialistas, que dinamitaría al partido. No lo harán.La primera objeción que los no socialistas hacen al suceso es que estando de acuerdo con la letra y el espíritu de la moción de censura, no pueden sumarse a ella, porque es tanto como autorizar la constitución de un Gobierno socialista, presidido por Felipe González. La objeción es válida, aunque incompleta. En el trance de que Felipe González se viera obligado a formar Gobierno, seguramente no lo haría en régimen monocolor, como UCD, sino que buscaría esa gran mayoría que necesita cualquier Gobierno de ahora mismo, para hacer el desarrollo constitucional en el que figure -nada menos- que la fabricación de otro Estado del que tenemos. No es acertado suponer que podamos vivir en este segundo período de la transición -que es el desarrollo constitucional- sin un Gobierno de mayoría plena o sin el consenso. Un Gobierno monocolor de UCD hasta 1983, con la animosidad socialista y los métodos -actuales de gobernar, no será otra cosa que la exacerbación de la agonía o de la crisis. Todo el tema de Suárez es que ha sido siempre inestable, y ahora tiene una recaída.

Por eso, siendo válido que algunos sectores no se dispongan a votar la moción socialista, por escrúpulos políticos o ideológicos, también tendrán que renunciar a los beneficios que supondría acompañar a los socialistas en la rentabilidad del gesto. Lo que se haga en el Parlamento será más lucrativo que lo que se diga en las tribunas. A partir del mismo momento en que los socialistas no alcanzaran la mayoría necesaria, solamente ellos podrían tener la fuerza moral ante el país de haberse manifestado contra una situación. Quien quiera peces, que se moje el culo. Ellos se lo acaban de mojar. Los socialistas necesitaban estabandera, porque, de algún modo, o en la parte que fuere, estaban comprometidos con lo sucedido desde los pactos de la Moncloa en adelante, y principalmente con la imputación lógica de su complicidad o de su silencio. Pero ya tienen esa bandera. ¿Qué van a hacer los demás? La gran preocupación de la derecha, o de los que no son UCD y no son marxistas, ya sé que es la de esa preocupación razonable de no asistir con sus votos al socialismo. Pero esto tiene también sus precisiones: lo que se ha presentado es una moción de censura, que una gran parte de esos sectores comparte. Explíquese el voto, hágase la diferenciación y basta. Si Felipe González no alcanzara los 176 votos -que es lo que va a suceder-, pero tuviera un solo voto más que el presidente Suárez, la obligación de éste sería la de dirigirse inmediatamente a la Zarzuela y dimitir. Y si no lo hiciera, entonces habría que dejar las cosas en las manos del Rey, y esa sería su decisión histórica, con el artículo 56 de la Constitución en las manos. Habría llegado el momento del arbitraje y de la moderación del jefe del Estado para conseguir ese Gobierno de mayoría que necesita el país. Las denuncias que ha hecho Fraga a la situación han sido claras y contundentes. Pero ahora habrá que servirlas, y ellos mismos no saben cómo. Hay que destacar en este sector la firmeza y el valor del diputado catalán Senillosa. Las voces que se han oído en el Grupo Mixto son asimismo profundamente críticas, o patéticamente quejumbrosas. El grupo del Partido Socialista Andaluz, mediante la intervención de Rojas Marcos, aunque ha sido obsesiva y excluyente de todas las cuestiones, a excepción del suceso autonómico del 28 de febrero, está igualmente a larga distancia de suscribir el comportamiento del Gobierno. Los vascos no están en el Parlamento, a excepción de Bandrés, que está en el Grupo Mixto, no se sabe si, en razón de las circunstancias, comparecerán el día de la votación. Los catalanes estarán presentes. Pero a unos y otros procede decirles que se dispongan a olvidarse de la esperanza de su autonomía, o de su autogobierno, si no funciona debidamente el Estado español, y no por otra cosa que por esa dependencia, que nace para todas las soluciones conjuntas y que figuran en las competencias asignadas y básicas por la Constitución al Estado. En este asunto tenía toda la razón Tarradellas. Deseaba el Estatuto de Cataluña -esa fue toda su vida pública-, pero entendía que si no funcionaba el Estado, poco tendría que hacer aquel estatuto. Por eso, la ligereza última del presidente del Gobierno, haciendo una crisis ministerial reducida pocos días antes de este debate, ha sido clamorosa. El presidente del Gobierno tendría que haber esperado a este acontecimiento de ahora para sacar de él las enseñanzas necesarias que le abrieran alguna posibilidad de crear una nueva mayoría, que posibilitara un Gobierno de gran espectro, competencia y autoridad. No tiene cerrados los caminos para eso después de la moción de censura -si le fuera favorable-, pero no invalidaría el error cometido últimamente. Ni una «minoría mayoritaria» como la suya puede gobernar sin claras y holgadas asistencias parlamentarias, ni se pueden constituir los Gobiernos con amigos incondicionales, lealtades afectivas, perros amaestrados y purgas en su partido.

El espectáculo del Gobierno y del partido en el poder, salvo la eficaz e impertinente intervención del diputado granadino Jiménez Blanco -portavoz de UCD- ha sido deplorable. De la noche a la mañana, el presidente del Gobierno se sacaba de la manga, prodigiosa y puerilmente, el descubrimiento del Estado de las autonomías, mediante una generalización peninsular o nacional de tratamientos, sin una filosofía de la Historia, sin una búsqueda de la política, no centrífuga, como nexo de las regiones liberadas del centralismo, y sin una manifestación clara de recursos económicos y de organización administrativa. Se veía muy claro el apresuramiento oportunista y la indigencia técnica e intelectual del elaborador de ese texto, por muy brillante que sean sus expedientes académicos. Anunciaba, asimismo, un estatuto de las libertades, sin hacer la identidad de la libertad como eje del sistema político democrático. Y ningún estudio, mea culpa, o análisis de los problemas que agobian a los españoles. La actuación del vicepresidente para Asuntos Económicos y Universales, Fernando Abril Martorell, pasará a la historia parlamentaria española como una de las páginas más ridículas y grotescas, en la que se probaba hasta la saciedad la impresentable capacidad parlamentaria del personaje y un mínimo equipaje dialéctico para explicar los asuntos de su competencia.

Penoso papel y ostensible el naufragio de una clase política que asumió afortunadamente el obligado deber de toda democracia, como es abrir debates en el Parlamento, y que después de ese debate solamente podamos registrar la sagacidad de los socialistas y el crédito de algunos personajes que están a la altura del Parlamento de 1980, pero que no son portadores tristemente ni de soluciones ni de actitudes decisivas. Nuestra Constitución, por otro lado, es tan rígida que hace casi invulnerable a quien detenta el poder, una vez que los políticos contemporáneos no suelen dimitir ni ante la adversidad ni ante el fracaso. Un Gobierno que ha salido malparado electoralmente en las elecciones del País Vasco y de Cataluña y que ha sido arrollado en el referéndum andaluz, y que además es el titular de las responsabilidades, ante los gravísimos problemas actuales permanecerá en el banco azul, ante la decepción y la irritación del país, y su partido, si la moción de censura no prospera -que es una esperanza casi imposible- se entregará efusivamente a los abrazos y a las felicitaciones, con lúdico alborozo, sin una sola posibilidad de enjuiciar sus contratiempos y sus actos.

Un método más cercano a los verdaderos deseos populares sería aquel que en trances como los actuales, y sin necesidad de esa obligación de presentar un candidato a la presidencia, pudiera ofrecer el mecanismo de moción de censura simple, tras el cual el Gobierno tuviera solamente dos invitaciones ante los resultados: la de permanecer, por la escasez de votos desfavorables, o la de dimitir, en función del alto porcentaje de asistencias parlamentarias a la censura. Después de esto se abrirían las consultas correspondientes con el jefe del Estado, para proveer otro Gobierno y otra situación. Pero esta Constitución atenaza seriamente al presidente del Gobierno en el banco azul. Le concede la competencia de disolución de las Cortes, e incluso tiene, insólitamente y en algún caso, al jefe del Estado a su servicio, porque el Gobierno dirige la Defensa cuando el jefe del Estado es el jefe de las Fuerzas Armadas.

No ha habido Gobiernos en la historia democrática española con un inventario más extenso y prolongado de fracasos que los presididos por Adolfo Suárez y, sin embargo, ningún presidente en nuestros dos siglos constitucionales ha estado más seguro en el banco azul o en el poder. Por eso los socialistas han hecho una operación admirable; desde su estrategia política se han quedado casi con el monopolio de la protesta ante el país. Han renunciado a la complicidad con este Gobierno, representada por el consenso, y acaban de obtener, en el mejor momento, sus rentables y hasta ahora invisibles credenciales de oposición.