Los funcionarios del Estado, preocupados por su adscripción a la administración autonómica

El trasvase de personal de la Administración estatal al Consejo Regional y a la futura comunidad autónoma está creando un clima de seria preocupación entre los funcionarios técnicos asturianos de la Administración civil del Estado, que han elaborado ya un proyecto de escrito en el que expondrán sus inquietudes al ministro de la Administración pública, gobernador civil, presidente del ente preautonómico y Mesa del Congreso de los Diputados.El documento plantea las dificultades de la futura fusión de los órganos autonómicos y la Diputación en esta región uniprovincial y los riesgos de la aparición de una Administración paralela del partidismo político de las consejerías de las designaciones directas e incontroladas, que pueden convertirse en el futuro en definitivas. El proyecto subraya la naturaleza no corporativa de las comunidades autónomas y sus funciones fundamentalmente estatales con una nítida distinción de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), mientras que los órganos rectores de las corporaciones locales son deliberantes y ejecutivos a un tiempo. En consecuencia, es preciso un estudio muy a fondo, tanto si se opta por la integración de las estructuras de la diputación en las comunidades autónomas como si se busca el mantenimiento de una entidad corporativa integrada por entes públicos, como son los municipios. En cualquier caso, algunas estructuras de la diputación, de las Administraciones públicas de carácter institucional, quedarán integradas en el ente autonómico, lo que planteará graves problemas de homogeneización de la función pública dentro de las comunidades.

El documento pone de manifiesto la urgente necesidad de una ley orgánica sobre el régimen estatutario de los funcionarios de todas las Administraciones públicas (central, regional y local), que deberá asegurar la profesionalidad de los funcionarios, su estabilidad en los puestos de trabajo frente a los cambios políticos y los niveles de puestos accesibles a través de la carrera administrativa con garantías para los funcionarios y para el servicio público.

Los funcionarios denuncian la generalización del nombramiento digital en las preautonomías y se muestran partidarios de evitar que los cargos políticos consoliden situaciones administrativas, integrándose en la función pública profesional de las comunidades autónomas. Por otra parte, entienden que no tiene sentido mimetizar la organización de la Administración central creando, a su imagen y semejanza, una caricatura de grandes unidades administrativas a nivel regional. En este sentido propugnan que los consejeros configuren parcos órganos administrativos.