Los trabajadores de dos diarios vascos se querellan contra el ministro de Cultura

Representantes de los trabajadores de los desaparecidos diarios de San Sebastián La Voz de España y Unidad han interpuesto ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, y contra el gobernador civil de Guipúzcoa, Joaquín Argote. Los trabajadores consideran que ambos han incurrido en delito de coacciones, privación del ejercicio de los derechos cívicos y delito social, tipificados todos ellos en el Código Penal vigente.

El texto de la querella, que durante la presente semana ha sido presentada ante una sala del alto tribunal, fue aprobado por la asamblea de trabajadores en febrero, pocos días después de que ambos periódicos, pertenecientes a la prensa estatal, fuesen clausurados por el Gobierno.La acción judicial contra el gobernador civil está basada en la orden que dio a la Policía Nacional de desalojar el edificio donde se editaban los dos periódicos «cuando existía normalidad absoluta en el centro de trabajo y total ausencia de disturbios», situación esta puesta de manifiesto en el escrito expedido por el capitán al mando de los efectivos policiales. Consideran también punible la orden que el gobernador civil dio a Iberduero de cortar el suministro de fluido eléctrico cuando aún no había sido comunicada a los trabajadores la resolución de la dirección de Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) de cerrar ambas publicaciones.

Los trabajadores entienden que la conducta del gobernador civil, «que desaloja a los trabajadores de su centro de trabajo sin haberse dictado resolución por la autoridad laboral competente y corta el fluido eléctrico del edificio, incurre en delitos de coacción graves encuadrables en el artículo 496 del Código Penal, además de constituir un delito social».

Las plantillas de los periódicos consideran también que el ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, es, como presidente del Consejo de Dirección de MCSE, responsable directo de un delito social al suspender los dos periódicos sin autorización de la autoridad administrativa laboral pertinente. «El acuerdo de cerrar ambos periódicos supone además un total y absoluto desconocimiento de la normativa laboral que con carácter de derecho necesario», dice el texto de la querella, «es aplicable a las relaciones existentes entre el personal laboral de MCSE y el organismo autónomo».

Esta conducta de Ricardo de la Cierva puede reconducirse, en el ámbito del derecho penal, según los querellantes, al delito del artículo 499 bis, que tipifica la conducta que «... de forma maliciosa suprima o restrinja los beneficios de la estabilidad en el empleo y demás condiciones de trabajo».

Por último, en cuanto a las diligencias que se deberán practicar para la comprobación de los hechos, según el escrito presentado al Tribunal Supremo, son la declaración de los querellantes y querellados así como la del capitán de la Policía Nacional que desalojó los centros de trabajo y la del responsable legal de Iberduero, al que se dio la orden de cortar el fluido eléctrico.