El Gobierno retira del Parlamento la ley orgánica de Policías Autónomas

El Gobierno comunicó ayer al Parlamento su decisión de retirar del Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica de Policías de las Comunidades Autónomas, dictaminado por la Comisión Constitucional en diciembre de 1979, y pendiente de debate en el Pleno de la Cámara desde entonces. Ante la proximidad del debate político del día 20, el Gabinete quiere evitar que la ley de Policías Autónomas polarice una discusión conflictiva en la que se alinearían frente a UCD la izquierda y los nacionalistas.

El nuevo ministro de Administración Territorial, José Pedro Pérez Llorca, desea tomarse tiempo para resolver uno de los problemas más polémicos del desarrollo constitucional en relación con las comunidades autónomas vasca y catalana. Los socialistas venían insistiendo en las reuniones de la Junta de Portavoces en la necesidad de llevar este tema al lleno, y el Gobierno se ha visto obligado a no dar más largas al asunto y usar la facultad reglamentaria de retirar el proyecto de ley antes de que la Cámara, en pleno, tome decisiones sobre el mismo.El debate sobre este proyecto de ley en la Comisión Constitucional del Congreso, el pasado 4 de diciembre, puso de manifiesto una división profunda entre la izquierda y los partidos nacionalistas, por un lado, y los grupos Centrista y Coalición Democrática, por otro. Especialmente conflictivo resultó y continúa siendo la atribución al delegado del Gobierno de la presidencia de la Junta de Seguridad de cada comunidad autónoma.

Los estatutos vasco y catalán asignan a la citada junta carácter paritario, y el PNV y la Minoría Catalana consideran que existe contradicción entre este carácter paritario y la presidencia de la Junta de Seguridad por el delegado gubernamental.

Hasta ahora, la posición de los centristas ha sido que la presidencia de la Junta de Seguridad por el delegado del Gobierno no es, en opinión de Rodolfo Martín Villa, «un sistema para la imposición unilateral de decisiones». El secretario general de Relaciones con las Cortes, Gabriel Cisneros, por su parte, ha declarado que esta cuestión es innegociable, porque es la fórmula que tiene más amparo constitucional. Con ello, se refería a lo que establece el artículo 154 de la Constitución, según el cual, «un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la comunidad».

Sin embargo, a pesar de la aparente dureza de la posición centrista, fuentes parlamentarias informaron a EL PAÍS que el ministro Pérez Llorca deseaba realizar una habilidosa negociación que permitiera el voto favorable de los nacionalistas vascos y catalanes a este conflictivo proyecto de ley. La primera reacción del PNV parece abonar esta tesis. Marcos Vizcaya saludó ayer la retirada del proyecto gubernamental como la apertura de «nuevos caminos de entendimiento». En unas declaraciones hechas a Efe en Bilbao, el diputado peneuvista esboza las líneas por donde podría ir el nuevo texto que el Gobierno presentará al Parlamento. «Hay materias específicas que no hay que oeneralizar a través de una ley orgánica, sino que se pueden conducir a través de los diversos estatutos de autonomía».

Frente a esta actitud, los socia listas han mostrado su malestar po la retirada del proyecto por parte del Gobierno, al que consideran derrotado, porque, dicen, «no alcanzaría la mayoría necesaria», extremo reconocido por UCD, ya que no son suficientes los votos centristas y de Coalición Democrática para aprobarla por mayoría absoluta. El PSOE acusa de irresponsabilidad al Gobierno , que crea «un vacío en la política policial y en la lucha contra el terrorismo, que debilita la democracia y potencia a sus enernigos». Los socialistas catalanes estiman, a su vez, que puede producirse un retraso en el desarrollo de la autonomía de Cataluña y protestan por la retirada del proyecto, «sin ofrecer ninguna alternativa al mismo».

Nota oficial

En torno a este tema, la Secretaría de Estado para la Información facilitó anoche una nota oficial, en la que se dice textualmente: «El Gobierno rechaza con la mayor energía las especulaciones que pretenden relacionar su decisión con supuestos acuerdos extraparlamentarios con cualquier grupo político».

Asimismo, la nota gubernamental recuerda que en los estatutos de Cataluña y del País Vasco «se contienen previsiones bastantes que permiten la puesta en marcha de las policías propias de dichas comunidades, sin esperar necesaria mente a la aprobación del proyecto de ley ahora retirado».

En cuanto a las razones de la retirada, el Gobierno alega la necesidad de no tomar una decisión «sin un mínimo de entendimiento sereno de la cuestión» por parte de los grupos parlamentarios que impugnan la postura gubernamental sobre la presidencia de las juntas de seguridad de las comunidades autónomas.