La USAF, encargada del nuevo sistema de control del tráfico aéreo civil para España

La adjudicación, sin permitir concurrencia nacional, del estudio sobre el Centro de Control de Tráfico Aéreo de España, conocido técnicamente como Madac (Madrid Air Control), a la Electronic Systems Division de la fuerza aérea estadounidense ha despertado un profundo malestar entre los empresarios españoles, que podrían estar dispuestos a preparar una oferta y a realizar el proyecto con notables ventajas para la electrónica nacional, para el tráfico aéreo civil y para el bolsillo de los contribuyentes.

Con esta operación, la USAF (Fuerza Aérea de Estados Unidos) se dispone a realizar en nuestro suelo un experimento sin precedentes -que no le permiten hacer en su propio país las autoridades civiles de la FAA (Agencia Federal de Aviación)- y en el que hasta el momento no se gasta ni un duro. El proyecto sería inicialmente pagado por el contribuyente español en plazos de cuatro, veintiocho, veinticuatro y veinticuatro millones de dólares, a entregar en los primeros trimestres de 1978, 1979, 1980 y 1981, respectivamente. Pero debido a «dificultades de financiación», la Oficina del Programa, con sede en Boston, ha aplazado el sistema de pagos. En total, el proyecto costará aproximadamente ochenta millones de dólares (unos 5.000 millones de pesetas), de los que hasta ahora sólo se han gastado, al parecer, un millón de dólares para el estudio inicial y unos cuatro millones de pesetas, posteriormente. La adjudicación a la USAF del proyecto Madac ha irritado igualmente, desde el primer momento, al Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, cuyo decano, Lallemand Abella, alertó en una extensa carta, el 28 de abril de 1977, al embajador norteamericano en Madrid sobre las dificultades que entrañaba el proyecto.Por otra parte, la Subsecretaría de Aviación Civil del Ministerio de Transportes encargó recientemente un informe técnico a la Agencia Federal de Aviación norteamericana sobre las especificaciones fijadas por la fuerza aérea de su país para experimentar en España. La conclusión del informe oficial viene a desaconsejar prudentemente el proyecto Madac, advirtiendo además al Gobierno español, en su penúltimo párrafo, que «hay otras fórmulas con ventajas técnicas y económicas».

Por otra parte, especialistas en tráfico aéreo civil no ven con agrado que la responsabilidad del tráfico civil -por sus posibles accidentes y fallos y el consiguiente desdoro- recaiga sobre el Ejército de Aire, cuya misión de defensa del orden constitucional y de la seguridad nacional tiene una categoría muy superior a la del control del tráfico aéreo civil, que en otros países realizan las autoridades civiles. Al contrario de lo que ocurre en el mundo desarrollado -a excepción de Italia- existe en España un decreto de 1978, por el que se adjudica la competencia del control de la circulación aérea civil al Ministerio de Defensa, que «en tiempos de paz» se delega en el Ministerio de Transportes. De ahí que el principal problema surgiera cuando se concibió el nuevo sistema electrónico para orientar aeronaves civiles por los correspondientes pasillos aéreos, o aerovías, y aeropuertos como una duplicación del sistema militar actualmente en uso, que es el Combat Grande I. Este nuevo sistema de control se instalaría además, según el controvertido proyecto, muy cerca del centro militar actual de Torrejón, con lo que la destrucción de uno de ellos, en caso de guerra, podría inutilizar el otro al mismo tiempo.

Se ha razonado el interés de esta duplicidad por la eventual utilización del sistema civil para sustituir al militar.

Al elegir el Estado Mayor del Aire el Combat Grande II, la fuerza aérea norteamericana recomendó que se encargara de realizarlo la empresa norteamericana Hughes (HSA), autora del ya obsoleto Combat Grande I, con el que por su obsolescencia sólo tendría en común un 10% de los equipos. De esta forma, dando el proyecto a una empresa extranjera, quedó automáticamente excluida la participación de las empresas electrónicas españolas en punta que podrían haber incorporado a nuestro país alguna nueva transferencia de tecnología exportable tras la fabricación de los equipos precisos.

Los posibles fabricantes españoles aducen, entre otras razones en favor de una nueva oferta más competitiva, que duplicar el sistema militar es más caro que hacer otro distinto sólo para uso civil, como el de la mayoría de los países industrializados. «Incluso», ha declarado un especialista a EL PAIS, «podría duplicarse el sistema militar actual y construirse otro sistema sólo civil por menos dinero».

Por otra parte, Hughes no tiene experiencia en tráfico civil, y la filosofía de un sistema de control aéreo militar es básicamente distinta de la de uno civil, ya que el primero trata de detectar aviones enemigos que no quieren ser detectados. El sistema militar trata de hacer coincidir aviones, mientras que el civil trata de alejarlos entre sí. Además trabajan con frecuencias y horas que muchas veces son secreto militar.

Técnicamente tampoco hay precedente de este experimento pagado por los españoles y en el que la fuerza aérea norteamericana puede obtener a nuestra costa un know-how exportable a otros países del Tercer Mundo, ya que en su país las autoridades civiles no la consideran competente para realizar esa combinación militar-civil del tráfico aéreo.