El Gobierno renovó con Marruecos el compromiso de negociar en bloque la pesca y los transportes

El Gobierno español ha renovado, hasta el próximo día 30 de junio, el compromiso «global» de desarrollar con Marruecos los acuerdos de pesca y transportes que el ministro Salvador Sánchez Terán suscribió en Rabat a finales del pasado año y de los que se desprende la aceptación, de principio, del paso por territorio español de frutas y legumbres marroquíes con destino a los mercados de las Comunidades Europeas. El Gobierno español, que aún no informó al Parlamento sobre los acuerdos de transportes, intentará, en las próximas semanas, conseguir un acuerdo pesquero a largo plazo, similar al que ratificaron las Cortes en 1978 y que nunca fue debatido por la Asamblea marroquí.

Las relaciones hispano-marroquíes permanecen sometidas a la presión e iniciativa de Rabat y, en cierta manera, globalizadas en sus aspectos económicos, gracias al punto segundo del anejo que el ministro Sánchez Terán admitió añadir al acuerdo de transportes terrestres. En dicho apartado se especifica que los Gobiernos de ambos países se comprometen a desarrollar el acuerdo de transportes en un plazo de tres meses (ahora prorrogado a seis) desde una óptica «global» que contempla las relaciones pesqueras entre ambos países. Sánchez Terán, que suscribió dicho documento sin consultar a los ministros de Asuntos Exteriores, Relaciones con la CEE y Agricultura, comprometía así la cuestión pesquera con la vieja aspiración. marroquí de obtener franquicia de paso por el territorio español hacia los mercados de la CEE. Asimismo, en dicho párrafo quedaba implícito que las mercancías a autorizar no iban a ser otras que los productos hortifrutícolas y los agrios marroquíes, competidores de España en el territorio comunitario.El artículo primero del acuerdo de transportes -con un año de duración y renovable automáticamente- reconoce que España se compromete a dejar atravesar. el territorio español a los productos marroquíes con destino a terceros países. En este acuerdo se describen toda una serie de normas sobre el transporte en carretera y por ferrocarril, así como un protocolo adicional cuyo contenido deberá desarrollarse en negociaciones a celebrar en las próximas semanas y en las que han de quedar definidos los porcentajes y los productos marroquíes que obtendrán la franquicia española. Negociaciones estas, jurídicamente ligadas a las pesqueras, que han abierto toda una serie de debates y expectativas en los sectores pesquero, agrícola y de transportes, a los que, al parecer, y a igual que al Parlamento, el Gobierno no comunicó aún el contenido legal de los convenios suscritos en Rabat.

En fuentes próximas al Ministerio de Transportes se nos ha informado del contenido de dichos acuerdos, aunque no se nos ha dejado reproducir los textos que califican de «no secretos», pero también de «no públicos», a la espera de que los vea el Parlamento. ¿Cuándo? Ni se sabe. En Transportes se dice que esta es una responsabilidad del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. Los acuerdos no fueron sometidos antes de su firma a las Cámaras españolas, porque de ellos no se desprenden responsabilidades presupuestarias, por lo que el Gobierno sólo tiene la obligación de informar a los diputados y senadores de su contenido, aunque luego los distintos grupos puedan exigir su debate en profundidad. Esta fórmula, de acuerdos que no deben pasar previamente por el Parlamento, es la que el Gobierno de Madrid intentará utilizar para la conclusión del acuerdo pesquero en negociación (en la actualidad sólo rige un acuerdo interino) para evitar esta vez problemas en las asambleas parlamentarias de España y Marruecos.

El eterno acuerdo de pesca

La interinidad y el desconcierto político y diplomático que impera en las relaciones hispanomarroquíes tiene su máximo exponente en el sector pesquero.

La cuestión de la pesca permanece confusa. El acuerdo pesquero que el Gobierno, después de un dure) debate, impuso en las Cortes en .1978 no ha sido aceptado por Marruecos, al parecer, porque incluía pocas concesiones crediticias. Ahora, los representantes de la Administración española dicen que a ellos tampoco les gusta porque los pesqueros hispanos acabarían bajo pabellón marroqui. ¿Por qué se firmó y se llevó al Parlamento? Se dice, en este momento, que lo ideal sería reducir el acuerdo a la concesión por Marruecos de licencias y cuotas pesqueras a cambio de cánones o pago de las mismas. Sin embargo, la última teoría que circula por el Ministerio de Transportes señala que España volverá a intentar un acuerdo a largo plazo similar al de 1978, pero excluyendo la cuestión de la bandera y la de los créditos, lo que evita su paso por los parlamentos. ¿Qué contrapartidas daría España por la pesca? La creación de empresas mixtas, facilidades a barcos marroquíes y compra de pescado de este país. Por supuesto, aquí se incluye también la contrapartida del transporte terrestre de los agrios y hortalizas marroquíes. Esto es, al menos, lo que se intentará negociar antes del 30 de junio de este año.

Mientras tanto permanece el acuerdo interino, en el que impera el sistema de cánones, y que tiene el punto débil de los continuos apresamientos de buques españoles que Rabat ejecuta cada vez que le interesa dar un apretón político al Gobierno de Madrid. A este respecto hay que señalar que casi la totalidad de los apresamientos de los buques españoles son legales, porque los armadores y las tripulaciones no respetan las normas jurídicas establecidas entre ambas partes. Para ello, el Gobierno ha redactado un decreto, que entró en vigor el pasado día 16 de abril, por el que se regulan las licencias, las artes y los limites de pesca y se anuncian duras sanciones a quienes incumplan con esta ley y con los acuerdos internacionales que suscribe España. Este decreto ha causado un cierto malestar en algunos sectores de armadores que prefieren el «río revuelto». Se trata, en definitiva, de controlar por parte de la Administración el cumplimiento correcto de todas las normas.

Como resultado de los que se espera sean nuevos acuerdos antes de finales de junio estará la apertura de un duro debate entre diversos sectores de la economía española: el pesquero, ya conocido, y el que enfrentará a agricultores y transportistas con motivo del paso de productos marroquíes por el territorio hispano, si se confirman las perspectivas actuales. Tampoco se excluye que ambos sectores se unan entre sí frente a la Administración si progresa la idea de fomentar dicho transporte por ferrocarril, como parece deducirse en los primeros informes y análisis de los expertos.