El presidente, ante el Parlamento

DESDE su discurso de investidura, hace ya más de un año el presidente Suárez ha cultivado su distanciamiento personal del Parlamento. A estas alturas del mandato del presidente es bien conocido su desagrado por los debates parlamentarios sobre política general o su mera comparecencia ante los diputados para desarrollar o explicar la acción de su Gobierno. Bien es cierto que el presidente no está estrictamente obligado a este tipo de debates o comparecencias, pero ellas dan vida a la institución del Parlamento, son práctica arraigada en las democracias occidentales y mantienen una polémica útil sobre las opciones políticas en los interregnos electorales.Los debates en el Parlamento sobre política general o acerca de aspectos relevantes de la vida pública, con la intervención del presidente del Ejecutivo, son la regla y no la excepción de las democracias liberales. Constituye un seno error el tratamiento entre dramático y frívolo con el que personalidades influyentes del partido en el Gobierno contemplan las confrontaciones parlamentarias; ni éstas tienen por qué abocar sistemática e indefectiblemente a una especie de censura moral del Gabinete (por ahora la conformación de la Cámara no hace presumible un voto de censura en toda regla), ni son precisamente un desfile de belleza en el que los partidos políticos compiten irresponsablemente mirando a los palcos del público o a la tribuna de prensa.

La avaricia -o la medrosidad- con que el partido en el Gobierno administra estas comparecencias parlamentarias es lo que distorsiona este tipo de debates que deberían ser una práctica política habitual. En este contexto debería contemplarse la prevista comparecencia del presidente Suárez ante el Parlamento en la segunda quincena de mayo. Poco, o nada interesan las disensiones en UCD -sobre la conveniencia o no de la intervención de su presidente ante los diputados; lo que interesa es que el presidente explique al país, donde primero debe hacerlo, ante el Parlamento, la política global de su Gobierno ante unos problemas públicos que son muy diferentes a los que se ofrecían ante los españoles en las pasadas elecciones generales. Y si para la intervención del presidente Suárez se ha producido una remodelación de su Gabinete, la cortesía parlamentaria exige alguna explicación ante la Cámara de mayor vuelo que las dadas anteriormente con ocasión de otros cambios en el Gobierno. Aunque bien es cierto que tras las elecciones autonómicas en Euskadi y Cataluña UCD no está en condiciones de alterar la correlación de fuerzas políticas a nivel estatal, y sólo podrá proceder, como hasta ahora, a la simple sustitución de hombres intercambiables. Toda crisis que no supusiera ampliar la base parlamentaria del Gobierno y le fortaleciera democráticamente no valdrá a la postre para nada. Y una crisis así, que necesitaría de un acercamiento sincero a los planteamientos autonómicos, no es previsible.

La única recomposición de fuerzas que pudiera crear un nuevo equilibrio político congruente con la realidad social del país es, hoy por hoy, inviable. Nos referimos, pos supuesto, a una remodelación de la mayoría parlamentaria y del Gobierno que diera entrada en el poder del Estado, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, a los grandes ganadores de las consultas electorales del pasado mes de marzo.

La alianza de UCD con Convergencia Democrática y el Partido Nacionalista Vasco tendría como cimiento la similitud en términos socioeconómicos de las respectivas clientelas electorales y la tonalidad ideológica del modelo de sociedad que propugnan. Sin embargo, los contenciosos entre el poder central y los Gobiernos autonómicos hacen que la entrada de los nacionalistas en la mayoría parlamentaria y en el Gobierno sea prácticamente descartable en lo que concierne a Cataluña y casi inimaginable en lo que respecta al País Vasco.

Así pues, el presidente comparecerá ante el Congreso sin pieza de recambio a la actual composición de fuerzas en el Parlamento y en el Gobierno, ya que una minicrisis ministerial en el seno de UCD es un asunto puramente doméstico. Pero Suárez tendrá que exponer a los representantes de la soberanía popular, y a través de ellos a los ciudadanos que los eligieron hace un año, cuáles son sus planes y sus programas para los tres años que le restan a. frente del poder ejecutivo.

Entre las elecciones de marzo de 1979 y el mes de mayo de 1980 han pasado cosas muy importantes: la victoria de la izquierda en las elecciones municipales, la aprobación de los Estatutos de Guernica y de Sau, el viraje de la estrategia autonomista de UCD y el naufragio gubernamental de Andalucía, el triunfo de la burguesía nacionalista en las elecciones para los Parlamentos vasco y catalán y el definitivo arranque de los Gobiernos autonómicos en ambos territorios, la incapacidad para erradicar o incluso frenar el terrorismo independentista, el aumento del talante abstencionista y la pérdida de votos tanto de UCI) como del PSOE, la agravación de la crisis económica más allá de lo previsto, las repercusiones del curso hacia la guerra fría en nuestra política exterior, el - visible cambio de orientación del Vaticano en lo que se refiere a las relaciones entre la Iglesia y el poder civil y al magisterio sobre delicados temas morales, la preocupante frecuencia, de conflictos jurisdiccionales por el retraso en reformar el Código de Justicia Militar de acuerdo con la Constitución, el retroceso en el campo de la libertad de expresión, el escándalo de la auditoría de Televisión Española... Aunque sólo fuera por el hecho de que el panorama ha cambiado, el señor Suárez está obligado a reformular ante el Congreso los objetivos de su Gobierno y a explicar los caminos y los instrumentos mediante los que se propone alcanzarlos.