La reforma de la Guardia Civil
LA AMBIGÜEDAD del texto aprobado en el Congreso de los Diputados sobre el carácter militar o no militar de la Guardia Civil en la ley orgánica de la Defensa (Véase EL PAÍS de 11 de abril) nos retrotrae a otras ambigüedades no menos notables que en el texto constitucional y diversas normas legales ha producido la transición democrática.La reforma, de la Guardia Civil no es, por lo demás, Un tema novedoso en nuestra historia, y se ha planteado también en los dos últimos cambios de régimen registrados en España. Ya el primer Gabinete provisional. de la II República abordó la cuestión sin éxito y con propuestas hasta de quitar el tricornio como prenda uniformada del Cuerpo. Y el propio-Franco, disgustado con la disciplinada actitud que numerosas unidades del Benemérito Cuerpo habían observado, defendiendo a la República. como régimen legítimamente constituido, se habría planteado en los albores de la dictadura algún tipo de reforma -¿incluso la disolución del Cuerpo?-, que tampoco se llevó a cabo. En definitiva, la Guardia Civil ha estado unidad la historia militar y política más reciente de este país y no tiene nada de extraño que la Monarquía parlamentaria se plantee también la virtualidad y organización del Cuerpo en los días que corren.
Los observadores señalan que la cuestión de la Benemérita no es algo peculiar en España y someten a consideración la existencia de la gendarmería francesa o los carabinieri italianos, definidos como cuerpos paramilitares -ya no estrictamente militares- que mantienen la doble dependencia de los Ministerios de Defensa e Interior, doble dependencia que por lo demás no deja de plantear problemas a la hora de determinar ascensos y adoptar decisiones. Las atribuciones de la Guardia Civil -que nació fundamentalmente como una policía rural en cuetiones no sólo referentes al orden público, sino que afectan también a la ordenación del tráfico, vigilancia de fronteras y aduanas custodia de edificios oficiales -al margen aquellos servicios absolutamente impropios de ella, como el de información-, abonan también la necesidad de clarificar el status del cuerpo, cuya organización interna y peculiaridades -como la de las casas- cuartel suscitan una relativa extrañeza en los ambientes internacionales.
La eventual consideración no militar de la Guardia Civil podría, de otro lado, congelar las carreras profesionales de los jefes y oficiales que han venido sirviendo en el Cuerpo durante años y perjudicar seriamente el espíritu de emulación de dicha oficialidad. Esta -pensamos- es una cuestión aislable y digna de ser abordada por el Gobierno y el Parlamento sin condicionar a ella la concepción de la política de defensa y la de seguridad ciudadana.
En cualquier caso, la solución adoptada es la peor de todas, pues permite a los portavoces del Gobierno asiegurar que la Guardia Civil sigue siendo un cuerpo militar, mientras que la oposición manifiesta que ya no lo será más en el futuro. La incertidumbre es, sin duda, la principal fuente de preocupación y hasta de irritación en algunos sectores de la Benemérita. El Gobierno debe definirse nítidamente por ello sobre esta cuestión.
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