El fin del dominio oligárquico

El golpe de ayer en Liberia, que produjo la muerte del hasta ahora presidente William Richard Tolbert, Jr, ex presidente de la Alianza Baptista Mundial y gran maestre de la masonería liberiana, marca el fin necesario de un dominio oligárquico que ha durado más de 130 años.La política del presidente Tolbert, que accedió al poder en julio de 1971, al fallecer su predecesor, se había caracterizado por un cierto reformismo que proporcionara al régimen un apoyo más amplio del que gozaba hasta entonces. Ante los signos de rebeldía de la gran mayoría de origen africano, manifiestos ya en la década de los setenta, el objetivo de Tolbert era, según sus propias palabras, «crear una clase media fuerte y elevar los estándares morales con el fin de lograr una sociedad que funcione perfectamente». Pero eran precisamente esos «estándares morales» de la oligarquía los que venían fallando en la última década, conforme la mayoría de la población se hacía más y más permeable a la ideología de la liberación africana.

La decadencia del régimen de la minoría settler (colonos) se había agudizado en los últimos meses con la crisis del que de hecho era el partido único de la nación: el True Whig Party. Desde 1978 venía funcionando en Liberia, en la clandestinidad, un partido de oposición denominado Alianza Progresista de Liberia, que trató por todos los medios de obtener reconocimiento legal frente a la intransigencia del establishment colono. Tras un año de intentos infructuosos, los sectores más moderados de la APL, situados en torno a su presidente, Gabriel Baccus Matthews, fueron desplazados por los elementos más radicales, protagonistas de los disturbios del 13, 14 y 15 de abril de 1979, en que se produjeron 74 muertos tras la protesta popular contra el aumento del precio del arroz.

Ya en septiembre del año pasado, la APL logró presentar su solicitud de inscripción legal bajo el nombre de Partido Progresista del Pueblo, lo que causó la alarma entre la oligarquía.

Los tres primeros meses del presente año fueron de acentuada tensión en el país, y el Gobierno hubo de acudir a una nueva amenaza para contrarrestar el creciente apoyo que el PPP obtenía entre la población.

En el pasado mes de marzo, ante la amenaza que suponía para el dominio colono, el Gobierno decidió legalizar al PPP, desencadenando a continuación una «caza humana» contra los dirigentes del partido que ha sido denunciada por la organización independiente Amnistía Internacional. Los detenidos en esta campaña están ya en libertad gracias a un golpe de Estado que no casualmente ha sido dirigido por un suboficial, dado que los oficiales del Ejército eran en su mayoría de ascendencia settler.