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PAIS VASCO

Diputados, concejales y junteros se niegan a pagar la luz a Iberduero

Un total de 171 cargos electos -diputados, concejales, junteros- de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra se comprometieron públicamente a dejar de pagar en adelante los recibos de la luz de Iberduero, como medida de presión en favor de la paralización de las obras de la central nuclear de Lemóniz. La decisión fue adoptada en el curso de una asamblea de electos vascos celebrada el domingo en la Diputación de Vizcaya y en la que participaron 233 representantes miembros de Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra, PC de Euskadi, EMK, LKI, ESB y LAIA.

La asamblea aprobó una propuesta elaborada por los comités antinucleares y la comisión de defensa de la costa vasca no nuclear, exigiendo la inmediata paralización de las obras. Tales obras, iniciadas en 1972 sin los permisos exigibles, han proseguido ininterrumpidamente durante todos estos años, pese a la existencia de diversos contenciosos legales planteados por los vecinos y ayuntamientos de la zona. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó la recalificación de los terrenos donde se construye la central, y legalizó así parcialmente y a posteriori los trabajos realizados.La propuesta aprobada el domingo por la asamblea de cargos electos incluye la exigencia de garantía de que serán reconocidos los derechos de los trabajadores que construyen la planta. Entre las medidas propuestas figura, aparte del impago de los recibos de Iberduero, acciones encaminadas a impedir el tránsito de materiales radiactivos con destino a Lemóniz y la convocatoria de movilizaciones ante cualquier novedad favorable a la continuidad del proyecto nuclear que se produzca. También se acordó presentar oficialmente ante el Parlamento vasco una moción para solicitar la paralización de las obras.

Los diecinueve representantes del PCE y los veintidós de Euskadiko Ezkerra, aun aceptando el conjunto del plan propuesto, no se comprometieron a secundar la iniciativa del impago de recibos. El Partido Socialista de Euskadi, que se identifica con la propuesta de paralización inmediata de las obras, no envió a sus representantes por estar en contra del método asambleario propuesto.

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