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Campaña al Parlamento catalán

Felipe González no cree que el país aguante hasta las elecciones de 1983 con la política del actual Gobierno

«Teóricamente, faltan tres años para que haya elecciones generales. Yo creo que el país no aguanta tanto tiempo con esta situación; si tuviéramos que esperar tres años, nos encontraríamos con un país hecho un desastre desde el punto de vista del desarrollo político y con una crisis económica que habrá avanzado hasta niveles caóticos.» Felipe González, secretario general del PSOE, resumió así para EL PAIS los temas de fondo en los que ha insistido ante los catalanes durante la campaña electoral que finaliza hoy: los socialistas tienen que ganar en Cataluña, pero no sólo por razones propias de dicha región, sino para avalar moralmente un intento de cambio en la forma de gobernar España.

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Felipe González desarrolló una intensa actividad el domingo y el lunes, acompañando a Joan Reventós -candidato socialista a la presidencia de la Generalidad- en sus desplazamientos por las provincias catalanas. El coche de este último se quedó el domingo sin frenos, aunque no hubo consecuencias para los viajeros. La organización del Partido Socialista de Cataluña, en plena fiebre, quema kilómetros en un intento de combatir la temida abstención de su electorado -potencialmente el más fuerte de los partidos en disputa- con mítines, fiestas y otros actos que registran asistencias comparables a las del 15 de junio. Es enorme el despliegue propagandístico en las calles, si bien han descuidado un tanto la radio, medio muy importante en Cataluña.Los líderes socialistas de Cataluña hablan al público en catalán -Reventós intercala a veces frases en castellano-; el 85% de los habitantes de esta región entienden el catalán, aunque casi la mitad proceden de otras regiones.

Según datos del Partido Socialista, su candidato -Reventós- está igualado en preferencias del electorado nacido en Cataluña respecto a su más directo rival, Pujol, pero supera a éste en más del doble en las preferencias de los votantes procedentes de otras regiones. La campaña ha entrado en una fase fuertemente presidencia lista, cuestión que el PSC está propiciando después de una primera parte en que procuraron forzar más la imagen de su partido que la del candidato a presidente de la Generalidad. Por cierto, no ha sido pequeña la sorpresa socialista ante la reivindicación de Trías Fargas de un Estado catalán.

Paralelamente, Felipe González ,desgrana ante diversos auditorios -Tarragona y Lérida, el domingo; Sabadell, el lunes-, su teoría sobre la paralización del desarrollo democrático en España y la voluntad gubernamental de no hacer nada para contener la crisis económica. El líder socialista precisó ayer, en conversación con EL PAIS, las principales ideas que ha utilizado en esta campaña, partiendo de que sus recientes declaraciones sobre la preocupación por la democracia no implica nuevos temores golpistas.

«Yo me estaba refiriendo a la situación general del país y a los comportamientos del Gobierno ante la crisis política y la crisis económica, que juzgo profundamente desestabilizadores.» Y añade: «El Gobierno, después del 15 de junio, se dio cuenta de que era imparable el proceso constituyente, y el deseo de mantener una imagen de centro y separarse de sus orígenes franquistas hizo que cedieran a las presiones de la izquierda, hasta llegar a una Constitución que tenía características francamente progresistas.»

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«Pero esta Constitución no era la que quería UCD. Recuerdo anécdotas reveladoras que he mantenido reservadas, pero puede ser importante rescatarlas. Cuando se rompió la ponencia constitucional, con la retirada del socialista Gregorio Peces-Barba, Herrero de Miñón había presentado un proyecto de título VIII que configuraba una mancomunidad de diputaciones, y no un Estado de autonomías. Fue tal la reacción de los grupos favorables a la autonomía, que UCD se vio obligada a retirar aquel texto y desautorizar a su portavoz, diciendo que se había inventado el documento. Pero cuando ahora se ha planteado el tema de Andalucía, ha vuelto a salir la vieja idea de la mancomunidad de diputaciones, luego esa era la posición de UCD y sigue siéndola, con las excepciones de Cataluña y el País Vasco, donde no se atreve a negar lo que niega a otras regiones.»

Una mediación del Rey

«Otro dato es el de la enseñanza. Al final del debate de la ponencia constitucional se produjo el estallido por el artículo 27, que preocupó al país, a la opinión pública y a la Corona. Yo tuve ocasión de hablar unos minutos con el Rey y Suárez en el Palacio de Oriente, con motivo de una cena oficial; don Juan Carlos preguntó qué había pasado y yo le expliqué que en este país, con tantas necesidades, no se podía caer en la tentación del privilegio permanente, y que no podía darse el mismo trato a una escuela pública -le dije gráficamente: "De cristales rotos y sin calefacción en la periferia de Madrid"- que a una escuela privada, donde se pueden dar hasta clases de equitación. El Rey dijo que le parecía razonable lo que yo explicaba, y preguntó si podía llegarse a un acuerdo. Suárez dijo que sí. De esa reunión salió el acuerdo del artículo 27, que permitió un consenso sobre la enseñanza. Pero a la hora de interpretarlo posteriormente, se ha vuelto atrás radicalmente y se ha ido a una política de recuperación del sostenimiento de los privilegios en la enseñanza.»

«Por tanto, y dejando el terreno de las anécdotas, creo que la Constitución responde a un momento histórico que para UCD ha pasado, y el Gobierno comienza a quebrar el espíritu de la Constitución. Además se opone a cualquier modificación de estructuras que le hagan perder sobre la sociedad: por ejemplo, a la democratización de los Medios de Comunicación del Estado. Hay una legislación intolerable en radio, que no permite tener emisoras más que a los que ya las tienen; hay una situación intolerable en televisión, y hay una operación de control de todos los periódicos que puedan. El Gobierno trata de frenar la penetración de la democracia en el cuerpo social en su conjunto, y si en época de transición alguien frena ese proceso por miedo a perder el poder, esto supone una involución política objetiva. No hay más que traducirlo a la situación del pueblo: apatía popular y distanciamiento de lo que es el proceso de construcción de la democracia. Tampoco tenemos acceso al único medio que permite llegar a todos los rincones de España -TVE- para explicar a la gente lo que ocurre.»

Una parte esencial de los mítines de Felipe González ha estado dedicada a la defensa del acuerdo-marco firmado por UGT y la CEOE, combatido por Comisiones Obreras y «no respetado por el Gobierno cuando actúa como patrono: caso Renfe, que ha hecho perder miles de horas de trabajo y ha provocado una cierta psicosis con la paralización del ferrocarril», en frase de Felipe González.

«El Gobierno», dice el líder socialista, «ha seguido una política de aislamiento del PCE, rompiendo la posibilidad de acuerdo de las centrales sindicales de la clase trabajadora, esto perjudica a CC OO, pero también algo a UGT, porque crea desconfianza. Pero como tiene miedo a que el movimiento sindical socialista pueda apuntarse un tanto con el éxito del acuerdo-marco, el Gobierno trata también de quebrar esa imagen de responsabilidad de los socialistas con la provocación de conflictos como el de Renfe. Y en el marco de la política económica general, la situación es aún más grave: llevamos años de retraso en la reestructuración de sectores industriales en crisis, la economía queda cada vez más descolgada respecto del conjunto de los países europeos; lo único que saben hacer es parchear.»

«Por eso digo que si tuviéramos que esperar tres años más, hasta las elecciones de 1983, encontraríamos en este país una situación de desastre. Hay un desfase entre la composición de la Cámara y la voluntad popular que se expresa a través de ciertos mecanismos; los más clarificadores son los de las consultas. Si el Gobierno siente lo que es la democracia, no tiene más remedio que sacar las consecuencias del rechazo popular hacia la actitud gubernamental en Andalucía, el País Vasco y, muy previsiblemente, Cataluña. Salvo la única alternativa que no creo conveniente -anticipar el proceso electoral de 1983-, en el resto de las posibilidades hay que ser prudente y decir, por lo menos, lo que no se está dispuesto a hacer: yo no estoy dispuesto a que el partido Socialista, que ya en la imagen de algunos ciudadanos parece que está en el Gobierno sin haber estado nunca, entre en un gabinete minoritario con presidencia de UCD, sea ésta la que sea.»

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