Debate del Estatuto de Centros Escolares

Enfrentamientos entre centristas y socialistas con motivo de la discusión del nombramiento del director de los centros

El debate del artículo 25 del proyecto de Estatuto de Centros Escolares, que regula, entre otras -cosas, el nombramiento de director, atribuyéndoselo a la Administración, provocó ayer en el Pleno del Congreso un agrio debate en el que se llegó a la agresión verbal y se produjeron aplausos, silbidos, pateos e incluso, insultos con ocasión de las intervenciones de los representantes socialistas ycentristas.

Antonio Rodríguez, en nombre del PSOE, había defendido la necesidad de que el director de los centros escolares fuese nombrado por elección. Eulalia Vintró, en nombre de los comunistas, insistió en idéntica tesis; replicó en nombre de los centristas José García Pérez, y la propuesta de la oposición, tras ser derrotadas las distintas enmiendas, fue rechazada finalmente al aprobarse la totalidad del artículo por 158 votos a favor y 122 en contra.Pero en el turno de réplica, García Pérez había concluido su intervención con un alegato en contra del nombramiento del director de la Ciudad Escolar de Madrid, Mariano Pérez Galán, dependiente de la Diputación, que, según él, se había hecho «a dedo» y añadió que actuaciones como esta se repetirían miles de veces en el caso de que el PSOE llegase un día al poder. Esta afirmación provocó ya abucheos, pateo e incluso serios insultos, que pudieron oírse con claridad desde la tribuna de prensa y que partieron de los escaños socialistas.

En el turno de explicación de voto, Luis Gómez Llorente, en nombre del PSOE y en tono especialmente enérgico declaró su sorpresa porque en un debate parlamentario se hubiese llegado al argumento ad hominen y dibujó una defensa cerrada de la honestidad, la capacidad pedagógica y el prestigio del aludido Pérez Galán. Recordó -respondiendo a una afirmación de García Pérez- que Pérez Galán salió de la junta del colegio de doctores y licenciados por un voto de censura «del sector más reaccionario, el que UCD está defendiendo aquí» y tuvo fa honestidad -añadió- de marcharse cuando le fue planteada esa censura. Ya entonces Gómez Llorente escuchó un largo aplauso de sus compañeros de fila y continuó explicando que ellos habían ofrecido fórmulas que compatibilizaran la electividad de director de los centros con la capacidad de los candidatos para ocupar ese cargo, pero que UCD había rechazado sistemáticamente cualquier posibilidad de acuerdo.

Calificó Gómez Llorente de afrenta para el estamento profesoral las afirmaciones que había hecho anteriormente el centrista García Pérez sobre los criterios que se habían venido manteniendo en la elección de directores, y se preguntó si es que UCD creía que sólo los directores nombrados por la Administración serán quienes cumplan con la legalidad vigente. Otro aplauso especialmente dilatado acogió el final de su intervención.

García Pérez replicó que él no había citado para nada la honorabilidad ni la dignidad del director del centro escolar dependiente de la Diputación madrileña y que difícilmente podía afrentar a los profesores, puesto que él pertenece desde hace veintidós años a ese mismo estamento.

El hecho cierto es que el propio José Luis Alvarez, en nombre de UCD, aprovechó el descanso que se produjo en ese momento para acercarse a los bancos socialistas en actitud conciliadora y que García Pérez trató de ofrecer alguna aclaración a Gómez Llorente durante el intervalo.

Director de la Administración

El socialista Rodríguez Rodríguez había argumentado que el texto del proyecto impide ser directores a los profesores no numerarios, que el «ministro de turno decidirá a través de su reglamento quién va a ser director y quién no»; además, que «la designación de director no tiene por qué recaer en un profesor de los que prestan sus servicios en el centro de que se trate » y que el procedimiento de designación rechaza «una reiterada aspiración y reivindicación del profesorado». «Supone la introdución en los centros. escolares de un permanente foco de tensiones». «Se distorsiona la configuración del centro como elemento de confluencia del pluralismo ideológico y social, y a la dirección, como representativa del mismo». Se reimplanta «una estructura piramidal del poder y control político de los centros públicos» y añadió que con todo ello se desconfía de la capacidad del profesorado, se le minusvalora, se fomentan los corporativismos y se ahondan diferencias entre el director y el resto del profesorado.

García Pérez replicó, en nombre de UCD, y defendió la designación del director por la Administración, argumentando que el problema era realmente crucial, porque «del tipo de dirección que se implante dependerá, en gran medida, la calidad de la enseñanza». Advirtió que era un tema «en el que no caben demagogias y donde hay que hablar con gran sinceridad profesional, aunque pueda tener un coste político y un coste de imagen profesional de cara a los compañeros de la enseñanza».

Para el diputado centrista la preocupación de socialistas y comunistas estaba más en «quién será director» que en las características que debe tener el director, «más preocupados por mantener una elección que por elevar la calidad de la enseñanza». Señaló como ejemplos de que en la participación democrática del centro hay conceptos, que no deben ser sometidos a esa participación el que un claustro de profesores «puede y debe reunirse para estudiar cómo vigilar el recreo de los alumnos, pero un claustro de profesores no puede ni debe reunirse para estudiar si se debe o no vigilar el recreo de mil alumnos. Hoy existen centros dirigidos por directores elegidos, donde los recreos no son vigilados».

García Pérez continuó afirmando que «estos ejemplos sencillos, comunes en nuestro país, no dependen de una participación democrática, porque ni la democracia ni los votos pueden transformar en legal lo que es justo que no se transforme».

Acusó a los grupos de izquierda de atentar, más o menos explícitamente, contra todo tipo de jerarquía en la docencia, acusando al sistema que llaman piramidal, mientras que «los grupos de derecha desean, por el contrario, una estructura que favorezca el orden social. UCD, partido de centro, aúna ambos criterios, creando a través de la presente ley en todos los centros escolares unos consejos de dirección puramente democráticos».

En otro momento -y ello provocó parte de la dura réplica de Gómez Llorente- aseguró que los criterios de los claustros para elegir hasta ahora a los directores habían sido tres: político, de amistad o profesionales. «El artículo 25 que debatimos», dijo, «sobraría si en todos los claustros se hubiese procedido de esta última forma. »

Cabe añadir que cuando se produjo la réplica de García Pérez en el turno de la explicación de voto, apenas dos docenas de sus compañeros de escaño secundaron un breve aplauso a su intervención. El resto permaneció en silencio.

Durante la sesión de ayer se concluyó el título segundo, que regula los centros públicos y que se extiende hasta el artículo 31 del proyecto.

El artículo 26, que regula la composición y funciones del consejo de dirección, provocó también largas intervenciones. Socialistas y comunistas pretendían, entre otras cosas, que este consejo fuese más amplio en su composición. Pero todas sus enmiendas, en este y en el resto del articulado fueron rechazadas.

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