El informe Gundelach sobre agricultura frena las negociaciones España-CEE

Las negociaciones España-CEE han sufrido un parón nada más iniciarse el estudio del secto más espinoso, desde el punto de vista de la Comunidad, es decir, la agricultura. El informe Gundelach, que debla haber sido debatido -y, en su caso, aprobado- por la Comisión Europea hace ya dos semanas, sigue provocando fuertes polémicas entre los representantes de los nueve, que ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo optan por aplazar cualquier toma de decisión. Y mientras que la comisión no apruebe un documento sobre la agricultura española no se entrará siquiera a discutir este punto con el Ministerio de la calle de la Trinidad, de Madrid.

El sector agrícola es, a juicio de todos los expertos, el más espinoso de cara a la adhesión de España a la CEE. La política agrícola comunitaria ha sido desde la creación del Mercado Común la única política sectorial auténticamente elaborada y compleja. Se basa en un difícil equilibrio entre las necesidades de los agricultores europeos -lo suficientemente numerosos como para que su voto sea decisivo a la hora de mantener o derribar gobiernos-, y los compromisos contraídos por la CEE con países terceros, a cambio de que éstos abran sus fronteras a los productos industriales comunitarios. Estos factores han llevado al mercado común a dedicar más de dos tercios de su presupuesto anual a la regulación de los productos agrícolas.El ingreso en el club de un país como España, con una importante producción agrícola, exigirá la reforma de determinados mecanismos internos comunitarios, ya que sin esa reforma el presupuesto se dispararía. Es decir, antes aún de empezar a negociar con España, la CEE de los nueve tiene que ponerse de acuerdo sobre cuántos sectores agrícolas precisan una reestructuración y sobre el modo en que se realizará ésta. Todo esto en vísperas de elecciones presidenciales en la República Federal de Alemania y, sobre todo, en Francia.

La Comisión encargó en su día al comisario Gundelach que elaborara un informe sobre la situación agrícola española en el que se sugirieran ya algunas medidas de reestructuración interna comunitaria. El informe Gundelach previsto inicialmente para finales de diciembre pasado, se retrasó hasta febrero, y ha provocado ya los primeros enfrentamientos entre los distintos comisarios que deben aprobarlo y que por muy funcionarios «europeos» que sean, defienden también los intereses de sus respectivos países de procedencia.

El primer tema «caliente» ha sido el aceite de oliva. Según los cálculos comunitarios, si la adhesión de España se verifica sin una modificación previa de la estructura del mercado, la Comunidad Europea tendría que incrementar su presupuesto anual aproximadamente en unos 1.500 millones de unidades de cuenta (145.000 millones de pesetas). El informe Gundelach -elaborado bajo la supervisión de Lorenzo Natali, encargado de las negociaciones con España- propone mantener el actual sistema de apoyo al sector olivarero e intentar incrementar el consumo de aceite de oliva a base de imponer una tasa especial a la margarina y a otros aceites vegetales.

La reacción contraria no se ha hecho esperar. El propio presidente de la CEE, el británico Roy Jenkins, se ha opuesto a una niedida semejante por estimar que ayudaría a incrementar la inflación, ya de por sí suficientemente disparada (un 11,3% se prevé para este año).

Pero no es sólo por la inflación por lo que Jenkins, al igual que Haferkamps y Vedreling, se oponen a este nuevo impuesto. La CEE importa en la actualidad, de países terceros, aceites vegetales, no de oliva, por valor de unos 7.500 millones de dólares, y la parte del león se la lleva Estados Unidos. El impuesto supondría aumentar en un 8% el precio de estos aceites y un 5 % el de la margarina. No es extraño que las multinacionales americanas o la propia Unilever holandesa, presionen con todas sus fuerzas.

En el lado contrario, los italianos Natali y Giolitti y los franceses Ortoli y Cheysson defienden la creación de la nueva tasa, especialmente porque temen que de no adoptarse esta medida los países no productores de aceite de oliva intenten, pura y simplemente, desmantelar las ayudas actuales, afectando gravemente a los agricultores de sus respectivos países.

Medios comunitarios estiman que el problema no quedará resuelto posiblemente antes de finales de este mes de marzo. Es, decir, la CEE no entregará su «posición» inicial a la delegación española antes de abril. Difícilmente se podrá cumplir el calendario previsto en la visita del presidente Suárez a Bruselas, que suponía dejar «vistos» los dos temas importantes antes del verano, sobre todo si se tiene en cuenta que la Comisión tampoco ha entrado aún a estudiar el documento «social» y que en el de agricultura existen otros capítulos tan importantes como el del aceite: frutas y legumbres frescas, vino y tabaco.

Varios parlamentarios europeos han solicitado información a la comisión sobre la producción y superficie dedicadas a estos cultivos en nuestro país. Los datos facilitados por la CEE ponen nervio a más de uno. España será, una vez dentro de la Comunidad, el squndo productor de frutas y legumbres frescas, ampliamente por encima de Francia y sólo en determinados productos por debajo de Italia. Es lógico que mientras la COPA, la más importante asociación de los agricultores europeos, exige un período de transición de quince años, la Unión Europea de Comerciantes al por Mayor recomiende un período de cinco a diez años, muy liberal.