La equívoca aconfesionalidad del Estatuto de Centros Escolares

La Federación de Sindicatos del Profesorado Estatal de EGB (Fespe), que se define como apartidaria y estrictamente profesional y que en reiteradas ocasiones se ha mostrado inequívocamente contraria a cualquier instrumentación política de la escuela, ha suscrito, conjuntamente con los llamados sindicatos de clase, un documento en el que se pide a los claustros de profesores y a las asociaciones de padres su pronunciamiento en contra del Estatuto de Centros Escolares, que hoy se debate en el Pleno del Congreso.En los medios docentes se concede especial significación a este hecho, sobre todo a la hora de perfilar la línea que separa a los grupos sociales enfrentados en torno a este proyecto de ley.

Los movimientos estudiantiles, las asociaciones de padres y los sindicatos de profesores con arraigo en la enseñanza estatal han manifestado claramente su rechazo al Estatuto de Centros. Por el contrario, éste ha encontrado su máximo apoyo en la patronal del sector confesional de la enseñanza privada, los sindicatos de profesores afines a la misma, las asociaciones católicas de padres, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), y la Iglesia oficial.

Durante el largo y polémico proceso de su tramitación, el grupo parlamentario centrista se ha esforzado en tratar de demostrar que este proyecto de ley no pretende apoyar a la enseñanza privada ni consolidar el predominio que en ella ejerce la Iglesia católica.

No obstante, parece estar claro que, con independencia de la izquierda política, la oposición al Estatuto de Centros se encuentra fundamentalmente dentro del ámbito de la enseñanza estatal y que el apoyo procede casi exclusivamente de la enseñanza privada y, muy concretamente, del sector confesional católico.

Probablemente porque no existe al menos con la fuerza y presencia suficientes, ningún grupo ha defendido el Estatuto de Centros Escolares desde la perspectiva de una enseñanza privada de corte aconfesional, liberal o laico. La verdad es que en el supuesto difícilmente imaginable de que el franquismo hubiese respetado las opciones educativas de este signo, muy probablemente esta ley no habría merecido tanta discusión dentro y fuera del Parlamento.

Todo el problema reside en la contemplación de la realidad escolar creada a lo largo de la dictadura, caracterizada por la ausencia de esa pluralidad de opciones educativas que el Estatuto de Centros Escolares propone.

Realidad escolar actual

La izquierda parlamentaria es incapaz de sustraerse a esa realidad, sobre la que el partido del Gobierno pasa como sobre ascuas, apelando al sentido de futuro y con la vista puesta en un ideal europeo, del que tan lejos nos encontramos.

Para socialistas y comunistas, la oferta de la enseñanza estatal es mala e insuficiente y la de la enseñanza privada está en manos de quien está y en unas zonas geográficas y urbanas muy concretas. Desde esta perspectiva, la pluralidad de opciones educativas les parece un sueño inalcanzable y bastante más utópico que la viabilidad de una escuela internamente pluralista, respetuosa con las convicciones ideológicas de profesores, padres y alumnos, y en la que los futuros españoles podrían educarse en la mutua tolerancia y en los valores de la libertad y de la democracia.

Entre tanto, y sin necesidad de adentrarse en el espinoso terreno de las especulaciones proféticas, parece haber quedado demostrado que, al menos en lo que concierne al ámbito de la educación, el consenso que hizo posible la redacción de la Constitución ha resultado absolutamente estéril.

El acuerdo en torno a la redacción del artículo 27, ahora se ve con toda claridad, sólo fue posible merced a la ambigüedad de sus términos. Una ambigüedad que permitió a las dos grandes fuerzas políticas en juego abrigar cada una en su fuero interno la secreta esperanza de poder desarrollar en el futuro su peculiar concepción de la educación sin tener que hacer la menor concesión al contrario.

A nadie puede extrañar, pues, este verdadero diálogo entre sordos en que se ha convertido la discusión sobre el proyecto de ley que hoy llega al Pleno del Congreso y donde nadie espera ya el milagro del entendimiento.

Muy por el contrario, son muchos los que temen que, tras un nuevo, infructuoso y más o menos largo debate, cuando las cifras del tablero electrónico del Congreso consagren el triunfo de los redactores de este proyecto de ley, estaremos asistiendo al verdadero comienzo de la tan traída y llevada guerra escolar.

Los grupos políticos comprometidos en el respeto al sistema parlamentario, aunque aceptarán momentáneamente el resultado que arrojen los votos, ya han anunciado su propósito de luchar en el futuro para que esta ley sea derogada. El secretario general del PSOE, Felipe González, así lo anunció en un reciente mitin celebrado por su partido en el Palacio de los Deportes de Madrid.

El hecho de que se trate de una ley orgánica que afecta a un tema de tanta trascendencia, hubiera exigido un mayor esfuerzo por parte de todos, a fin de que, como la Constitución, hubiese servido para unir y no para separar. No en vano este tipo de leyes requieren la mayoría absoluta para su aprobación.

UCD tiene garantizada esa mayoría, pese a la ausencia del Grupo parlamentario Vasco, con los votos de Coalición Democrática, la Minoría Catalana y gran parte del Grupo Mixto. El Grupo Andalucista, que ha estado ausente durante casi todas las sesiones de trabajo en la Comisión de Educación del Congreso, votará muy probablemente en contra, junto con los grupos Socialista y Comunista.

Esta circunstancia es la que ha hecho afirmar en varias ocasiones a los portavoces centristas que a esta ley sólo se opone la izquierda marxista; pero parece esta una afirmación demasiado radical si se observa toda la oposición que el Estatuto de Centros Escolares ha venido suscitando fuera del Parlamento.

De cualquier modo, el debate que se inicia esta tarde, según las previsiones del propio grupo centrista, se prolongará, muy probablemente, durante más de una semana, puesto que los partidos de la izquierda parlamentaria se proponen mantener prácticamente todas y cada una de las numerosas enmiendas que ya defendieron durante las fases de ponencia y de comisión.

Como ya sucediera en la Comisión de Educación, algunos grupos parlamentarios no han aceptado la discusión de este proyecto de ley por bloques de temas, como se ha hecho en algunas otras ocasiones, al preferir la discusión artículo por artículo, lo que prolongará los debates.