La Cámara Agraria de León niega la existencia de irregularidades en su gestión económica

El pleno de la Cámara Provincial Agraria de León, integrado mayoritariamente por agricultores afiliados a la Unión de Campesinos, presentará próximamente querella judicial contra un periódico de esta provincia que el pasado jueves publicó una información relativa a supuestas irregularidades en la gestión económica de la cámara, según manifestó a EL PAÍS el presidente de este sindicato, Gerardo Garcla Machado.

La querella se relaciona con una auditoría realizada a finales del pasado mes de enero por técnicos del IRA (Instituto de Relaciones Agrarias), en la que se señala que tanto el presidente de la cámara, Felipe Martínez Morán, afiliado a UCL, como los componentes del pleno han percibido una serie de dietas «no justificadas adecuadamente» y «en cuantías muy superiores a las legalmente establecidas» durante el período comprendido entre los meses de junio -fecha de la toma de posesión de sus cargos tras las últimas elecciones agrarias- y diciembre de 1978.Estas acusaciones se refieren fundamentalmente a las cantidades asignadas por el pleno al señor Martínez Morán en concepto de compensación económica por su dedicación exclusiva a la cámara, para lo cual le fue fijada una dieta diaria de 1.500 pesetas y ocho pesetas por desplazamiento desde su lugar de residencia (Astorga); en aquella época, las cantidades máximas establecidas por la ley para este tipo de asignaciones eran, según fuentes de este organismo, de unas 1.200 pesetas para dietas y seis pesetas por kilómetro para desplazamientos.

La auditoría señalaba también, según lo publicado hasta ahora, que los fondos de la cámara habían sido utilizados «en favor de una determinada entidad bancaria» y en detrimento de los intereses económicos de la entidad, lo que parece relacionarse con otro acuerdo del pleno en el que se decidió el traslado de dichos fondos -alrededor de cuarenta millones de pesetas- de la Caja Rural de León al Banco de Vizcaya, que ofrecía un 11% de intereses, frente a sólo el 0,5% de la Caja.

El acuerdo motivó un fuerte enfrentamiento entre esta última entidad y la cámara agraria, coincidiendo con la difusión por personas anónimas y supuestamente próximas a la Caja de una serie de escritos en los que se acusaba a los representantes de UCL de irregularidades en el cobro de dietas. La rivalidad entre ambas entidades databa, sin embargo, de varios meses atrás, cuando la Caja Rural apoyó indirectamente las candidaturas de varios « independientes » durante las pasadas elecciones agrarias.

La publicación el pasado jueves de los párrafos más comprometedores de a auditoría del IRA, entre los que figuraba una solicitud al Ministerio de Agricultura para «tutelar» la gestión financiera de la cámara y proceder al ejercicio de posibles acciones penales, sorprendió tanto a esta entidad como a la Unión de Campesinos, que todavía no han recibido comunicación oficial alguna al respecto. Tampoco en la Delegación Provincial de este Ministerio se tenía conocimiento del contenido del informe, señalándose que este había sido elaborado por técnicos venidos directamente de Madrid.

La UCL ha negado en todo momento la existencia de irregularidades en la gestión de la cámara, destacando el hecho de que todas las órdenes de pago cuentan con la aprobación de la propia Delegación de Agricultura y que, en todo caso, los acuerdos en los que se decidió la cuantía de las dietas corresponden al período en que la cámara carecía de asesores jurídicos, habiendo sido revocados con la llegada de estos últimos. Se señala igualmente que las cantidades percibidas por el presidente y los vocales del pleno habían sido aprobadas por unanimidad, incluidos los «independientes», que gozaban del apoyo de UCD, y siempre ratificadas y dadas a la publicidad en las asambleas que este sindicato agrario convoca.

Maniobras de UCD

La UCL considera que el affaire desempolvado por el IRA responde a la estrategia gubernamental de neutralizar al sindicato y sustituirlo por otra organización afín a UCD, lo que se ha reflejado en numerosas actuaciones gubernativas desde finales de 1979: multas del Gobierno Civil y el Ministerio de Hacienda por valor de dos millones de pesetas, detención sin pruebas de sus principales líderes bajo la acusación de estar implicados en actividades terroristas, expulsión de sus representantes en Mercoleón -filial de Mercorsa, donde fueron sustituidos por militantes de UCD y miembro de la antigua burocracia del Movimiento- y, finalmente, la utilización de la auditoría del IRA como arma de desprestigio contra el señor Martínez Morán por su militancia en la UCL.Tanto este sindicato como los partidos de izquierda de León responsabilizan directamente al ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa de las últimas actuaciones gubernativas contra la UCL, destacando que el propio ex ministro había anunciado- públicamente meses atrás el boicot a la organización campesina, así como la existencia de supuestas irregularidades en la Cámara durante un mitin de UCD celebrado recientemente en la localidad de La Bañeza, todo lo cual fue acompañado de un espectacular despliegue informativo en la prensa de León. Paralelamente, se destaca el hecho de que la publicación del informe del IRA coincide con la creación, hace una semana, de un nuevo sindicato agrario -el llamado SAL (Sindicato Agropecuario Leonés)-, cuyos promotores aparecen directamente vinculados a UCI) y AP.

Se da la circunstancia de que, en las últimas elecciones a cámaras agrarias, la UCL logró desplazar a un grupo de inspiración similar al recién creado SAL (el SIC, o Sindicato Independiente Campesino), algunos de cuyos máximos dirigentes han sido trasplantados al nuevo experimento ucedista. De los veinticuatro cargos electivos de la cámara provincial agraria, la UCL logró controlar, en aquella oportunidad, diecisiete, a raíz de lo cual fueron trasladados todos los funcionarios, a excepción de dos auxiliares administrativos. El nombramiento de nuevos asesores, entre ellos un secretario, se demoró hasta 1979, año en que fue nombrado para este cargo un funcionario que no gozaba de la confianza de la Unión de Campesinos por considerarlo excesivamente próximo a UCD.

Por su parte, y en relación con este affaire, la COAG, organización en la que se integra la Unión de Campesinos Leoneses, ha dado a conocer una serie de acuerdos adoptados en su último pleno, en los que se solicita que se lleven a cabo auditorías similares en el resto de las cámaras agrarias del país, controladas, en su mayor parte, por UCD, en base a la existencia de «indicios razonables» de corrupción, preferentemente en la época franquista.