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Los guerrilleros imponen fuertes condiciones para la liberación de sus sesenta rehenes

La liberación de todos los presos políticos colombianos, el reconocimiento por parte del Gobierno de Bogotá de que se practica la tortura contra prisioneros, la retirada de la policía y el Ejército de las inmediaciones de la embajada y cincuenta millones de dólares en efectivo, así como un avión para abandonar sin contratiempo el país, son las condiciones impuestas por los guerrilleros del grupo izquierdista M-19, que el pasado jueves asaltaron la embajada dominicana en Bogotá y mantienen como rehenes a sesenta personas, quince de ellas embajadores de otros tantos Estados.

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Diplomáticos de diecisiete Estados, secuestrados

Mientras el Gobierno colombiano realizaba consultas para trazar un plan de acción, en medio de fuertes tensiones entre medios militares y civiles enfrentados en torno al método a seguir, el Gobierno español se ofreció, a través de su embajador en Bogotá, señor Martín y Martín, como mediador entre las autoridades bogotanas y los guerrilleros secuestradores. También Panamá ofreció su mediación, sin que exista aún respuesta oficial.El encargado de negocios paraguayo, Oscar Gorostiaga, que resultó herido durante la ocupación de la embajada, se hallaba ayer fuera de peligro, según indicaron fuentes solventes. En el interior del recinto permanecia el cadáver de uno de los asaltantes, que fue evacuado en la tarde de ayer, si bien las autoridades militares se niegan a recogerlo por razones de seguridad, según afirinaron. Los veinticinco guerrilleros, entre los que se encuentran cuatro mujeres, mantuvieron un tiroteo con las fuerzas que vigilan en los alrededores y causaron cuatro heridos. Asimismo, solicitaron la presencia de tres periodistas colombianos como testigos de las negociaciones que desde ayer siguen con el ex ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Antonio Vázquez Carrizosa, quien ayer mantuvo también contactos con el presidente colombiano, Julio César Turbay Ayala.

Desde las capitales de los países cuyos embajadores permanecen como rehenes de los guerrilleros llegan peticiones al Gobierno colombiano para que utilice procedimientos capaces de asegurar la vida de los secuestrados y se teme todavía que, pese a los tranquilizantes pronunciamientos oficiales, algunas Instancias fuercen a una solución violenta, que podría incluir el desalojo de la embajada por la fuerza, con un impredecible balance de víctimas. La proximidad de los luctuosos sucesos acaecidos en la embajada española en Guatemala -con un saldo de 37 muertes- y la situación de crispación existente entre las autoridades civiles y las militares en Colombia hace presagiar en algunos medios este tipo de salida a la crisis.

Al menos un millar de soldados y policías, así como agentes de los servicios de inteligencia colombianos, montan un tupido cerco a unos doscientos metros de la embajada dominicana. Detrás del cerco, centenares de periodistas de todo el mundo siguen los acontecimientos que, a partir de ayer, entraron en una fase todavía más controvertida. Existen de hecho negociaciones, pero resulta imprevisible si el Gobierno de Bogotá accederá o no.

Por el momento se desconoce si entre los diplomáticos que han sido tomados como rehenes se encuentra el representante de la República Popular China. Los guerrilleros del grupo asaltante afirmaron, a través de intermediarios, que retenían a veinte embajadores.

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Desde su central londinense, la organización Amnistía Intemacional solicitó la liberación de los rehenes en un plazo inmediato y pidió al Gobierno de Bogotá que solucione pacíficamente el tema.

Según informaciones filtradas por los mediadores, el comando asaltante se encuentra bajo órdenes directas de un guerrillero cuya identidad se desconoce, si bien se le denomina comandante uno. Para estas fuentes, el grupo guerríllero se encuentra preparado para permanecer en el interior de la sede diplomática durante un mes o dos.

Aunque este extremo no pudo confirmarse, los militantes que ocupan la embajada dominicana habrían negado, la noche del jueves, la entrada a una comisión de la Cruz Roja que intentaba atender a los heridos.

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