La oposición ataca el estado actual de la formación profesional

La primera parte de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados deparó ayer tres sorpresas: al hilo de un proyecto de ley sobre el cuerpo especial de inspectores técnicos de formación profesional, aparentemente inocuo, se produjo un debate sobre este tipo de enseñanza que provocó la intervención del vicepresidente del Gobierno Fernando Abril. Poco después, y justificando el voto afirmativo a la modificación de dos artículos de la ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, el diputado comunista Ramón Tamames arremetió contra la situación económica. Por fin, una señoría, frente a 193, estuvo dispuesta a que se mantuviera, para todos los españoles, la obligación de vacunarnos contra la viruela.

La sesión comenzó con la votación, sin debate, de una proposición de ley que deroga la base cuarta de la ley de Bases de la Sanidad Nacional de 1944. El proyecto derogaba la obligatoriedad de la vacuna antivariólica, y de los 194 diputados que en ese momento ocupaban el hemiciclo, uno solo se opuso a tal pretensión, que en su momento se explicó, con todo lujo de razonamientos científico-sanitarios.Se entró luego en el examen de un proyecto de ley sobre el cuerpo especial de inspectores técnicos de formación profesional. Eulalia Vintró, por los comunistas, defendió un voto particular y aseguró que su grupo se había visto sorprendido porque a última hora se introdujo el concurso de méritos para acceder a estas plazas, además del concurso-oposición, que inicialmente las regulaba. Los cuatro artículos del proyecto fueron aprobados, aunque el cuarto contó con la oposición de socialistas, comunistas y Minoría Catalana.

Carlos Rodríguez Ibarra, en nombre de los socialistas, explicó su voto y acusó a uno de los ponentes de UCD, Arnáu, de defender su propio interés personal, ya que su condición de coordinador provincial de enseñanza profesional le permitiría contar con un mérito para un posible acceso al cuerpo de inspectores. Comunistas y socialistas, así como María Rubiés, por la Minoría Catalana, atacaron a fondo la situación de la enseñanza profesional. Hasta tal punto que, después de que se viese consultar en varias ocasiones al ministro de Educación, José Manuel Otero, con el vicepresidente Fernando Abril, éste decidió subir al estrado, entre murmullos de sorpresa, y en medio de un silencio poco habitual, y mostró su gratitud por el voto favorable a un proyecto del Gobierno.

Dijo que agradecía también el que todos los grupos hubiesen expresado su inquietud por la formación profesional, problema que, seguramente, «está mucho peor de lo que se dice», pero a renglón seguido añadió que los debates de aspectos sectoriales no se pueden separar del contexto y que no basta con intentar una política de desgaste a base de atacar aspectos parciales de cuestiones globales.

Afirmó que 1980 debe ser un año importante en las enseñanzas de formación profesional, y que «probablemente valdría la pena derogar el artículo de la ley general de Educación que viene a decir: vayan a estudiar formación profesional los que no pueden hacer otra cosa, porque eso», prosiguió, «dice el lenguaje popular».

Aseguró que recogía el sentir de la Cámara, al parecer unánime en cuanto a la preocupación por la formación profesional, y reafirmó que sería muy interesante un debate en profundidad, teniendo en cuenta que todo lo que se logre en ese sector repercutirá inevitablemente en el conjunto del gasto público.

Otra de las sorpresas la deparó el debate de una proposición de ley que modifica los artículos 111 y 114 de la ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas. Se rechazaron unas enmiendas andalucistas y otra de socialistas, y José Antonio Escartín, en nombre de UCD, explicó que se trataba de una proposición de ley de su grupo, que modificaba la ley de sociedades anónimas en lo referido a la emisión de obligaciones.

La reforma del 111 amplía, dijo, el límite de las emisiones desde el actual, que lo refiere al capital social, hasta el nuevo, que lo extiende a las reservas y se crea paralelamente un sistema de garantía para los obligacionistas o tenedores de los títulos mencionados. La reforma del 114 supone ampliar las garantías posibles de una emisión de obligaciones, tanto por corporaciones públicas -Estado, provincia, municipio o comunidades autónomas-, como privadas -bancos, cajas, entidades de financiación, sociedades de arrendamiento financiero y sociedades de garantías recíprocas.

Explicó Escartín que se han extendido estos beneficios a las sociedades limitadas y se han adecuado a esta reforma otras entidades. Con todo ello, añadió el diputado ucedista, se cumple el Plan Económico del Gobierno, que en el punto relativo a la potenciación del mercado de obligaciones acerca el ahorrador al inversor, abarata para éste el coste del dinero y mantiene la rentabilidad para aquél.

En el turno de explicación de voto, y advirtiendo que había sido favorable, Tamames criticó duramente la situación económica. «Las acciones de Altos Hornos», citó entre otros ejemplos, «ya no sirven ni para empapelar bimbos. » «El deterioro económico es cada día mayor.» «El Plan Económico del Gobierno se ha venido abajo definitivamente.» «La política económica se elabora no sólo de espaldas a este Congreso, sino de los grupos políticos y económicos », y concluyó que votaban sí, aunque sin entusiasmo, porque el marco ecoriómico no ofrece expectativas.

Replicó Escartín que Tamames había desbordado el tema del debate, y lamentó que el diputado comunista no hubiese ilustrado ni a la ponencia ni a la comisión, ya que no asistió a sus reuniones, y aprovechase el Pleno para hablar «de cara a la galería cuando está presente la prensa».