El valor del voto

MAÑANA se celebra uno de los referendos más extraños que en el mundo han sido: convocado por el Gobierno tras la iniciativa adoptada hace unos meses por la abrumadora mayoría de los ayuntamientos andaluces, el partido que ocupa en exclusiva ese Gobierno y que controla una parte nada desdeñable de esos ayuntamientos resolvió recomendar a sus militantes y electores el voto en blanco o la abstención ante las urnas.El Gobierno de UCD ha puesto todo su empeño en fomentar una abstención que, por razones de Estado, hubiera debido combatir. Como en los delitos por omisión, el poder ejecutivo ha quebrantado las normas de la ética política al poner en situación de descanso o de somnolencia a su propio aparato y boicotear con una huelga de celo las oportunidades de los defensores de la participación afirmativa. La más que dudosa neutralidad de los medios de comunicación estatales, incluida la inefable televisión, se ha traducido en la declaración de inexistencia, no sólo del referéndum, sino de Andalucía entera, como si en vez de una consulta popular molesta se tratara de una epidemia a la que había que poner en cuarentena sanitaria de imagen y sonido. Las miserias, respecto al plazo de campaña, la cuantía de los fondos para realizarla, la demora para allegarlos, las consignas para la prensa estatal y la broma de los términos de la pregunta estuvieron encaminadas a enfriar al máximo la atmósfera previa al referéndum. El aparato del Estado puede ser una excavadora para promover la participación en las urnas, como demostró en los dos referendos nacionales, los dos referendos autonómicos y las dos elecciones legislativas celebrados en los últimos años. Pero ahora ha realizado la experiencia de comprobar su eficacia como apisonadora para producir el vacío informativo y la glaciación política en vísperas de una consulta electoral.

Para el fin que el Gobierno persigue -el rechazo del procedimiento de negociación de la autonomía andaluza previsto en el artículo 151 -, la abstención era un medio tan innecesario como inconveniente. El voto en blanco o el voto negativo hubieran bastado para que los electores de UCD en Andalucía materializaran en las urnas las directrices de sus jefes. De esta forma, a la mofa de un principio democrático, tan básico como el deber de fomentar la participación ciudadana en la adopción de las decisiones, se ha unido, en la campaña abstencionista de los centristas, la inutilización de esa práctica. ¿Qué comentarios les merecerá ahora a los líderes de Herri Batasuna, tan denostados por haber defendido la abstención el pasado 25 de octubre, este cambio de un Gobierno que predica como la buena nueva en Andalucía lo mismo que condenaba como blasfemia en el País Vasco hace sólo cuatro meses?

Pero ¿cuáles han sido los motivos de esa conversión al abstencionismo militante de un partido democrático y de un Gobierno al que la Constitución le obliga en cualquier caso a comportarse como tal? ¿Por qué, en vez de jugar con honestidad, valor y limpieza una sola carta, ha ofrecido como posibilidades alternativas el voto en blanco y la abstención? Sin duda, la tentación ventajista, semejante a la de Herri Batasuna en octubre pasado, de sumar la abstención técnica (errores en el censo, viajes y enfermedades, emigración, fallecimientos) y la abstención nacida del apoliticismo o del desencanto a la abstención activa ha debido seducir a esos nuevos desertores de las urnas. Mañana, UCD pretenderá apuntarle como adhesiones todos los votos no emitidos en las ocho provincias, al igual que Herri Batasuna se apropió del 40% de abstencionismo ante el Estatuto de Guernica.

En cuanto al contenido en el referéndum de mañana, se mezclan cosas demasiado distintas, y no sólo las vinculadas con la aceptación de la vía del artículo 151 para la tramitación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Hay que decir en primer lugar que incluso en el caso de que todas y cada una de las ocho provincias sobrepasaran el listón del 50% del censo de votos afirmativos, las negociaciones en el Congreso a las que se abriría paso precisarían del acuerdo de UCD para la aprobación del Estatuto de Carmona. Así, pues, el boicot del referéndum por el Gobierno, su forma de propiciar el abstencionismo, adquiere un perfil irritante cuando se advierte que sus razones de fondo, al apostar por el artículo 143 y rechazar el procedimiento del artículo 151, podría hacerlas valer, en cualquier caso, en la segunda trinchera de los debates parlamentarios. Pero lo más grave es que muchos andaluces, víctimas de la puja iniciada por UCD y luego seguida por la oposición parlamentaria y extraparlamentaria no va a votar en favor de un procedimiento para alcanzar su autonomía, sino de un mito que ha construido su nido en el artículo 151 de la Constitución. El mito es el de que las instituciones de autogobierno para Andalucía por la vía del artículo 151 servirían de palanca para la inmediata y completa erradicación de los males económicos, sociales y culturales del pueblo andaluz, males y problemas verdaderamente reales. Precisamente, en virtud de esa realidad, resulta todavía más condenable la irresponsabilidad con que la clase política en su conjunto ha exacerbado los agravios comparativos de los andaluces -respecto a vascos y catalanes, especialmente- y ha suscitado desaforadas expectativas en tomo a la mágica capacidad del Estatuto de Autonomía en general y del que pueda lograse por el procedimiento del artículo 151 en particular, para solucionar problemas que -como el paro, el subdesarrollo, la emigración, la tierra, la sanidad y la educación- no admiten recetas milagrosas ni remedios de curanderos.

En resumen, no creemos, como hemos dicho muchas veces, que le falten razones de peso al Gobierno para tratar de cambiar el insensato giro que el propio Gobierno dio al tema autonómico, suscitando expectaciones desmesuradas y coadyuvando a la creación de sentimientos nacionales por toda la Península mientras nada resolvía de veras en casos tan graves y evidentes como el del País Vasco. Ni creemos que pueda hablarse de autonomías de primera y segunda clase ni que sea ético y moral jugar con la situación socioeconómica andaluza, como han hecho los partidos de izquierda a la hora de hacer su campaña por el sí en el referéndum. Pues es cierto que la autonomía por el 151 -y sólo por ese artículo- sea la respuesta fundamental a los problemas acuciantes de Andalucía. Pero lo absolutamente inadmisible es que desde un Gobierno democrático se recomiende la no asistencia a las urnas. Los andaluces deben ir mañana a votar, lo que es un derecho y un deber cívico de primer orden en una democracia. El abstencionismo no es una actitud respetable. Ni merecen por eso respeto los políticos que lo promueven desde el poder.