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Juicio por la matanza de Atocha

Jaime Sartorius insiste en la complicidad indirecta de algunos policías

Las intervenciones de los letrados de la acusación que no habían expuesto sus conclusiones durante la mañana tuvieron numerosos puntos coincidentes. Jaime Sartorius, que centró su discurso en reflejar cuál era la situación política del momento en que se produjeron los hechos y destacar, en consecuencia, su intencionalidad desestabilizadora, aludió a la «complicidad indirecta de algunos individuos muy determinados pertenecientes a las Fuerzas de Orden Público».

«Nos consta que la policía ha omitido», dijo, «dos llamadas telefónicas en el sumario del total de llamadas efectuadas por algunos procesados una vez cometido el crimen. ¿No será», se preguntó, «que algunos miembros de la policía estaban implicados?» Después aludió a «esos responsables remotos que no ha sido posible probar su culpabilidad, a esos máximos dirigentes que son los inductores de las ideologías violentas de los acusados, de su convencimiento de que la democracia conlleva traición, degeneración, el fin de la raza y conceptos similares y que pertenecen, por supuesto, a la extrema derecha, al igual que los procesados.»Respecto a las declaraciones del testigo de la defensa, Mariano Sánchez Covisa dijo: «El complot masónico denunciado por Covisa implica al Gobierno italiano, al Gobierno español a través de los servicios de la Presidencia, a la KGB, al ministro del Interior, a la DGS y al Gobierno Civil, pero cuando se le preguntó de dónde había obtenido tan sustanciosa información se limitó a contestar que "todo buen político (entre los que se incluía) debe saber analizar la prensa y con unas cosas y otras sacar sus propias conclusiones".»

-Pero si la prensa no ha aludido para nada a ese plan de la masonería -se le interpeló durante la elaboración del sumario.

-Bueno, pero yo he recibido llamadas telefónicas de informadores anónimos que me lo han contado -contestó Covisa.

-Ya; pero ¿no podría aportar algún dato más concreto?

-Sí, tengo un informador que nunca se equivoca y todo lo sabe y cuando me llama se identifica como «un amigo de Cuenca».

Este testimonio -siguió diciendo el letrado- sólo fue reproducido en comentarios editoriales y de opinión por el diario madrileño El Alcázar y por la revista Fuerza Nueva, ninguno de cuyos directivos se ha querido responsabilizar de su publicación. Al llegar a este punto, los ultraderechistas que ocupaban buena parte de los bancos destinados al público intensificaron la nueva técnica que utilizan estos días, después de que el presidente del tribunal no les haya permitido comentarios o exclamaciones: las toses. Toda esta ala del público -uniformada con camisa azul- sufrió un súbito y masivo ataque de tos; tan súbito y masivo que el magistrado ordenó su expulsión. La policía hizo abandonar la sala a dos adolescentes. Más tarde, cuando el letrado José Bono se preguntó: «¿De qué vivía Cerrá, quejamás ha trabajado, sino de los honorarios que Albaladejo, sustraía mediante hurto y fraude del sindicato del Transporte?», el acusado Fernández Cerrá le gritó: «¡A un cerdo así no se le puede aguantar! ¡Perro!», tras lo que el presidente ordenó su expulsión y la del público que le aplaudió y se solidarizó con él. Salieron esta vez de la sala otras tres personas.

El discurso del abogado Núñez, impregnado de poesías y citas filosóficas, alcanzó momentos verdaderamente brillantes, como aquel en que se refirió a «esa funesta de coleccionar armas amparándose en generalidades que no son ciertas, como la apuntada aquí por García Juliá de que coleccionaba pistolas por proceder de una familia de militares. No es honesto», dijo Núñez, «querer involucrar al Ejército en unos asesinatos. Yo mismo tengo el orgullo de poder decir que he nacido en un cuartel de la Guardia Civil, que mi padre es guardia civil y que jamás me ha enseñado a utilizar las armas contra personas indefensas».

La intervención del letrado Antonio Rato se centró en la figura de Albaladejo, como inductor y planeador del crimen, y de los restantes procesados dijo, contemplarlos como «unas personas engañadas, manipuladas e intoxicadas para cometer este horrible crimen por otras que no hemos podido probar ante este tribunal, pero que, sin duda, existen y están ahora en libertad».

Finalmente, el representante del colegio de abogados, José María Stampa, cerró la sesión de la tarde insistiendo en la tesis de la acusación de que se trata de nueve delitos de asesinato y no de un delito de terrorismo (como apunta el fiscal), porque «la conducta de los ejecutores», dijo, «consistente en disparar tiro a tiro diecinueve veces contra nueve víctimas indefensas, ya no era una conducta terrorista, como habría ocurrido si la víctima hubiese sido Navarro».

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de febrero de 1980

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