Acusación particular: "Aunque estuviera vigente la pena de muerte, no la hubiéramos pedido para los procesados de Atocha"

«Aunque la pena de muerte estuviera actualmente vigente en España, nunca la hubiéramos pedido para los procesados por la matanza de Atocha», declararon ayer los abogados de la acusación particular, por boca del letrado José María Mohedano, durante la exposición ante el tribunal de sus informes finales sobre la tragedia ocurrida en la noche del 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de la calle de Atocha, 55, de Madrid.

El letrado señor Mohedano precisó que en los primeros meses de la instrucción del sumario, estando todavía vigente en España la pena capital, que posteriormente aboliría la Constitución democrática, aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978, el representante del ministerio fiscal preguntó a los abogados de la acusación particular si, dada la gravedad de los hechos ocurridos en el despacho de Atocha, tenían intención de solicitar para los procesados la pena capital. La respuesta de los abogados de la acusación particular fue tajante: «Nunca pediremos la pena de muerte, por coherencia con nuestras convicciones y porque nunca cambiaríamos la vida de nuestros compañeros por la muerte de los procesados.»La acusación particular, también por boca del letrado José María Mohedano, resaltó públicamente «la prudencia, el tino y la sabiduría» con que el tribunal y su presidente habían dirigido las sesiones del juicio oral, que se presumían difíciles.

La décima sesión de la vista oral y pública del juicio sobre la matanza de Atocha, que viene celebrándose ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional desde el pasado lunes, comenzó ayer con la intervención del letrado de la acusación particular Jaime Miralles, quien expuso ante el tribunal su versión definitiva sobre los hechos ocurridos el día de autos. Los abogados de la acusación particular, incluido el que representa los intereses del Colegio de Abogados de Madrid, son ocho, y se han dividido las intervenciones en períodos de aproximadamente una hora. Cada uno de ellos centra su intervención en un aspecto concreto de los hechos, aunque todos mantienen, naturalmente, la misma calificación jurídica de los hechos, es decir, la de asesinato, y solicitan las mismas penas para los procesados. Tras de los acusadores particulares corresponde el turno a los cuatro abogados defensores de los procesados, cuya intervención se espera tenga lugar en la mañana de hoy.

El señor Miralles se refirió, en primer lugar, a su deber profesional y señaló que «cuando acuso debo agotar toda la dureza que el Derecho me permite, así como utilizar el propio respeto a la sala, a los acusados y a mí mismo, porque yo creo en los derechos inalienables de la persona y sé muy bien que no hay un solo hombre que no tenga el derecho de defenderse». Tras señalar que las cinco víctimas de la matanza de Atocha cooperaban dentro de la abogacía «en la nobilísima especialidad del laboralismo abogacil», el señor Miralles se extrañó (en este momento miró a los abogados defensores, que han mostrado en sus interrogatorios ciertas suspicacias ante los despachos laboralistas) que pueda haber alguien que vistiendo la toga no pueda tener respeto a los abogados laboralistas. El señor Miralles calificó la tarea del abogado laboralista como «el corazón de la abogacía», por lo que no es de extrañar, dijo, que fuese a este corazón donde apuntaran las armas homicidas.

Señaló Jaime Miralles que ante un crimen de tanta gravedad como el de Atocha es imprescindible analizar la personalidad de los acusados, en base al informe psiquiátrico elaborado por el doctor García Andrade, precisamente a iniciativa de la defensa. «Según este informe», dijo, «García Juliá es un hombre de inteligencia media, con un superyo muy rígido, que le aboca a su conducta delictiva. Fernández Cerrá es un hombre de inteligencia normal y es descrito en el informe como orgulloso, violento, agresivo, con una actitud escénica o de lucha y especialmente peligroso por su activismo. Gloria Herguedas parece que no ofrece interés, pues no existe ningún dictamen psiquiátrico sobre ella, y Jiménez Caravaca tiene, según el repetido informe, una actitud de lucha compensatoria de su minusvalía fisica, y como no puede hacer lo que él querría, se proyecta en los más jóvenes o fuertes que él. Finalmente, Francisco Albaladejo, el pequeño cerebro de este equipo, es descrito como un hombre con buen nivel de inteligencia, suspicaz, receloso y no olvida las ofensas, las rumia constantemente. El informe policial le califica de ultraderechista y falangista y gran aficionado a las armas.»

Jaime Miralles describe la actividad de los procesados alrededor del antiguo sindicato vertical del Transporte y de la Hermandad Nacional de Marineros Voluntarios. ¿Quiénes eran sus amigos?, se pregunta. En primer lugar, varios policías, concretamente José Luis González Gay, Antonio González Pacheco y Enrique Vigil. Otros amigos son Manuel Larrubia -dice el letrado de la acusación particular-, que acompañaba al Tiro Nacional a los procesados, y Mariano Sánchez-Covisa, quien pagó la fianza de Jiménez Caravaca, cuando éste fue puesto en libertad provisional, y cuyo testimonio constituye una cadena de posibles delitos, llegando a afirmar que fue el propio presidente del Gobierno quien desencadenó la matanza de Atocha.

Aludió también Jaime Miralles a Blas Piñar y a Raimundo Fernández-Cuesta y a las posibles relaciones de los procesados con el entorno de estos dos políticos. «Que nadie interprete», dijo, «mis palabras como una información insidiosa de atribuir a estas personas una participación en los hechos. El problema que quiero resaltar es que cuando el inductor busca a sus hombres va a la cantera de estos grupos, porque es éste uno de los pocos lugares de la sociedad española donde públicamente se predica la violencia.»

El señor Miralles describió la «maquinación» de los procesados para agravar «la espiral de violencia y tensión política por la que atravesaba el país», los pasos que dieron para ponerla en marcha, la escena del crimen en la noche del 24 de enero, y finalizó su informe con las siguientes palabras: «Frente al odio, que está pretendiendo convertir a estos delincuentes en algo así como líderes políticos, yo sólo quiero argumentar en base al derecho y pedir justicia en nombre de la familia Sauquillo, a la que represento.»

"Impunidad de los autores"

Cristina Almeida, en representación de los familiares de Serafin Holgado y de los supervivientes Luis Ramos y Alejandro Ruiz-Huertas, intervino a continuación para insistir que la matanza de Atocha se inscribe en la semana que se inicia con la muerte de los jóvenes estudiantes Arturo Ruiz y María Luz Nájera y termina con la muerte de dos policías armados en una entidad bancaria en Campamento. La letrada afirmó que para «dar un susto» no se va armado hasta los dientes, y manifestó que los procesados «actuaron con la seguridad que les da la impunidad». Cristina Almeida explicó el papel de los despachos colectivos de abogados en la época de la dictadura y manifestó que «eran el ejemplo más clarificador del fracaso del sindicalismo vertical». Cristina Almeida finalizó su intervención diciendo: «Una sensación de pena ha llenado este juicio, un odio reflejado en gentes que no conocemos de nada y que han llegado a insultarnos, lo que demuestra que los hechos de Atocha pueden repetirse.» (Algunos jóvenes volvieron a insultar con el brazo en alto y el presidente mandó expulsarlos.)