Seis interventores de Hacienda reconocen ser autores de la auditoría sobre Radiotelevisión Española

La Comisión de Investigación sobre RTVE se reunió ayer durante más de cuatro horas al objeto de examinar el contenido del informe de 14 auditoría realizada por el Ministerio de Hacienda y que EL PAÍS publicó en la segunda mitad del pasado mes de enero. La sesión, que se celebró a puerta cerrada, contó con la presencia de los seis interventores de Hacienda que realizaron la auditoría: Ramón Díaz García, subdirector general de Control Financiero; José A. Godé, de la Subdirección de Inversiones; Jaime López Alonso, de la Intervención de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; Federico Montero, del Centro de Proceso de Datos; Jesús A. Ruiz Ayúcar, de la Intervención del Ministerio de Economía, y María Sol Hernández Olmo, de la Subdirección de Control Financiero.La reunión se abrió con el agradecimiento de los representantes de los distintos grupos parlamentarios a los interventores de Hacienda por el trabajo realizado en la auditoría, y del que reconocieron ser autores, incluido un preámbulo de tres páginas, y fruto de trabajo en equipo. Los parlamentarios sometieron, rotativamente, a los interventores a una serie de preguntas de carácter genérico en un primer momento. Se les preguntó, parece ser que por los socialistas, si habían desaparecido documentos durante la investigación de los interventores, pregunta que no obtuvo respuesta. Se preguntó asimismo si habían tenido dificultades para realizar la auditoría y se contestó, después de algunas reticencias, que varios departamentos de TVE dificultaron su labor, bien por «obstruccionismo», bien por «desorganización», según la terminología textual del informe, en los siguientes servicios de TVE: financiero, administración, centro de proceso de datos, contabilidad, habilitados periféricos y producción.

Según las informaciones que han podido ser recabadas, los socialistas solicitaron un nuevo do cumento, hasta ahora desconocido para los parlamentarios: un informe elaborado por la Dirección General de Presupuestos en 1975, siendo director general Gabriel Peña Aranda, y que los miembros de la Comisión del Congreso estiman de gran utilidad, como punto de referencia para el período de tiempo auditado. Igualmente se solicitó toda la documentación relacionada con COSESA, filial de la Compañía Telefónica Nacional de España, que disfruta de la concesión de Hilo Musical, y que es uno de los deudores morosos de RTVE.

Los representantes del Grupo parlamentario Comunista solicita ron ulterior información sobre el hecho de que RTVE no haya entregado todavía las cuentas de 1978 al Tribunal de Cuentas y la no liquidación al Ministerio de Hacienda de los impuestos del IRTP, hecho que los socialistas ampliaron al impago por parte de Televisión Española de las cuotas a la Seguridad Social y que parecen ser delitos tipificados como apropiación in debida.

Las deudas no liquidadas por RTVE a la Seguridad Social suponen 1.400 millones de pesetas en 1977 y 1.338 millones de pesetas en 1978. Los impuestos del IRTP no abonados serían: 319 millones de pesetas en 1977; 51 millones de pesetas en 1978, y 59 millones también en 1978 como impuesto extraordinario. La comisión estudiará también si el crédito extraordinario de 3.291 millones de pesetas otorgado como suplemento al presupuesto de 1977 se ajustó a los requisitos de la ley Presupuestaria.

En algunos momentos de la reunión se hizo mención a que en Televisión Española se habían introducido algunas menoras con relación a la situación anterior. Todos los diputados consultados por EL PAÍS manifestaron su satisfacción por la actitud profesional, en todo momento, mantenida por los interventores, y en particular por el hecho de que apelaron a su competencia para entrar en responsabilidades personales.