El PSOE aborda con suma cautela la posibilidad, real de reducir el desempleo

Las posibilidades reales de reducir el desempleo en España son contempladas con suma cautela por los autores de la Estrategia Económica Socialista, a pesar de calificar una actuación en tal sentido como objetivo prioritario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El paro, la energía, la política monetaria y el sistema financiero, son algunos de los principales aspectos contemplados en la segunda Parte del documento socialista presentado el pasado martes.

El empleo es definido en el documento socialista como prioridad irrenunciable, aunque los economistas del partido admiten una serie de importantes limitaciones a la hora de intentar formular una política de reducción del desempleo que padece actualmente la economía española. Teniendo en cuenta que «¡a crisis económica no ha perfilado todavía su salida», se apuntan algunos factores que explican el retroceso de la actividad y el incremento del desempleo en los países industrializados. Entre ellos, se citan las tendencias a transferir mano de obra y recursos de las industrias de baja productividad y las de traspasar a los países subdesarrollados aquellas actividades intensivas en mano de obra, la crítica coyuntura de los sectores-punta y la aplicación generalizada de políticas estabilizadoras para frenar las tasas de inflación.Para reducir el desempleo, los socialistas consideran insuficiente el simple crecimiento del producto interior bruto (PIB), a menos que vaya acompañado de actuaciones relacionadas con la estrategia de un desarrollo con especialización sectorial y la «selección y combinación de técnicas apropiadas, tratando de eliminar los efectos más nocivos de la propia evolución del sistema, contribuyendo a la utilización creciente de los excedentes de mano de obra». También se propone «limitar la oferta de fuerza de trabajo, adelantando y flexibilizando la edad de jubilación voluntaria, fomentando la reducción de la jornada laboral, prolongando la edad de escolarización, reduciendo el pluriempleo, eliminando las prácticas fraudulentas del seguro de desempleo y limitando la realización de horas extraordinarias».

El problema estructural es también planteado en el documento. «No puede salirse de la crisis economica con estructuras productivas similares a las existentes antes de la crisis: se reducirán los puestos de trabajo en muchos sectores económicos, al tiempo que deberá fomentarse la inversión y el empleo en otras actividades mejor adaptadas a los condicionamientos de la crisis». De ahí que los socialistas reiteren frecuentemente en su estrategia la necesidad de eludir los ajustes conyunturales en un planteamiento de política económica, tal y como, afirman,está haciendo el Gobierno de UCD.

Modelo de política económica

La formulación de una política alternativa, a corto y medio plazo, se realiza por mecanismos de simple enunciación de principios, sin argumentar, en la mayor parte de los casos, una operativa concreta. Los objetivos definidos son:

«Contrarrestar los efectos de índole estructural ligados a la evolución de las economías de mercado, a través de la inversión privada.» El documento reitera en varios apartados una defensa de la iniciativa privada, compatible con una mayor actuación del sector público, y reconoce que « el éxito de la estrategia socialista contra el paro depende en buena medida de la evolución de la inversión de las empresas del sector privado». Para lograr este objetivo, los socialistas proponen el establecimiento de la planificación concertada, eliminando «obstáculos como la estructura de financiación de la Seguridad Social».

«Repartir el trabajo disponible.» Este punto parte de la premisa de que la lucha contra el paro no puede centrarse exclusivamente en la creación de nuevos puestos de trabajo. Se propone adelantar la edad de jubilación, especialmente en las ramas que exijan mayor esfuerzo físico del trabajador. Aumentar la edad escolar obligatoria hasta los dieciséis años. Eliminar el pluriempleo y reducir las horas extraordinarias y finalmente colaborar activamente en el proyecto internacional de reducir la jornada de trabajo.

«Protección al desempleo.» Se hace necesario ampliar urgentemente la cobertura del seguro de desempleo, incorporando además a los trabajadores sin empleo anterior y a los agrícolas al colectivo que percibe el subsidio.

«Empleo agrario.» Se propone un programa de jubilación antici pada para los agricultores de más de sesenta años, entregando las tierras que resultaran liberadas a los agricultores de menos de cuarenta, con el objeto de propiciar explotaciones rentables. Se llama la atención sobre el desajuste estructural que supone que mientras la aportación del sector agrario al PIB es del 10%, la población activa ocupada en él rebase el 20% del total. Debe establecerse un censo fiable de paro agrícola y reestructurar el actual sistema de empleo comunitario.

«El problema energético.» Se proponen tres puntos esenciales de ruptura con las políticas practicadas hasta el momento: modelo de crecimiento (desterrando la idea e vinculación rígida entre demanda energética y crecimiento económico); prioridad de intereses (terminar con el predominio de intereses privados y mayor penetración del capital público), y ruptura institucional (poner fin a la dejación de obligaciones por parte de la Administración). Se entiende que la magnitud del problema energético lo hace inasumible por la iniciativa privada. Entre las propuestas concretas de política energética, el documento incluye la implantación de un sistema objetivo de determinación de costes, previo a la aplicación de una política de precios coherente, en la que se diferencien muy claramente los componentes de costes de producción, margen retributivo del sector y fiscalidad. También se alude a la necesidad de estimular energías alternativas. El sector eléctrico es citado como uno de los ejemplos de cómo «la iniciativa. privada es incapaz de impulsar la producción sin generar costes sociales crecientes y cumplir con objetivos colectivos». Y se afirma también que posee una estructura «feudal y anacrónica que ya se ha convertido en un freno a su propio desarrollo». Además de la nacionalización de la red de alta tensión, los socialistas piden que el Estado ejerza «todos los derechos derivados de su condición de ac cionistas de las compañías eléctricas». En el segmento de los hidrocarburos, los socialistas proponen la inmediata reforma de la estructura de las refinerías y la «fusión de todas las empresas públicas del sector en un ente nacional de hidrocarburos, adscrito al INI», cuya creación consideran fundamental. En lo que se refiere a la energía nuclear, el documento no es excesivamente explícito. Plantea exclusivamente (en menos de veinte líneas) la exigencia de que, «tanto las centrales en operación (tres), como las que se encuentran en construcción (siete), no entren en operación definitiva hasta que un consejo de seguridad nuclear, independiente de la Administración, determine la idoneidad de sus emplazamientos y condiciones de seguridad». Para las nuevas centrales reiteran su posición ante el Plan Energético Nacional, rechazando su construcción y la del Centro de Investigación Nuclear de Soria.

Críticas a la banca privada

Los apartados dedicados a la política monetaria y sistema financiero se hallan impregnados de una extraordinaria agresividad frente a la banca privada, «cuya estructura, fuertemente oligopolística, lleva a que la realización de políticas monetarias duras produzca fuertes discriminaciones en la distribución del crédito bancario, siempre escaso.»

En política monetaria se critica el carácter de exclusividad otorgado en la lucha contra la inflación y se solicita una estrecha vigilancia de los mecanismos de actuación y determinación de las distintas variables. El documento sostiene que no debe fijarse un límite a uno solo de los agregados monetarios (disponibilidades líquidas), sino que deben cuantificarse diversas variables (crédito al sector privado, crédito-vivienda y tipos de interés). Se solicita también el reforzamiento de los mecanismos de inspección y control del Banco de España, separando adecuadamente las competencias monetarias e inspectoras del banco emisor.

El análisis del sistema financiero parte de la consideración de que persisten las características esenciales del régimen anterior. Las medidas liberalizadoras del verano de 1977 (etapa Fuentes) son abiertamente criticadas, por entender que sólo afectaron a una reducción del intervencionismo del Estado en el sistema, pero no han alterado la situación de oligopolio en que se debaten las instituciones de la banca privada. Frente a esto, el documento propone la aceleración de reformas estructurales, y mientras no se lleven a efecto «es preciso aplicar ciertos mecanismos de intervención que garanticen una financiación adecuada a sectores tan importantes como la vivienda o bienes de equipo y, en general, un abaratamiento de los actuales precios». El tema del coste del dinero es también analizado, incluyendo la propuesta de que sean limitados los tipos de interés del crédito y controlado estrictamente el cobro de las comisiones bancarias y a los de emisiones de títulos de renta fija públicos y privados. «Las desgravaciones fiscales a la inversión en valores deben replantearse, ya que es preferible sustituirlas por subvenciones presupuestarias.» Se alude también a la necesidad de establecer un plan concertado de reducción de los costes de intermediación de la banca privada, que debiera incluir una autolimitación de la apertura de sucursales. Se propone finalmente la supresión de la letra de cambio como instrumento de financiación al sector privado. Se aportan también una serie de propuestas para los tres integrantes del sistema financiero -banca oficial, cajas de ahorro y banca privada-, en línea con las modificaciones señaladas. Asimismo, se reclama la reforma del mercado de valores, a partir, sobre todo, de la sustitución de la obsoleta concepción del especialista- fedatario (agente de cambio y bolsa), con especial mención de la necesidad de reforzar el mercado de renta fija.

El documento socialista se cierra con dos apresurados repasos al futuro ingreso español en la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la necesidad de concertar un esquema de reestructuración sectorial para las actividades en crisis. En el tema europeo, los socialistas rechazan categóricamente cualquier período de preadhesión, ex¡gen la libre circulación, de trabajadores desde el momento mismo del ingreso y reclaman del Gobierno que negocie con los distintos sectores industriales los aspectos derivados del proceso negociador. Curiosamente, esta exigencia no se hace extensiva al sector agrícola. En el tema de la reestructuración se reclama la inclusión entre los actuales sectores en tratamiento por la crisis de otros dos: textil y calzado, dadas las importantes dificultades por las que atraviesan la mayoría de las empresas en ellos integradas.