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Taurina Hispalense nunca existió

Constituida recientemente, se presumen irregularidades en el arrendamiento de Las Ventas

Taurina Hispalense, la rúbrica de la que se dijo que respaldaba económicamente a Diodoro Canorea como empresario de Las Ventas y que fue admitida por la Diputación Provincial de Madrid como nuevo titular del arrendamiento del coso, era una pura ficción; nunca existió, hasta hace sólo seis días, en que fue inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla. Entre los socios no figura José Luis Martín Berrocal, quien lleva un mes manifestando reiteradamente que es consejero delegado de la sociedad y, en cambio, figura en este cargo Diodoro Canorea.

Por otra parte, Canorea, posiblemente, estaba legalmente incapacitado para concurrir a la subasta de Las Ventas, pues tanto cuando se convocó, a últimos de diciembre de 1978, como cuando se adjudicó, a primeros de enero de 1979, era deudor a la Hacienda pública en procedimiento de apremio, según nuestras noticias, por cantidad superior a siete millones de pesetas. El pliego de condiciones de la subasta exigía expresamente la declaración jurada del concursante de no estar incurso en las causas de incapacidad previstas en el artículo 4 del reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, que se refieren a los deudores directos o subsidarios a fondos de la Administración.El contrato de arrendamiento que suscribieron Canorea y la Diputación es, en tal caso, por tanto, con independencia de las responsabilidades en que incurrieron ambas partes, nulo de pleno derecho. Extraña sobremanera que la Diputación de entonces (el vicepresidente y diputado visitador de la plaza de toros era Leopoldo Matos) no hiciera las comprobaciones oportunas que el propio pliego de condiciones preveía, sobre todo cuando esa misma Diputación, diez años antes, eliminó de la anterior subasta de Las Ventas a Domingo Dominguín, precisamente porque era deudor a la Hacienda.

De este giro insospechado en la oscurísima andadura del arrendamiento de Las Ventas desde la desdichada subasta de 1978 se deduce una cadena de implicaciones y responsabilidades, que hacen sospechar graves irregularidades en las relaciones Diputación-Canorea.

Para empezar, en los carteles anunciadores de las corridas de Las Ventas durante 1979 y en la tarjeta de abono de la feria de San Isidro figuraba como empresa Taurina Hispalense. EL PAÍS denunció en su día la anomalía e incluso consultó a la Diputación al respecto, sin obtener una respuesta satisfactoria de que figurara como empresario quien no lo era. Dábamos por sentado, sin embargo, que la sociedad existía, pero luego se ha podido comprobar que no es así, de forma que el público ha corrido sin saberlo el riesgo de encontrarse, en el supuesto de que se hubiera producido, por ejemplo, una suspensión de la feria y el consiguiente derecho a que le devolvieran el importe de los abonos, con un empresario quizá insolvente que además no figuraba como tal, y de responsable directo del desaguisado, una empresa fantasma.

A todo esto, la Diputación anterior dejó pasar el plazo del pago de la primera parte del canon de arrendamiento sin reclamárselo a Canorea, y la Corporación entrante se encontró con el problema de que si se ajustaba a la letra del contrato y se lo rescindía al arrendatario, tenía que suspender la temporada y la feria de San Isidro, que debía empezar pocos días después. La decisión que adoptó sería jurídicamente discutible, pero políticamente aceptable: se resarció del impago con el aval y dejó al empresario un margen de confianza. Llegada la fecha fijada para el pago de la segunda parte del canon (octubre), de nuevo incumplió Canorea, y esta vez la Diputación (el vicepresidente y visitador de la plaza es el diputado del PCE Luis Larroque), en lugar de proceder como establecen el contrato de arrendamiento y )os reglamentos (pues a fin de cuentas la Diputación no es un cortijo privado), volvió a recurrir al aval y dio plazo a Canorea para que lo repusiera.

A este plazo siguieron otros, aún no nos explicamos por qué; se pasaron por alto distintos incumplimientos del empresario, y, finalmente, entró en escena José Luis Martín Berrocal, quien decía ser el nuevo consejero delegado de Turina Hispalense. Se supuso que gestionó el necesario aval bancario, y Canorea presentó en la Diputación aval del Banco de Valladolid a nombre de Taurina Hispalense, al tiempo que pedía transferir su titularidad de arrendatario a esta sociedad.

Luego se supo que el aval no era por los 161 millones del canon de arrendamiento, sino por la mitad, y ahora hemos podido comprobar que la tal Taurina Hispalense no existía como sociedad en el Registro Mercantil. Cómo y por qué lo admitió la Diputación, es de momento un misterio. Pero aún hubo más acciones incomprensibles, porque el pleno de la Diputación celebrado el pasado mes de enero aprobó el cambio de titularidad si el nuevo arrendatario aceptaba una serie de condiciones, y, días después, la Diputación nos remitía un comunicado de prensa según el cual Taurina Hispalense aceptaba esas condiciones, las había aceptado. Lo que no decía ese comunicado es que la sociedad no estaba inscrita e el Registro Mercantil, y, por tanto, no se había constituido formalmente en la necesaria escritura pública.

Mientras tanto, Berrocal actúa, o dice actuar, como consejero-delegado de Taurina Hispalense, manifiesta que hace planes para la temporada, anuncia una revolución en la organización del espectáculo taurino, contrata a Victorino Martín para la compra de toros, se entrevista -es noticia de ayer- con el alcalde para que el Ayuntamiento ceda vallas donde se anunciarán las corridas, y asegura que todas las reses serán expuestas en la Venta del Batán. Dicen en medios empresariales que Berrocal es, efectivamente, el avalista de la mitad del canon, pero que se resiste a avalar la otra mitad si no tiene el contraaval de sus socios. Se dice también que algunos de éstos venden sus fantasmales o etéreas acciones al doble del valor nominal, con lo que pretenden resarcirse de las cuantiosas pérdidas habidas en la teraporada última y quitarse de en medio, y se dice, por último, que si bien Berrocal puede evitar la desbandada y ser el reanimador de la sociedad, quiere claras unas cuentas que no parecen tener fin. Porque, aparte los resultados muy negativos del pasado ejercicio económico, al parecer aún le queda a la empresa por pagar un capítulo referido a obras; el seguro de la plaza; la seguridad social del personal de Las Ventas; el consumo de agua y electricidad, a lo que está obligada por contrato, y si no lo ha hecho, también aquí hay incumplimiento.

Pero estábamos en que Taurina Hispalense no existía, mientras se anunciaba como empresa en los carteles y las tarjetas de abono, sin que interviniera no ya la Diputación, sino incluso la autoridad gubernativa, la cual no autoriza la celebración de los espectáculos sin estar en regla este requisito.

Es el 15 de febrero de 1980 cuando Taurina Hispalense seinscribe en el Registro Mercantil de Sevilla (libro 403, tomo 228 de la sección 3ª, hoja 8.055/227), y es en esta fecha cuando adquiere la personalidad de sociedad anónima. Figura en el mismo registro que la sociedad empezó sus operaciones el 15 de enero de 1980. La escritura de constitución se firmó el mismo día, ante el notario de Sevilla Luis Bollaín. El consejo de administración está formado así: presidente, Rufino García; consejero delegado, Diodoro Canorea; secretario, Antonio Fernández Vélez; vocal, Gabriel Rojas. Otros socios: Manolo Cortés, Ramón Miguel Valencia, Trinidad Cantos, Rafael Candel, Antonio Peña, Francisco de Utrilla, Joaquín González Manzanares y Miguel Sánchez. Cada uno de los mencionados tiene una acción, pero Canorea recibe quince más que corresponden a los siguientes: Javier Sánchez Dalp, José Hinojosa, Francisco Núñez, José Benitez Cubero, Javier Pallarés, Gabriel Lomas, Antonio Barrera, Félix Moreno de la Cova, Andrés Albadalejo, Pascual Martínez Franco, Isidro Maftínez Llorente, José Ramírez Moreno y José María de Soto. Estos últimos señores habían hecho, en 26 de marzo de 1979, manifestación ante el notario de Madrid Luis Felipe Rivas de su voluntad de constituir una sociedad anónima, aunque sin nombre.

La presunta incapacidad legal de Canorea cuando se celebró la subasta, los incumplimientos del pago del canon y otras cláusulas del contrato de arrendamiento; la presencia y aceptación de una sociedad que no existía, y más elementos para esta enorme ceremonia de la confusión, hacen presumir una cadena de irregularidades u ocultas razones que deben explicar la Diputación democrática, la anterior, el Banco de Valladolid, Canorea y Berrocal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de febrero de 1980