La negociación de precios agrarios afecta al 75% de la producción total del país

Cada año, el Gobierno fija, previa discusión con las organizaciones representativas del campesinado, los precios de diecinueve productos agrarios. Se trata de establecer la percepción mínima para el agricultor por sus productos, con el compromiso de que la Administración los adquirirá por ese precio si el mercado no los absorbiera. Este año, la negociación para determinar los precios agrarios no se ha iniciado, pero ha sido ya motivo de enfrentamiento entre el ministro de Agricultura, Jaime Lamo, y el vicepresidente económico, Fernando Abril, por el empeño de éste en contener a toda costa los incrementos de los precios al consumo. Precios que en los productos agrarios difieren espectacularmente de los percibidos en origen por el agricultor.

Diecinueve productos agrarios aproximadamente el 75% del total de la producción agrícola del país, se encuentran sometidos al régimen de regulación de campaña que, en la práctica, supone la fijación por parte de la Administración de un precio mínimo de garantía, a percibir por el agricultor en origen.Este precio, normalmente inferior al que en realidad se abona por las producciones, constituye un tope mínimo indicativo y al mismo tiempo entraña el compromiso de la Administración de adquirir, a través de sus organismos autónomos competentes aquellas producciones que no sean absorbidas por el mercado, abonando precisamente el precio señalado.

La fijación de los respectivos precios de garantía suele realizarse con anterioridad al inicio de cada una de las campañas estacionales, ya que su vigencia se inicia precisamente a partir del momento en que se efectúa la recolección. En la fijación de los precios intervienen obviamente numerosos factores y confluyen multitud de intereses, lo que hace que la negociación sea habitualmente tensa y d ificil en dos vertientes: primero, entre los distintos estamentos de la Administración que intervienen, pero también cuando lo que se opone sobre la mesa son las propuestas oficiales y las demandas del sector.

Las negociaciones para la fijación de los precios agrarios de campaña se desarrollaron tradicionalmente en el seno del FORPA (Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios), un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, en el que estaban supuestamente representados los intereses del sector. Desde la firma de los pactos de la Moncloa -en el otoño de 1977- son las distintas organizaciones campesinas las que incorporan las posiciones de los agricultores a la mesa negociadora. Frente a ellas. la postura de la Administración se ha pretendido vaya evolucionando hacia planteamientos unitarios directamente propiciados por la tutela directa del actual vicepresidente económico, Fernando Abril, cuya primera actuación al frente del equipo económico -puesto que asumió en febrero de 1978- fue precisamente teledirigir la primera negociación de precios agrarios con presencia campesina, confusamente iniciada pocas semanas antes de la dimisión de Enrique Fuentes.

La cuantía determinada para los precios de los productos agrarios regulados tiene especial importancia por múltiples conceptos. La fijación de precios constituye un elemento de primera magnitud para propiciar una ordenación de las producciones, por vía de incentivar o desincentivar los cultivos. La falta de previsión y planificación en los cultivos ha determinado la existencia de situaciones de escasez en los suministros, que han debido resolverse por lo general mediante la realización de importaciones. por supuesto a un coste más elevado que el de las producciones nacionales y con el consiguiente dispendio de divisas. Las cifras de superficie cultivada de algunos productos (véase cuadro adjunto) guardan una estrecha relación con la evolución de sus precios. El agricultor precisa conocerel precio de garantía fijado para la campaña antes de iniciar la siembra. en aras de poder calcularla rentabilidad posible de su explotación y decidir la permanencia

es más perceptible en determina dos cultivos y zonas, ya que intervienen, además del precio, la versatilidad del terreno y las posibilidades de mecanización o utilización de mano de obra.

Uno de los cultivos más sensibles a la evolución del precio es el de la remolacha azucarera, una de cuyas particularidades es la de ser, con el algodón, uno de los que mayor componente de mano de obra absorbe en el sector agrario español. La remolacha ha sido este año el primer producto presuntamente sometido a discusión, ya que para debatir su precio habían sido convocadas las organizaciones campesinas el pasado miércoles. Sin embargo, las tensiones existentes en el seno del equipo económico, concretamente entre vicepresidente y ministro de Agricultura (véase EL PAIS de ayer), determinaron la suspensión de la convoca -toria hasta nueva orden y por decisión expresa de Fernando Abril. Las cifras incluidas en el cuadro adjunto muestran la importante reducción de la superficie destinada al cultivo de la remolacha entre los años 1978 y 1979, concidente con un incremento de precios de sólo el 6,2%, tras varios años de aumentos igualmente reducidos. El proceso guarda especial similitud con el desarrollo en torno a 1973, conocido como el año de mayorescasez en el mercado azucarero mundial. Actualmente, las expectativas del mercado son cuando menos delicadas, a la vista del progresivo y continuado incremento registrado en los precios del mercado de futuros de Nueva York y de la reducción de la producción cubana, principal abastecedor de azúcar a nivel mundial.

Frente a estos planteamientos sectoriales, otros estamentos de la Administración, concretados en estos tiempos por la vicepresidencia económica y el Ministerio de Economía, sustentan la tesis de que los precios de los productos agrarios

para evitar repercusiones excesivas en el componente alimentación del índice de precios al consumo, del que supone aproximadamente un 40% en materia de ponderación. Sin embargo, lo que repercute directamente en el IPC no son los precios pagados en origen al agricultor, sino los satisfechos por los consumidores; es decir, los que se determ inan por los costes de la adquisicion en origen y los de las sucesivas fases de comercialización y distribución. Este es precisamente uno de los tradicionales puntos de fricción entre los Ministerios de Agricultura y Comercio, últimamente interferidos por la acción de la vicepresidencia económica, drás.ticamente empeñada en controlar la inflación por la vía de incidir en el sector primario y controlar los aumentos salariales casi exclusivamente.

Durante los últimos años, justamente aquellos en los que la inflación ha podido ser controlada regularmente, se observa una rápida desaceleración de los incrementos de precios del componente alimentación del IPC, mientras los restantes han experimentado alzas superiores a la media anual registrada. No obstante, los aumentos en los precios de los productos alimenticios continúan manteniéndose muy por encima de las cifras señaladas para la evoluciónde los precios en origen. En 1979, con un IPC para el conjunto del año del 15,6%, el grupo alimentación creció el 8,4%, y el indicador de los precios reales en origen fue negativo, según los avances calculados por el Instituto Nacional de Estadística. El aumento de precios mínimos pactado el pasado año entre la Administración y las organizaciones campesinas para los diecinueve productos fue, en promedio, del 12,5 1 %. Acuerdo complementado con el compromiso de la Administración de contener el ento de los distintos inputs (costes directos) de la producción del sector en torno al 10%. Sin embargo, sólo los incrementos de los precios de los combustibles y los fertilizantes registrados el pasado año han rebasado ya el porcentaje.

Reducción de renta

Todas estas circunstancias determinan, en opinión de los representantes del sector y de expertos, una progresiva reducción de las rentas del sector agrario y una cada vez más profunda diferenciación entre la capacidad adquisitiva de los trabajadores de los medios urbano y rural. Este punto es también objeto de controversia entre especialistas y teóricos económicos de diverso signo. Unos estiman que las necesidades del habitante rural son mucho más reducidas, ya que se encuentra inmerso en una economía de estricta subsistencia y que no es válido el paralelismo entre las rentas de los dos colectivos. Otros aducen que el porcentaje de población activa concentrado todavía en el sector agrario es excesivo (20%) y que por vía de rentas es viable realizar un -reajuste. Otra postura se centra, finalmente, en la necesidad de recomponer el sector agrario, dotando el medio rural del oportuno equipamiento y garantizando la rentabilidad de las explotaciones, como único medio de evitar la progresiva desertización del.país.La utilización de la política de precios como medio de liberar recursos (incluidos los humanos) del sector agrario para fomentar el crecimiento de otros sectores ha sido, y en cierto modo sigue siendo, una realidad en este país. Durante el período dorado del desarrollismo tutelado por el equipo López Rodó, los precios de los productos agrícolas se mantuvieron prácticamente congelados, lo que da pie a considerar que el despegue industrial de este país fue financiado con cargo al sector agrario. Hecho este que podría dar pie a un estudio sociológico en profundidad de las mutaciones sociales españolas de la segunda parte del siglo.

El sector agrario español adolece ciertamente de importantes deficiencias estructurales, algunas de las cuales son imputables a la peculiar distribución de la propiedad de la tierra y a las posibilidades productivas de algunas regiones españolas. Suele manejarse el dato de que el porcentaje de población activa dedicado a la agricultura es excesivo si lo comparamos con las cifras de varios países europeos. Pero también es cierto que los rendimientos por hectárea de los cultivos españoles son notablemente inferiores a los obtenidos por esos países con los que se establece la comparación. Estas peculiaridades estructurales inciden también de modo decisivo en la confusa situación que a nivel representativo presenta el campo español.

Las distintas organizaciones campesinas son, en realidad, más patronales que otra cosa, puesto que en ellas se agrupan preferentemente pequeños y medianos propíetarios, aunque la más importante, la Coordinadora Estatal, esté en cierto modo controlada por un partido de izquierdas como el Comunista (PCE). Esta particularidad de las organizaciones campesinas invalida en cierto modo la calificación de sindicato que casi todas ellas se atribuyen y, al mismo tiempo, condiciona decisivamente el desarrollo de las sucesivas negociaciones de precios en cada una de las campañas agrícolas.

En las negociaciones de precios agrarios confluyen, en fin, multitud de factores por ambas partes, cuya agrupación final resulta de difícil conciliación. Ahí están, como ejemplos, las tensiones internas del equipo económico y los intentos de dos agrupaciones campesinas -Frente Sindical y Coordinadora- para negociar por separado los precios de la próxima campaña.

Y no son pocos los que comienzan a dudar de la conveniencia de mantener estas negociaciones de precios. El incremento registrado durante el pasado año en los productos regulados fue superior al de los no regulados, y el crecimiento de todo el conjunto apenas alcanzó el 6,5%. Frente a este dato, los costes productivos crecieron una media del 15% para los agricultores, y descontando las alzas directas de los combustibles, ese aumento de costes hubiera sido sólo del 8,5%.