PSOE exige el cese de todos los responsables del "asunto de RTVE"

Alfonso Guerra, vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), expuso, en el Pleno del Congreso celebrado ayer, la interpelación formulada al Gobierno por el Grupo parlamentario Socialista del Congreso sobre la situación económica de RTVE, motivada por la publicación en EL PAIS del informe de la auditoría realizada por la Intervención General del Estado. El señor Guerra expresó su sorpresa por el hecho de que «un asunto de tal envergadura tenga que ser conocido por el pueblo y por los representantes efectos de ese pueblo a través de la prensa y que el Gobierno no haya considerado pertinente informar del mismo a las Cortes».

Alfonso Guerra recordó en primer lugar las cuatro preguntas de la interpelación -si el Gobierno tiene en su poder el informe; por qué no lo hizo público; si facilitará información exhaustiva al respecto, y si. exigirá las correspondientes responsabilidades-, y pasó a continuación a formular una serie de denuncias, ateniéndose «a la información que el director general de RTVE, Fernando Arias-Salgado, ha hecho pública a través de unos escritos enviados no al Congreso de los Diputados, sino a un periódico de esta ciudad». (Véase EL PAÍS de los días 31 de enero y 1, 2 y 3 de febrero.)El diputado socialista calificó de insólito el hecho de que la auditoría haya sido acordada y después ocultada por el Gobierno: «Siguiendo una larga tradición de irregularidades, esta misma RTVE decide torpedear la inspección. Los interventores cumplen con su obligación y emiten un informe. El Gobierno, cogido en la red de sus propias contradicciones, se encuentra con que la imagen que le devuelve el espejo en que se mira es impresentable y decide esconder el espejo. Primero, porque estima que en época electoral se deben ocultar al pueblo sus tolerancias y complicidades con un sistema institucional de corrupción y segundo porque ( ... ) «cuando el ejecutivo se convierte en cómplice o, incluso, en instigador del incumplimiento de las leyes o cuando se niega a ser controlado, está rompiendo las premisas del juego democrático y burlando la soberanía del pueblo a través de sus legítimos representantes.»

Alfonso Guerra se refirió, llegado este momento, a los hechos denunciados por la auditoría y exigió, en uno de los momentos más duros de su intervención, responsabilidades. «Si el pueblo ha llegado a perder esa credibilidad en el Gobierno», dijo, «no permitamos que la pierda en el Parlamento o en el poder judicial. Nosotros, desde aquí, exigimos del Gobierno el cese de todos los responsables de este turbio asunto y la puesta en marcha inmediata del proceso legal que dé lugar a que estos hechos sean irrepetibles, no sólo en RTVE, sino en cualquier organismo oficial o privado. Y creemos que la fiscalía debe tener entrada de oficio en un asunto en el que la inhibición no puede ser entendida sino como complicidad. No podemos permitir que la Inspección de Hacienda sea oída sólo en los casos en que actúe sobre los más débiles y que la justicia se aplique sólo a éstos.»

Se refirió el señor Guerra a la respuesta del portavoz del Gobierno sobre la no existencia de responsabilidades personales, con estos términos: «El Gobierno, con estas respuestas, lo que ha decidido es responder con el cinismo y con la indiferencia a la denuncia de la opinión pública, de los periódicos y de los partidos políticos. El Gobierno ha calculado el coste del despretigio y lo ha asumido en el capítulo de pérdida, consciente de que desde una posición inmoral, el mantenimiento del control de televisión compensa y supera el deterioro de la imagen de honestidad del Gobierno. En definitiva, le da igual.» Añadió el diputado socialista que su grupo estudia el documento al objeto de verificar si existen indicios evidentes para presentar una querella criminal contra los responsables.

Críticas al director general Arias-Salgado

Alfonso Guerra pasó a continuación a criticar la emisión, durante dos semanas, del programa Primera página, dedicado a informar sobre la organización de RTVE. «Hace dos días», dijo, «el señor Arias-Salgado nos endulzaba la vida demostrándonos en el citado programa todo lo honestos y eficaces que son él y sus colaboradores, pensando que aún es posible, a través del bochornoso autobombo, convencer a la opinión pública de que TVE no es una cueva de ladrones.» Añadió que esperaba de RTVE se hiciese eco en sus telediarios de la interpelación.

Criticó la réplica del director general de RTVE, publicada en EL PAÍS, por el hecho, en primer lugar, de que éste calificase sus interlocutores de «cronistas o reporteros», cuando las respuestas deberían dirigirse a la Intervención de Hacienda, «dado que el reportaje o crónica no es más que el vehículo portador de un resumen de parte de los hechos investigados en la auditoría del Ministerio de Hacienda. No procede, pues, enfrentarse con el cartero portador de malas noticias, sino afrontar éstas».

Alfonso Guerra enumeró a continuación algunos de los casos denunciados por la auditoría. Sobre la contratación artística por parte de RTVE y los pagos «en concepto de vestuario y arreglos musicales para evitar el embargo comunicado por laRecaudación de Hacienda», comentó: «Tenemos que afirmar que RTVE asesora en la evasión de impuestos y que el director general actúa como cómplice. Posiblemente por ello silenció en este caso su respuesta.» Mencionó a continuación el caso del equipo informático para el Centro de Proceso de Datos y dijo que éste no se contrató en base a «las necesidades propias del organismo recién creado», como explicó el director general, porque había sido adquirido antes de que se promulgase el real decreto por el que RTVE se convertía en organismo autónomo (28 de octubre de 1977), y censuró la utilización política que hizo el Gobierno del ordenador, al efectuar un muestreo sobre las elecciones generales y municipales de 1978, justo pocos días después de ser instalado en TVE el equipo informático de superior potencia.

Televisión: máquina del poder

Sobre la situación de periodo preelectoral en que fue realizada la auditoría y que alegó como excusa el director general el señor Guerra dijo que RTVE «es la máquina que perpetúa el poder como bien habrá explicado el experto maquinista Adolfo Suárez al inexperto aprendiz Arias-Salgado, pero la auditoría fue ordenada el 31 de julio de 1978 y las elecciones fueron el 1 de marzo de 1979. Criticó a continuación la modificación de la estructura orgánica de RTVE por parte del señor Arias-Salgado; dijo que en RTVE hay «un jefe o alguien que cobra como tal» por cada 3,6 trabajadores.

Alfonso Guerra pasó lista a continuación a las irregularidades contenidas en el informe para resumir así la respuesta dada por el director general: «Frente a este caos, la Dirección General incurre en su torpe respuesta en nuevos errores que sólo vienen a ratificar lo expuesto en la auditoría y, en su afán por eludir responsabilidades, imputa éstas, quizá con razón, a otros organismos de la Administración y a, la herencia perfectamente legal, pero inevitable, son sus palabras, recibidas de sus predecesores en el cargo.»

Después le afirmar que «se puede pensar que el director general de RTVE sigue siendo Adolfo Suárez», terminó su intervención preguntando: «¿Quiere el miembro del Gobierno que responda a esta interpelación decir cuál de los ilustres predecesores en el cargo tiene mayor responsabilidad en la herencia recibida por el actual director general de Radiodifusión y Televisión? ¿El señor Sancho Rof, actual ministro de Obras Públicas? ¿El señor Rosón, actual gobernador civil de Madrid? ¿O el señor Suárez, actual presidente del Gobierno?»

Jaime Garcia Añoveros, ministro de Hacienda, respondió a la interpelación socialista señalando que el informe de control financiero fue acordado por el Ministerio de Hacienda en julio de 1978, remitido al mimo con fecha 18 de junio de 1978 y, a su vez, al Ministerio de Cultura con fecha 13 de julio de 1979.

La auditoría fue ordenada, según el señor García Añoveros, a raíz de dos documentos enviados por el interventor delegado de Hacienda en RTVE y por los que se denunciaba la inexistencia de fiscalización previa al gasto y otros extremos. El Gobierno no hizo público el documento por «la naturaleza y características propias del informe», porque fue efectuado a iniciativa del Gobierno y porque su finalidad es determinar el autocontrol de la Administración. Añadió que la auditoría se limitó a establecer un control financiero que se ha aplicado a otros organismos, entre ellos a Consorcio de la Zona Franca del Puerto de Barcelona. El ministro de Hacienda indicó después que el informe se refiere a un período indeterminado de la vida del organismo y que tiene «un valor provisional y de alcance limitado» y que no aborda «todo lo divino y humano que pueda pasar en TVE», para decir más tarde que «ningún informe es artículo de fe».

«El Gobierno», afirmó el ministro, como respuesta a la tercera pregunta, «nunca ha negado la información solicitada sobre RTVE y está dispuesto a seguir proporcionándola siempre que se le pida.» En cuanto a la última pregunta de la interpelación, dijo que con los datos del informe no se puede iniciar un proceso de responsabilidades administrativas, laborales o penales y que si posteriormente se tiene conocimiento de alguna responsabilidad se exigirá con el máximo rigor. Citó el señor García Añoveros el hecho de que en 1979 se han abierto 79 expedientes disciplinarios en RTVE y que a finales de enero el fiscal general del Estado, después de conocer el informe, tras su publicación en EL PAÍS, solicitó el mismo y elevó una comunicación al Gobierno aconsejando que se continúe, amplíe y complete.

Alfonso Guerra, en el turno de réplica, dijo que se comprobó la coincidencia de la auditoría con los resúmenes publicados en EL PAÍS y -«hay que recordar que Nixon comenzó negando la existencia de las cintas», dijo- que a la vista de la arrogante respuesta del Gobierno presentará nueva moción y exige se remita al Congreso, entre otros documentos, el escrito del fiscal, la respuesta del director general de RTVE y los presupuestos del organismo. Concluyó afirmando que se iniciará acción judicial ante los tribunales.