La Seguridad del Estado no informa sobre los ganaderos que "afeitan" toros

Podrían ser numerosos los ganaderos sancionados por afeitar toros en 1979, aunque sólo ha trascendido el nombre de tres de ellos, precisamente los que cometieron el fraude en la pasada feria de Valladolid. En la Dirección General de la Seguridad del Estado se negaron ayer a facilitar a EL PAÍS ningún tipo de datos sobre este asunto.Todas las gestiones que efectuamos al respecto durante el día de ayer resultaron infructuosas. En la oficina de prensa del Ministerio del Interior nos remitieron a la sección de Espectáculos de Seguridad del Estado, donde el comisario Vindel, jefe de la misma, no se puso al teléfono. Nos atendió una funcionaria, quien, muy amablemente, nos dijo que no podían facilitarnos la relación de ganaderos sancionados que solicitábamos, pues éstos tenían opción a recurrir la sanción, y hasta que esta acción no se hubiera producido y resuelto convenientemente no procedía publicar nada.

Respondimos que normalmente, cuando se producen detenciones por delitos mucho más graves que el simple afeitado de un toro, se facilita el nombre del presunto delincuente y se publica en la prensa, y luego siguen las diligencias oportunas, que pueden terminar con la libertad o absolución del detenido, por lo que no comprendíamos la razón para que se mantuviera en secreto el nombre de los ganaderos que ya han sido multados por incurrir en fraude.

Tapaderas del fraude

Tras una espera que suponemos empleó la funcionaria en consultar a su superior, nos manifestó que no estaban autorizados a facilitar información alguna si no era a través de la oficina de prensa de Seguridad del Estado. El jefe de la misma, a nuestra petición, hizo gestiones y su respuesta fue que tampoco podía facilitar la información solicitada, si bien le habían comunicado que en la Dirección General no sabían quiénes son los ganaderos multados, porque las sanciones las imponen los gobernadores civiles. Lo cual extraña, pues el artículo 134 del reglamento taurino dice claramente que tales sanciones serán impuestas por el director general de Seguridad.

Estas cautelas y oficiosidades de Seguridad del Estado parecen sorprendentes y, desde luego, son las menos indicadas para que termine de una vez el afeitado. Porque al ganadero no le afecta tanto la multa de 50.000 pesetas (que paga el torero « beneficiario» del fraude) como la merma de prestigio que supone le producirá la difusión del caso. Con esta actitud de la autoridad, en la que no brilla precisamente la transparencia, ganaderos, empresarios y matadores se encuentran graciosamente con una tapadera que les va a permitir seguir empleando mueco, serrucho y escofina a mansalva, y mejor aún ante una temporada como la presente, en la que la sospecha de que ,se va a afeitar más que nunca está en el ánimo de todos los aficionados.

El público tiene derecho a saber quién le engaña y cómo le protege la Administración ante los fraudes.