Proyecto alternativo socialista de autonomía universitaria

«Las universidades son autónomas, sin perjuicio de las facultades de planificación, coordinación general e intervención que correspondan a los poderes públicos», según se declara en un texto propuesto por el grupo parlamentario Socialistas del Congreso, para elaborar un nuevo proyecto de ley de autonomía universitaria.Los socialistas han presentado una enmienda a la totalidad del actual proyecto, pendiente aún de debate en las Cortes, y proponen que se constituya una ponencia para elaborar un proyecto de acuerdo con el texto presentado por su grupo parlamentario.

Según el PSOE, para que se cumplan los objetivos de «creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia y la cultura, y la capacitación técnica y de formación permanente que exige la previa adquisición de conocimientos o métodos científicos», y para que las universidades constituyan un servicio público, éstas deben gozar «de personalidad jurídica, patrimonio propio y régimen de autonomía».

Se propone que la planificación de la enseñanza en las universidades públicas sea aprobada por las Cortes, que las universidades desarrollen sus actividades buscando la máxima adecuación a la realidad social sobre la que actúan y que las comunidades autónomas, dentro de sus competencias respectivas, coordinen el funcionamiento de los centros.

Las libertades públicas y los derechos fundamentales garantizados por la Constitución se ejercerán en las universidades, según el proyecto del PSOE, sin más limitación que la establecida por las leyes, en particular por lo que se refiere al derecho de reunión, asociación y sindicación. La libertad académica se manifiesta en las de cátedra, investigación y estudio.

La autonomía de las universidades, según el texto socialista, comprende, al menos, la potestad de elaborar estatutos y normas de funcionamiento interno, la gestión económico-presupuestaria y la elaboración de presupuestos así como la determinación de planes de estudio e investigación y la selección de personal docente. El Estado o las comunidades autónomas tendrán la titularidad de las universidades públicas que serán creadas por ley. Las demás universidades reconocidas por el Estado serán privadas y la creación de estos centros no supondrá la homologación oficial que habrá de hacerse por ley, ni la concesión de ayudas económicas «mientras no estén plenamente satisfechas las necesidades de las universidades públicas».

En lo que respecta al régimen económico-financiero, el presupuesto de cada universidad será público y único, según la propuesta socialista, y la ley General de Presupuestos determinará la subvención global destinada a las universidades del Estado. «Nadie quedará excluido del acceso a la Universidad por razones económicas», se afirma en el texto, y las tasas académicas «serán uniformes para todas las universidades públicas y determinadas por el Parlamento al aprobar la ley de Presupuestos». Las condiciones de gratuidad serán determinadas en función de los niveles de renta familiar. En las universidades privadas, las tasas estarán sujetas a la legislación general sobre precios.

Los órganos colegiados serán, al menos, el claustro universitario, consejo de universidad, consejo académico y claustros de facultades, así como las escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias. Organos unipersonales serían los constituidos por el rector, cada uno de los decanos o cada uno de los directores de escuelas técnicas.

Por su parte, los alumnos ven reconocido su derecho a participar, en el proyecto socialista, en todos los órganos colegiados. También se reconoce que las Cortes, «por motivos de interés público y en el marco de la planificación de las necesidades sociales» podrán establecer «un número máximo de estudiantes» que puedan cursar una determinada carrera.