Clima de guerra civil tras el "contagio" de Nicaragua
Tras el derrocamiento de la dictadura militar presidida por el general Carlos Humberto Romero, el pasado día 15 de octubre, El Salvador ha vivido en un auténtico clima de guerra civil. País minúsculo y superpoblado de América Central (21.000 kilómetros cuadrados y 4.800.000 habitantes, de los que la mitad tiene menos de quince años), ha sufrido todas las condiciones para experimentar el «contagio de Nicaragua».Gobernado por militares desde 1931, la historia de estos cincuenta años es una larga secuencia de represión, torturas, fraude electoral y golpes de Estado. De economía fundamentalmente agrícola, el 62% de la población vive del cultivo del café, algodón, azúcar y de la ganadería, mientras que el 7% de la población controla casi el 40% de las tierras. La oligarquía financiera del país, compuesta por catorce familias, ha encontrado en el Ejército y los grupos parafascistas de la extrema derecha el instrumento para perpetuar su opresión.
En los últimos tiempos, un sector de la Iglesia, imbuido del «espíritu de Medellín», ha criticado profundamente la situación de injusticia del país y ha llegado a justificar el uso de la violencia como medio legítimo para el cambio político.
El golpe de Estado de octubre pasado, encabezado por un sector del Ejército, pareció que iba a proporcionar una solución de liberalización política para el país. La oposición, extremadamente dividida desde el fracaso electoral de la Unión Nacional de Oposición (UNO) en 1977, mostró en principio su apoyo al nuevo Gobierno integrado por militares y civiles. La continuación de las represiones de manifestaciones populares hizo que los grupos de extrema izquierda reiniciaran sus actividades guerrilleras, muy intensas desde el verano del pasado año.
Desde mayo de 1979, el país no ha conocido un momento de respiro. Las manifestaciones populares, la toma de barrios y pueblos por la guerrilla, las ocupaciones de todo tipo de edificios públicos se han sucedido sin cesar. El Bloque Popular Revolucionario (BPR), uno de los grupos de extrema izquierda más activos, junto con las Ligas Populares 28 de Febrero, ha ensayado sin cesar el asalto de sedes diplomáticas y la toma de rehenes en la persona de los embajadores. En los últimos meses, las embajadas de Francia, Costa Rica, Venezuela y Panamá fueron ocupadas, el embajador de la República Surafricana secuestrado y el encargado de negocios suizo asesinado.
La matanza de los ocupantes de la catedral el pasado mes de mayo, con un saldo de diecinueve muertos y cuarenta heridos, fue el desencadenante de una situación que, desde entonces, no ha hecho sino empeorar. Cada día aporta un nuevo cortejo de cadáveres que aparecen en las calles salvajemente desfigurados, las manifestaciones se cuentan por su balance de decenas de muertos y los enfrentamientos. El Gobierno de la Junta Revolucionaria de Salvación Nacional, emparedado entre las acciones revolucionarias y las presiones de la oligarquía y de la extrema derecha, se vio obligado a dimitir en los primeros días de enero, después de tres meses de ineficacia gubernamental; incluso uno de sus ministros, el de Educación, se unió a la guerrilla. La retirada del apoyo por parte de todos los grupos políticos de izquierda dejó a los militares en una situación insostenible. Días después, miembros del Bloque Popular Revolucionario (BPR), del Partido Comunista, del Frente de Acción Popular Unificada (FAPU) y de las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) anunciaron la constitución de una coordinadora nacional de la izquierda.
