Se consagra el principio de que el Estado financiará la libertad de enseñanza

La Comisión de Educación del Congreso dictaminó ayer los seis primeros artículos delproyecto de ley de Estatuto de Centros Escolares, con el voto favorable de centristas, CD, Minoría Catalana y Grupo Mixto y la oposición de los grupos Socialista y Comunista, que no lograron hacer prosperar ni una sola de sus enmiendas. La ausencia en los debates de los representantes del Partido Nacionalista Vasco, que mantienen su decisión de permanecer momentáneamente ausentes de los trabajos parlamentarios, hizo más corta la diferencia de votos que han permitido sacar adelante los primeros artículos del proyecto de ley del Gobierno. Estos conservan la redacción del informe de la ponencia, salvo leves retoques en los artículos 3 y 5 por el Grupo parlamentario Centrista, por la vía de enmiendas in voce.

Antes de iniciarse la sesión, el presidente de la comisión y diputado de UCD, José Luis Alvarez, propuso que constase en acta la condena del asesinato de Yolanda González Martín, no sólo, según argumentó, porque todos los asesinatos son condenables, sino porque en este caso concreto la víctima había estado vinculada a un movimiento estudiantil surgido precisamente en torno al proyecto de ley que se iba a debatir. Todos los grupos parlamentarios suscribieron la iniciativa del señor Alvarez.La diputada comunista Eulalia Vintró presentó una enmienda in voce al artículo primero, que establece el ámbito de aplicación de la ley, a partir del criterio de que la potestad reglamentaria de la Administración debería quedar reducida exclusivamente a los términos de esta ley y lo que ella regula. Se opuso a la enmienda el diputado centrista Díaz Piniés y los socialistas explicaron su abstención en la votación del texto definitivo de este artículo, como una postura «de principio», en palabras del diputado Luis Gómez Llorente, y en consonancia con la decisión de su grupo de mantener en el Pleno la enmienda a la totalidad.

El artículo primero quedó redactado en los siguientes términos: «El régimen jurídico de los centros correspondientes a los niveles de preescolar, EGB y enseñanzas medias se regulará por lo establecido en la presente ley y las disposiciones que desarrolla.»

El artículo segundo suscitó un amplio y animado debate, porque la definición de los fines de la educación que en él se contienen, para los representantes socialistas y comunistas, viene a empequeñecer lo que al respecto señala la ley general de Educación, la cual va a quedar derogada en muchos aspectos por este proyecto de ley.

Los portavoces de ambos grupos echaban de menos en la redacción de la ponencia la explicación de «la tolerancia, el sentido crítico y la creatividad» como objetivos y fines consustanciales a la educación que se concibe para una sociedad democrática.

El portavoz socialista en esta ocasión, señor Rodríguez Ibarra, puso en duda, en cualquier caso, la voluntad que pueda animar a los redactores del proyecto a alcanzar los fines mínimos señalados en el texto de la ponencia, dado que el resto del proyecto, a suj uicio, no va a hacer otra cosa que obstaculizar su cumplimiento, y se refirió muy concretamente a los principios de libertad de cátedra y de participación.

El señor Díaz Piniés se opuso, en nombre del grupo parlamentario centrista, a las enmiendas formuladas por los portavoces de la izquierda parlamentaria y lamentó que éstas se hubieran convertido, en realidad, en enmiendas a la totalidad, por lo que pidió la reconducción del debate a los términos estrictos del artículo segundo. En la posterior explicación de voto, la diputada Eulalla Vintró recordaría al señor Díaz Piniés que era el presidente y no los portavoces de UCD quien debería hacer observaciones sobre el correcto curso de los debates.

Mutuas descalificaciones

Tras ser rechazadas las enmiendas socialistas y comunistas, en el turno de explicaciones de voto se produjeron una serie de mutuas descalificaciones. Los centristas calificaron de demagógicos los argumentos de la izquierda, y los portavoces de ésta lamentaron la frecuencia con que tenían que escuchar esta acusación cada vez que han expuesto y defendido sus puntos de vista en torno a este tema, tanto dentro como fuera del Parlamento.

La referencia a la demagogia de los argumentos de socialistas y comunistas habían partido del señor Herrero de Miñón, quien no admitió, por su parte, que se tachara de «sesgado y retórico» el contenido del artículo segundo, tal y como lo había calificado la representante de Socialistas de Cataluña, Marta Marta, y puso especial énfasis en afirmar que UCD no va a permitir que el calificativo de democrático sea monopolizado por las minorías. Defendió el nivel de participación que garantiza el proyecto de ley e ironizó, con relación a una supuesta inclinación de la diputada comunista Eulalia Vintró hacia la ley general de Educación, al afirmar que el Estatuto de Centros es mucho más progresista que dicha ley en este aspecto.

El portavoz de CD, Juan Luis de la Vallina, expuso su conformidad con el texto propuesto por el partido del Gobierno, dado que su síntesis de objetivos de la educación que en él se recogen le parecía más conveniente que la excesivamente prolija de socialistas y comunistas.

El artículo segundo establece que «la educación en dichos centros buscará el pleno desarrollo de la personalidad, mediante una formación humana integral y respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, así como la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo y la capacidad para el ejercicio de actividades profesionales». En la actividad ordinaria de los centros estará incluida la orientación educativa y profesional de los alumnos a lo largo de su permanencia en ellos y de manera especial al finalizar la escolaridad obligatoria y los momentos de ejercitar sus opciones académicas.

La discusión al artículo tercero se centró fundamentalmente en torno a los límites de edad del período de la educación básica, y concretamente a la conveniencia o no de que esta ley pudiera dejar establecida la gratuidad de la enseñanza preescolar, es decir, del período comprendido entre los cuatro y los seis años.

María Izquierdo, portavoz en esta ocasión del Grupo parlamentario Socialista, mantuvo el criterio de que la discriminación social se produce a partir del hecho de que los niños dispongan o no de educación preescolar, y se extrañó de que una y otra vez fueran los que más y mejor escolarizan a los niños en esta etapa de su desarrollo quienes con más fuerza se oponen a la idea de que pueda establecerse la obligatoriedad del período preescolar.

Eulalia Vintró, por su parte, coincidió con la diputada socialista en que lo importante no era la obligatoriedad, sino el reconocimiento del derecho y la posibilidad de acceder a él mediante el reconocimiento de la gratuidad, que el proyecto remite a las previsiones presupuestarias.

Se opuso a las enmiendas de la izquierda parlamentaria el diputado de UCD por Málaga, señor García Pérez, quien negó a través del ejemplo personal de una de sus hijas, que no pudiera accederse a los niveles superiores de la enseñanza, aunque no se hubiese dispuesto de una educación preescolar. El diputado centrista estuvo de acuerdo con el principio de la gratuidad para la enseñanza preescolar, al que debe tenderse en la medida de lo posible, pero reiteró el conocido argumento de los partidos de derecha y de centro, en el sentido de que los padres no pueden ser obligados a mandar a sus hijos a la escuela en estos primeros años de su desarrollo.

Derecho a la educación básica

El artículo quedó aprobado en los términos en que lo redactó la ponencia, con una ligera modificación, introducida por UCD, mediante una enmienda in voce. Se dice en el mismo que «todos los españoles tienen derecho a recibir una educación básica profesional que permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en los niveles que la ley establezca, sin que la obligatoriedad pueda afectar a los menores de seis años».

«Se extenderá la gratuidad, en cuanto las posibilidades presupuestarias lo permitan, a la etapa preescolar.»

«Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la educación a que se refieren los apartados 1 y 2.»

Tampoco consiguieron los partidos de izquierda que prosperasen sus enmiendas al artículo 4º, encaminadas a conseguir la creación de los gabinetes de orientación psicopedagógica en los centros. Según Gómez Llorente, el fracaso escolar viene determinado, en gran parte, por la falta de este servicio, y su establecimiento incidiría considerablemente en la mejora de la calidad de la enseñanza y evitaría el despilfarro que implica el alto índice de fracasos que hoy se dan.

Nuevamente los votos de centristas, CD, Minoría Catalana y Grupo Mixto impidieron el éxito de las tesis socialistas y comunistas y el artículo quedó aprobado en los términos concebidos por la ponencia: «Los centros docentes estarán dotados de los medios necesarios para conseguir de manera sistemática los fines y objetivos propios de cada nivel o modalidad.»

La sesión de la mañana finalizó con el debate del artículo 6.º -el 5.º se aplazó para ser discutido por la tarde-, relativo a la existencia de un registro público, en que se inscriban los centros docentes. La diputada comunista Eulalia Vintró no consiguió que se aceptara su propuesta de que el registro del Ministerio de Educación no supusiera la exclusión de otros registros.