Sindicatos y armadores portugueses, proteccionistas ante la negociación pesquera con España

Las primeras jornadas de las negociaciones luso-españolas sobre la concesión de licencias de pesca al abrigo del acuerdo de 1979 han puesto en evidencia los puntos de vista antagónicos de las dos partes.Las negociaciones que hoy concluyen en Lisboa tienen como objetivo fijar el número de licencias a conceder por cada una de las partes en embarcaciones del país vecino para faenar en las respectivas aguas territoriales. Inicialmente previstas para diciembre, las conversaciones fueron postergadas por la crisis política portuguesa y por las negociaciones en curso con otros países de parte española.

El día 13 de marzo de 1979 el Gobierno portugués había otorgado a 305 embarcaciones españolas el derecho de faenar en las aguas costeras del territorio continental de Portugal. En contrapartida, pesqueros portugueses habían obtenido autorizaciones de operar en la zona española comprendida entre las seis y las doce millas. Estas concesiones expiraron a finales del año 79 y desde entonces decenas de embarcaciones de ambos países están faenando en situación irregular y expuestos a las sanciones correspondientes.

Al margen del optimismo oficial, las dos delegaciones reconocen ser muy dificil de conciliar los intereses de ambas partes, e incluso los puntos de vista divergentes en el seno de cada una de las delegaciones.

Para simplificar puede decirse que las autoridades portuguesas entienden que las licencias a otorgar al abrigo del acuerdo de 1979 (en la zona de las seis a las doce millas) deben llevar, en contrapartida, a una voluntaria reducción, por parte de España, del número de embarcaciones operando en la zona costera (hasta seis millas). De hecho, y en virtud de un acuerdo firmado en 1970 y vigente hasta 1990, los pescadores españoles están autorizados a faenar prácticamente sin límites dentro de esta zona. Los armadores portugueses afirman que su inferioridad técnica los coloca en la incapacidad de resistir a la «invasión» de sus zonas tradicionales por barcos españoles.

El Gobierno portugués, interesado en otras cláusulas del acuerdo de 1979 (régimen de capturas, cooperación técnica y constitución de empresas mixtas) debe tomar en cuenta la «movilización» de los sindicatos y armadores nacionales, que exigen medidas drásticas de protección.