Energía y política de precios
DESGRACIADAMENTE. CUANDO las indicaciones suministradas por el mercado spot hacían prever una estabilidad en el precio de los crudos, Arabia Saudí acaba de anunciar un nuevo incremento del precio de su barril de petróleo en dos dólares, de modo que pasa así de veinticuatro a veintiséis dólares. Esta malísima noticia no vendrá probablemente sola, y de nuevo habrá que esperar lo peor: otras subidas y limitaciones en los suministros, precisamente para mantener los precios a un nivel más alto ante el hecho de una disminución de la demanda de petróleo por parte de los consumidores.
Nuestras autoridades cuentan todavía en el escuálido límite que supone el precio medio de 27,50 dólares-barril, tomado como base para la fijación de los precios interiores de los productos derivados. Es decir, que si las cosas no se agravan pueden mantenerse los actuales precios de la gasolina. Pero, a la vista de los acontecimientos, quizá haya que plantearse la reconsideración del sistema que se está siguiendo para la revisión de los precios de los derivados del petróleo. El Gobierno utiliza un procedimiento de subidas bruscas y espectaculares como respuesta a las elevaciones acordadas por la OPEP. Es decir, que la política de precios de los productos derivados del petróleo seguida por las autoridades españolas no se ha orientado por las modificaciones que indican los mercados internacionales, sino por las decisiones de la OPEP. Una política que siguiese más de cerca al mercado y reaccionase con mayor continuidad y sensibilidad no provocarla estos enormes saltos, cuya influencia inflacionista no puede pasar inadvertida. Esto es lo que ocurre en otros países consumidores que, además, no disponen de un monopolio de distribución como la CAMPSA.
Hace muy poco, el paso de la tarifa doble en el caso de la Telefónica, y su posterior declaración de ilegalidad, puso quizá de manifiesto que la delegación del Gobierno no tenía un control eficiente, o que no era magnífico el grado de compatibilidad entre los criterios de interés nacional, por un lado, y la obtención de unos buenos resultados económicos, por otro, perseguidos por la Compañía a base de elevaciones nada ortodoxas de sus tarifas. En el caso de CAMPSA no sabemos si puede plantearse algo semejante, pero bueno sería que ante los malos tiempos que se avecinan los consumidores dispusiesen de unas cuentas del Monopolio de Petróleo claras y sencillas. Porque sería muy lamentable que a las elevaciones de los precios de los productos se le añadiesen costes suplementarios por poca eficiencia. En otros países sin monopolio y con libertad de precio para el carburante se da la circunstancia de que hay surtidores que practican rebajas interesantes. Claro que entre nosotros la apertura de un surtidor requiere una concesión especial, no siempre fácil de conseguir. En época de paro creciente, esta situación no deja de ser una curiosa paradoja.
El mecanismo institucional de toma de decisiones en materia de precios de los derivados del petróleo está, en España, monopolizado por tres grandes protagonistas. El Ministerio de Hacienda y CAMPSA, por un lado, con una preocupación recaudadora e intervencionista que les lleva a cubrirse con alzas interiores muy elevadas para protegerse de posibles elevaciones no previstas de los productores, lo que, naturalmente, repercute sin contemplaciones en nuestro nivel de precios, o que produce incongruencias tan inexplicables como la prohibición de la utilización del butano en los turismos particulares. Esta prohibición no se aplica a los taxis, ni tampoco existe para los vehículos particulares en Europa o en Estados Unidos. La única explicación debe venir por el lado de que la subvención a las bombonas sólo se justifica por ser el usuario un transporte público, aunque menos público que los autobuses, por ejemplo.
Esto nos lleva de la mano hacía el segundo protagonista: el Ministerio de Industria, cuya gran preocupación por evitar la repercusión de los costes del crudo en la industria consumidora está, a su vez, perpetuando un sistema de subvenciones al que, naturalmente, quieren seguir apuntándose los industriales, los pescadores y los agricultores. Si se reparten golosinas, todo el mundo tratará de pedir la vez en la cola que se forme, y al que se le niegue responderá, por supuesto, airadamente, mientras mirará con envidia a los invitados al convite. Se argumenta, con buena lógica, por parte de los responsables de la política económica, que los precios del petróleo deben repercutir poco a poco en los costes de producción de las empresas para evitar su cuasi-ruina. Como los consumidores carecen de un defensor tan escrupuloso, se limitan a preguntarse si no será un poco elevado el alza de un 25% de las tarifas aéreas en un país plagado de aeropuertos, y cuando la IATA ha propuesto hasta abril una elevación del 7% al 8% en los billetes internacionales.
Sin discutir si las tarifas aéreas eran relativamente baratas o no, resulta que aquí se procede a un reajuste bastante brutal, mientras que en el caso del fuel se mantiene un precio muy por debajo del coste de la tonelada «compuesta" de petróleo refinado que sale de la refinería. El fuel es nuestro consumo petrolífero más importante y el que determina, en definitiva, el volumen de importaciones; pero en tanto mantenga un fuerte elemento de subvención, todos los esfuerzos necesarios para suscitar el ahorro de petróleo y en sustitución por otro combustible adolecerán de un grave defecto: las subvenciones al consumo de petróleo.
