La izquierda y los ecologistas, contra el anteproyecto de ley del medio ambiente

«Los ecologistas de AEPDEN-Amigos de la Tierra nos negamos a intervenir en la modificación del anteproyecto de ley general del medio ambiente que haya elaborado la Administración, en primer lugar, porque no queremos participar en un arreglo de última hora para que así se pueda decir que el anteproyecto está bautizado por nosotros, y en segundo término, porque nos oponemos a una ley general ambigua, cuando lo que hay que hacer es legislar medidas para arreglar los problemas urgentes», declararon ayer miembros de esta organización ecologista en una rueda de prensa a la que también asistieron representantes de la Junta de Andalucía, el PSOE, PCE, PTE, LCR, Centro de Estudios Socioecológicos, Adelpha y el catedrático de Ecología Fernando González Bernáldez.

Todas las fuerzas políticas y ciudadanas presentes en este acto, convocado por AEPDEN, calificaron de ambiguos e imprecisos los diversos borradores del anteproyecto de ley general del medio ambiente que se conocen y manifestaron su temor de que el cuarto borrador, que está siendo redactado en secreto por la Dirección General del Medio Ambiente y que en breve pasará al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior discusión en el Parlamento, no haya modificado la línea seguida hasta ahora, ya que el equipo que lo redacta es el mismo.El catedrático de Ecología González Bernáldez declaró en su intervención «lamentar que la postura de no cooperación con los ecologistas adoptada por la actual directora general del Medio Ambiente haya conducido a la ruptura de las excelentes relaciones que este movimiento ciudadano mantenía con la Administración y del, que se habían sacado valiosos frutos, como la ley del Parque Nacional de Doñana». Refiriéndose al anteproyecto de ley del medio ambiente, afirmó que «el borrador maneja los términos ecológicos con el oportunismo típico de snobismo por la ecología que invade a numerosos partidos políticos».

Pedro Costa Morata, del Centro de Estudios Socioecológicos; Ramón Tamames, por el PCE, y Concha Sáez, por el PSOE, entre otros, coincidieron en recalcar la necesidad de que se tipifique el delito ecológico y de que se dote a los ayuntamientos de poder de decisión en estos temas, así como a los gobiernos autonómicos. Este último punto también fue recalcado por el representante de la Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que presentó en la rueda de prensa un documento elaborado por dicho organismo, en colaboración con juristas de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla, en el que, tras acusar al anteproyecto de ley general del Medio Ambiente de «abundar en declaraciones programáticas, literarias y carecer de la más elemental precisión jurídica», considera que las competencias que en él se contemplan son «por su misma naturaleza, típicamente asumibles por las comunidades autónomas».

Los grupos presentes en la rueda de prensa declararon que la reforma de los organismos encargados de la administración del medio ambiente y de la naturaleza es necesaria, coincidiendo todos ellos en que más que crear un superministerio del medio ambiente, lo más urgente es crear un organismo, con el rango que sea, pero con capacidad de decisión y, sobre todo, con personas distintas a las que hasta ahora han llevado estos asuntos y han mostrado sobradamente su ineptitud.

Esta reforma, que supondría la eliminación de competencias a numerosos ministerios en materia del medio ambiente, que en numerosas ocasiones se superponen y se encargan de los mismos temas, así como la tan solicitada reestructuración del Icona, organismo que controla la gestión de la naturaleza, no ha sido prevista en el anteproyecto de ley general del medio ambiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 23 de enero de 1980.

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