El Gobierno invertirá 300.000 millones de pesetas para reducir la dependencia energética del crudo importado

El Gobierno anunció ayer un programa de inversiones públicas de 300.000 millones de pesetas en el campo energético, cuyo objetivo será reducir la dependencia del crudo importado en la economía. Estas inversiones incluirán el destino de 97.000 millones de pesetas a varios programas nucleares, entre los que se encuentran la próxima autorización por el organismo competente, el Consejo de Seguridad Nuclear, de dos nuevas centrales nucleares (Vandellós II y Sagayó) y la aceleración de los trabajos en las ya autorizadas. El Gobierno, que el lunes anunció una subida general de los precios de los productos derivados del petróleo, también hizo pública su intención de paliar los efectos de ésta con, entre otras medidas, la reducción al 10% del tipo del impuesto sobre las piezas de repuesto de automóviles y la supresión del impuesto por tenencia y disfrute de vehículos.

El vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos, Fernando Abril, y el ministro de Industria y Energía, Carlos Bustelo, explicaron ayer, en una conferencia de prensa, en la Moncloa, la reciente subida de los precios de los combustibles, y razonaron que los incrementos anunciados venían forzados por las últimas subidas de los precios (le los crudos a cargo de los principales países exportadores de petróleo. Fernando Abril reconoció que las últimas decisiones forzarán al Gobierno a «un reajuste coyuntural» de su programa económico, y adelantó que las elevaciones de los precios energéticos tendrá un efecto añadido sobre el índice de precios al consumo, que mide el nivel inflacionista (le la economía, de un 2,5% durante el año 1980. El vicepresidente matizó que este efecto será directo e inmediato en un 1 - 1,5 %, e indirecto, a lo largo de cuatro a seis meses, en el resto.Política de cuentas claras

El vicepresidente del Gobierno, en su explicación de las subidas de los productos derivados del petróleo, admitió el «carácter impopular de las medidas anunciadas», pero señaló que el Gobierno «aún consciente de su impopularidad», se: veía forzado a presentar «las cuentas claras al pueblo español» y obligado a conducir una «política económica coherente», que obligaba a traspasar estrictamente al consumidor los mayores costes de la energía importada.

Fernando Abril, que adelantó que el Gobierno también tiene intención de subir las tarifas eléctricas (posiblemente, y según otras fuentes, en un 20% y antes de una semana), presentó la economía española como dependiente en un 67% del crudo importado a la hora de cubrir todas sus necesidades energéticas, y añadió que en estos momentos, y debido «a graves errores cometidos anteriormente por el Gobierno a la hora de estimar la profundidad de la crisis energética», España presentaba una situación particularmente vulnerable la misma.

Precisamente para contrarrestar esta vulnerabilidad en un plazo relativamente corto, el ministro de Industria, Carlos Bustelo, anunció un detallado programa de inversiones y actuaciones públicas en el campo energético, que, aunque el ministro no lo explicó, puede describirse como un «plan de independencia energética» muy similar en su filosofía al anunciado, y semifracasado, en 1974 por Estados Unidos. El ministro de Industria señaló que el objetivo de dicho programa, que incluye inversiones públicas en los dos próximos años de casi 300.000 millones de pesetas, será reducir la dependencia del petróleo a un 50% de nuestras necesidades energéticas antes de 1984.

Antes de pasar a explicar en detalle el programa de inversiones y actuaciones gubernamentales, Carlos Bustelo hizo historia reciente de la situación que presenta el mercado mundial de los crudos y el impacto que ésta tendrá sobre la economía española. Como es tradicional en la filosofía gubernamental desde el pasado mes de julio, cuando se anunció otra importante subida de los precios de los productos energéticos derivados del petróleo, tanto Bustelo como Fernando Abril justificaron la necesidad de establecer una «nueva estructura de precios más racilonal», en base a esta nueva situación internacional del mercado del petróleo, y explicaron que la filosofía gubernamental persiste en su propósito de traspasar al consumidor los aumentos del coste de los crudos.

Carlos Bustelo señaló en este sentido que la factura petrolífera en 1980 superará los 11.000 millones de dólares, y dijo que ésta era más del doble que la pagada en 1978. Indicó que los cálculos del Gobierno para establecer los nuevos precios de los productos petrolíferos se basaban en el coste mínimo del barril del petróleo, en torno a los 27,50 dólares, e indicó la esperanza gubernamental de que este precio mínimo se mantenga durante los primeros cuatro meses de este año. Estas previsiones, que algunos expertos consideran excesivamente optimistas, estaban basadas en los contratos a largo plazo que el Gobierno o las empresas privadas españolas han firmado para el año 1980 y a los recientemente firmados, que el ministro de Industria describió como «francamente favorables».

Respecto al tema de los suministros, Bustelo señaló que actualmente se cuenta con unos stocks y reservas de petróleo y productos refinados superiores a 112 días (dossemanas másque en las mismas fechas del pasado año), y añadió que los contratos en firme para el año 1980, negociados por el Gobierno o por las empresas concesionarias, se calculan en 41 millones de toneladas, lo que equivale a cerca del 80 % de nu-estras necesidades de petróleo durante el año.

A este respecto, el ministro de Industria afirmó que «España puede pagar su factura en términos de divisas, pero sera necesario también pagarla en términos reales y con una distribución equitativa de sus costes por toda la sociedad española». En este sentido, Abril Martorell señaló que la fórmula encontrada por el Gobierno para esta distribución equitativa era el aumento líneal de precios, con ligeras correcciones en los regímenes de subvenciones y en algunos productos de consumo masivo y popular, como es el caso de la bombona de butano (mantenimiento de cien pesetas de subvención).

El vicepresidente del Gobi erno rechazó las argumentaciones de que las subidas habían incluido modifiaciones del sistema ¡mpositivo y del régimen fiscal aprobado por el Parlamento, y dijo: «El Gobierno no ha hecho negocio con los nuevos precios, aunque tampoco habrá un solo céntimo de coste para la Hacienda pública.»

En cualquier caso, el vicepresidente Abril descartó la posibilidad de un eventual racionamiento de la gasolina al señalar que «no había razón para pensar en el recionamiento en estos momentos».