La sombra de la guerra civil

La dimisión del Gobierno salvadoreño proyecta sobre esta República centroamericana la sombra de la guerra civil, al haber fracasado la viabilidad política de la junta cívico-militar que el pasado 15 de octubre derrocó al dictador Carlos Humberto Romero. La Democracia Cristiana y el Partido Comunista -englobado en la Unión Democrática Nacionalista- mantuvieron su apoyo hasta el último momento a la actual Junta de Gobierno, pero ahora lo han retirado ante la ingobernabilidad de un país polarizado por unas fuerzas armadas mayoritariamente opuestas al cambio y un pueblo cada vez más galvanizado por las consignas de la extrema izquierda guerrillera.La experiencia de democracia controlada en El Salvador parece haber nacido muerta, ya que, hasta el momento, ninguno de los principales enunciados de la Junta de Gobierno ha podido verse plenamente materializado en cuanto a la democratización del país. La oposición de los militares con mando en el Ejército, de un lado, y el hostigamiento y la desconfianza de los sectores de la extrema izquierda, por otro, han deteriorado profundamente la viabilidad de un régimen mixto en el que ni los civiles ni los militares han llegado al entendimiento, pese a sus intentos democratizadores encaminados a eludir un baño de sangre, cada vez más cercano.

De fracasar completamente esta experiencia democratizadora moderada, fracasaría también el proyecto de sus mentores políticos en el interior y en el exterior del país, amalgamados éstos en torno al ala denominada blanda del Departamento de Estado norteamericano, en la que William Bowdler ha jugado un papel destacado respecto a El Salvador.

La política de Washington ha variado en los últimos años desde un apoyo amplio a los regímenes dictatoriales de El Salvador, que se suceden en el país desde 1931 -con un impresionante saldo de represión sobre las organizaciones políticas y sindicales- hasta una simultaneidad entre este apoyo y la elaboración de un reformismo preventivo orientado a eludir que la llama revolucionaria prenda en este país al igual que en su vecino, Nicaragua, por el pertinaz mantenimiento de Anastasio Somoza.

En base a esta la política exterior norteamericana respecto a Centroamérica encontró vivas polémica en su seno y, por fin, con una tenaz resistencia, se dio luz verde al proyecto salvadoreño, encarnado por la Junta de Gobierno, que expulsó del poder al general Carlos Humberto Romero, llegada al poder tras unas elecciones realizadas en febrero de 1977, cuyo flagrante fraude impidió la victoria del coronel Eduardo Claramunt, encuadrado en la Unión Democrática Nacionalista.

Estados Unidos avaló y conoció previamente el golpe contra Romero y alteró sus restricciones al aprovisionamiento de armas a El Salvador -monopolizado por Israel-, como apoyo al nuevo régimen. La situación en este país no podía ser más desastrosa por sus condiciones estructurales, pese a su riqueza cafetalera, privilegiada en el mercado mundial. Treinta familias controlan más del 45% de la producción y exportación de este producto, en un país con 21.000 kilómetros cuadrados y algo menos de cinco millones de habitantes, bajo unas condiciones de vida mayoritariamente paupérrimas.