El Senado "suaviza" las condiciones para la constitución de asociaciones judiciales

El Pleno del Senado aprobó ayer el proyecto de ley del Consejo General del Poder Judicial, con abundantes modificaciones respecto al texto aprobado por el Congreso, por lo que el proyecto deberá ser devuelto a esta Cámara. Entre las modificaciones figura la rebaja del 20% de miembros de la carrera judicial necesarios para formar una asociación, según exigía el Congreso, al 15%. Los socialistas no se dieron por satisfechos con la rebaja y mantuvieron su petición de que el asociacionismo sea totalmente libre.El portavoz de los senadores del PSOE, Antonio Ojeda, admitió que se había mejorado el texto, pero entendió que, de todas formas, se mantiene una restricción al derecho constitucional de asociación. Manuel Villar Arregui, de UCD, sostuvo que el nuevo porcentaje logra una síntesis feliz entre las posiciones de partida. Sobre este mismo tema, el senador vasco Federico Zavala lamentó que no se puedan constituir asociaciones mas que de ámbito estatal, «lo que puede convertir en ficticio este derecho ya recortado». Alfonso Porta, de UCD, juzgó inoperantes las asociaciones de ámbito autonómico.

Otro aspecto objetado fue la modificación del artículo 22, relativo a la situación de los miembros del Consejo. Mientras el Congreso aprobó un texto, según el cual todos ellos quedarían en situación de excedencia especial, la Comisión del Senado decidió que sólo queden en esa situación los miembros de la permanente del Consejo, y así se aprobó en el Pleno. Los socialistas objetaron que ello puede suponer la imposibilidad física de que los miembros del Consejo que no estén en la permanente puedan cumplir sus funciones, y nuevamente Villar Arregui dijo que lo aprobado era una síntesis, esta vez entre la postura de la ponencia de que todos siguieran en el ejercicio de sus funciones, y la del Congreso de los Diputados. Antonio Uribarri, de UCD, dijo que no debe haber jueces ociosos.

Por su parte, el Grupo Vasco lamentó la supresión de la disposición adicional tercera, según la cual la ley del Consejo General del Poder Judicial se habría aplicado en las comunidades autónomas, sin perjuicio de lo que dispusieran los respectivos estatutos de autonomía. Federico Zavala calificó la supresión como extremadamente grave, por cuanto recorta las competencias de los entes autonómicos. Villar Arregui se opuso a la pervivencia de la disposición, «que si tuviera algún sentido habría que añadirla a todas las leyes».

El Grupo Socialista había presentado fuera de plazo sus reservas al texto aprobado por la Comisión, pero el presidente de la Cámara accedió a que, de todas formas, se votaran los puntos cuestionados. A la regulación de la excedencia de los miembros del Consejo se opusieron los senadores socialistas, y a la disposición sobre el mínimo para constituir asociaciones, otra vez el PSOE y el Grupo Vasco, siempre sin éxito.

Según informó Alfonso Porta, en nombre de la Comisión, se han modificado en total veintitrés de los 51 artículos de la ley, mediante la admisión de 32 enmiendas por unanimidad y otras dos por mayoría. Todas ellas deberán ser aceptadas o rechazadas por el Congreso.

En la sesión intervino el ministro de Justicia, Iñigo Cavero. Sus palabras precedieron al debate, según él mismo dijo, por obligaciones en el Congreso de los Diputados y debido a las tareas propias de su cargo, entre las que citó los problemas producidos en centros penitenciarios.

Iñigo Cavero hizo una descripción de la nueva ley, que se ha hecho separada de la orgánica del Poder Judicial, para que se pueda constituir el Tribunal Constitucional, dos de cuyos miembros serán elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Respecto al asociacionismo, dijo que se han regulado a partir de posturas distantes de partida, y recordó que las asociaciones no podrán tener carácter político, ni lazos con partidos o sindicatos, para que el principio de la independencia judicial sea efectivo.

En la misma sesión se aprobó también una proposición no de ley del Grupo Mixto, defendida por el senador independiente Ramiro Cercós, para que el Gobierno informe ante el Senado sobre criterios y medidas que pongan fin a la grave situación por la que atraviesa la tecnología española.