El absentismo de UCD puede costarle al Gobierno avalar créditos de hasta 58,000 de pesetas

El absentismo en los bancos de UCD volvíó a determinar durante la sesión matutina del Pleno del Congreso, que se prolongó hasta pasadas las tres y media de la tarde, dos nuevas derrotas para el partido gubernamental, al ser aprobadas (los enmiendas -por 139 votos contra 138-, una del Grupo Vasco y otra de los socialistas, al articulado de la ley General de Presupuestos del Estado para 1980, por las que se autorizan concesiones de garantía por el Estado a las sociedades de garantías recíprocas (Grupo Vasco), y al Instituto de Crédito Oficial, a prestar avales para operaciones de crédito exterior firmadas por las corporaciones locales, ésta del Grupo Socialista.

La mañana transcurrió monótona mientras se aprobaron los artículos doce al dieciocho, varios de ellos sin enmiendas y a lo largo de los que UCD impuso su voluntad. Los problemas se iniciaron con el debate del artículo 20, que incorpora al presupuesto ordinario de gastos dotaciones por 20.000 millones de pesetas «con destino a acciones urgentes en zonas de escaso nivel de desarrollo, en las que exista un elevado índice de paro no cubierto por el seguro de desempleo, mediante realización de inversiones que tengan gran incidencia directa en la absorción de mano de obra». Además del incidente que protagonizaron algunos diputados de UCD y que se cuenta en otro lugar de esta misma página, el grupo andalucista, a través de Emilio Pérez Ruiz, abrió fuego ironizando sobre «la no existencia de desequilibrios regionales en España». Según los cálculos del diputado andaluz, el 5,9% de los gastos de inversión van a Cataluña; el 2%, al País Vasco; el 11,77%, a Andalucía; el 2%, a Extremadura; el 6%, a Castilla y León, y el 18%, a Madrid, «sólo a Madrid», recalcó el diputado. Existe además, según él, una partida de 94.000 millones en inversiones que no está distribuida regionalmente. Todo este conjunto de datos dibujan para Pérez Ruiz el cuadro «de un Estado absolutamente centralista».«Se aparca», dijo, «la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, mientras Cataluña y Euskadi preparan sus propias normas», y preguntó con insistencia y desde distintas perspectivas porqué no se ha contemplado el mandato constitucional que exige re distribución y solidaridad entre las regiones. Su enmienda pedía, en concreto, que el 20% de los presupuestos de inversiones vayan a territorios con renta por debajo de la media nacional, incluyendo aquí las bolsas de pobreza que puede haber en provincias ricas del País Vasco y Cataluña.

Alberto Oliart replicó que había errores de cálculo en las formulaciones del diputado andalucista, que no era éste el método para corregir desequilibrios muy lejanos en el tiempo y que hay regiones consideradas ricas con índices de paro iguales o superiores á los de las más deprimidas.

En ese momento subió a la tribuna el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, para explicar que «técnicamente no. es posible incorporar al Presupuesto el fondo de redistribución coyuntural». Aseguró que fijar los criterios de distribución era tema especialmente difícil y delicado y que la acusación sobre Madrid en torno a que el 18% de inversión se fijase en la capital no es sino la consecuencia lógica de que se contrate en Madrid, sin que ello signifique que la inversión sea operativa sólo para esta ciudad. Puso como ejemplo que grandes partidas de material de defensa, telecomunicaciones y obras públicas se contratan por el Estado en la sede central, pero se redistribuyen a lo largo de todo el territorio. Lo mismo argumentó para el presupuesto del INI y por fin argumentó que «es muy pobre pedir que sólo el 20% de las inversiones se redistribuya con esos criterios. Es más lo que hay que hacer, hay que redistribuirlo todo y así se ha hecho en el Presupuesto».

La moción fue derrotada por 142 votos negativos, 45 afirmativos y 108 abstenciones, de los socialistas.

Después de la intervención de Ramón Trías Fargas, para explicar que los catalanes habían votado afirmativamente, aunque no estuviesen de acuerdo con los criterios técnicos del grupo andalucista, Alfonso Guerra tomó la palabra para decir que «alguno o tal vez todos los que han votado sí a esta enmienda no lo hubieran hecho de haber sabido que podía prosperar». Explicó que el voto afirmativo era imposible porque también la aplicación de la enmienda era imposible.