Fuerte oposición al proyecto del Gobierno
Ayer comenzó en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados la discusión del documento presentado por el Gobierno en el que, bajo el título Líneas generales de la reforma sanitaria, se exponen las pautas de la reforma sanitaria que el departamento de Juan Rovira Tarazona se ha propuesto iniciar, con la cooperación de un amplio equipo ministerial, integrado, en estos momentos, por un secretario de Estado, prestigiado en la clase médica, el doctor Segovia; un subsecretario, doce directores generales y dieciocho subdirectores generales.La reforma prevé, entre otras cosas, la utilización máxima de todos los recursos sanitarios disponibles en el país, integrando en un único organismo la Administración pública o privada de la sanidad española. Para eso va a ser creado, entre otros entes, el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), que, con siete subdirecciones generales, abordará la gestión sanitaria con criterio empresarial.
Sin embargo, el proyecto del Gobierno de Unión de Centro Democrático parece que va a ser fuertemente contestado por los grupos parlamentarios del Congreso. La postura de todos ellos se muestra muy critica respecto al proyecto de reforma sanitaria tal como éste ha sido concebido. Se observa, paradójicamente, una fuerte coincidencia entre las posturas del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista. de España, la Minoría Catalana y Coalición Democrática.
En su conjunto, las críticas al proyecto están situadas en la misma tónica que las objeciones que han sido formuladas por parte de algunos colegios de médicos, farmacéuticos, veterinarios, ATS y físicos, así como de las centrales sindicales. Incluso el grupo centrista, al que pertenece el Gobierno, ha matizado algunos puntos, de un modo que parece dar la razón a algunos de los argumentos esgrimidos por los detractores del documento del Gobierno. Las observaciones presentadas revisten el carácter de enmienda a la totalidad, lo que colocará, sin duda, en apuros al propio proyecto, pese a la mayoría parlamentaria de que disponen los creadores del mismo.
El Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, por ejemplo, comienza lamentando que por resolución de la presidencia de la comisión sólo sea posible presentar observaciones y sugerencias al resumen del documento, y no a su texto íntegro. A continuación expone severas críticas en relación con once de los dieciocho epígrafes contenidos en el resumen. Entre los siete epígrafes a los que Coalición Democrática no presenta observa ciones figuran los que expresan la regionalización y financiación de la sanidad española. Pero Coalición Democrática concluye negativamente su valoración del proyecto considerándolo que «1. Se trata de una reforma totalmente insuficiente por no acometer la reforma de la salud pública y ni siquiera afectar a toda la asistencia médico-farmacéutica. 2. Carece de base científico-sanitaria porque no tiene fundamentos epidemiológicos. 3. Carece de base jurídica porque ignora completamente la legislación precedente, la vigente y la propia Constitución. 4. Carece de realidad porque la libre elección de facultativo en base a una iguala acelerará aún más el crecimiento de los costes. 5. Es antidemocrático en su elaboración porque se ha hecho con nula o escasa participación y sin asesoramiento de los órganos técnicos y, en consecuencia, está afectado de una serie de errores conceptuales y terminológicos inadmisibles. 6. No delimita un calendario de previsible ejecución».
«En general», concluyen los portavoces de Coalición Democrática, «nos parece un documento poco estudiado, genérico y superficial.» Entre las críticas concretas que formula este grupo parlamentario se destacan las que se refieren a la implantación del sistema de igualas en la asistencia primaria, que califican como un «indudable retraso social» porque va a suponer para los usuarios un coste más gravoso, lo que es tanto más criticable por coincidir en época de crisis económica, y supondrá un aumento injustificado del gasto sanitario, puesto que «la iguala es un lazo puramente económico, y seguirá el mecanismo de la oferta y la demanda y no hay argumentos que permitan afirmar que la iguala establece lazos humanos o psicológicos».
Se dirige, sin duda, esta crítica a la pretensión por parte del proyecto de UCD de estrechar la relación médico-enfermo. En efecto, según la más adelantada investigación médica y psicosomática, el éxito de un tratamiento está en función de la actitud recíproca del médico y el paciente. Se comprueba empíricamente que un medicamento actúa más o menos, mejor o peor, sobre una enfermedad no sólo, según el tipo de paciente, sino también según el carácter positivo de la relación médico-enfermo. La reforma sanitaria va a intentar que el paciente pueda elegir a su médico, pero, según CD, no está claro que la forma de hacerlo garantice el éxito de la nueva relación médico-enfermo.
CD también es muy severa contra lo que considera «hospitalcentrismo», presente en el documento del Gobierno. «Es por lo menos discutible», se afirma, «que toda la medicina asistericial especializada deba estar dirigida desde el hospital... En la apología que se hace del hospital se intenta descargarlo de aquellas funciones que pudieran perturbar el clima sereno que se pretende conseguir.»
Tampoco está de acuerdo CD con el tratamiento que se pretende dar a la asistencia psiquiátrica, ya que, según este grupo parlamentario, «es anticuada y discriminatoria la división entre hospitales psiquiátricos de agudos y crónicos, ignorando, en cambio, la creación de unidades psiquiátricas en los hospitales generales... Es ambiguo el planteamiento general (del tema psiquiátrico) y no se define si será integrada o no (la psiquiatría) en la Seguridad Social, como debiera ser».
También discrepa CD respecto a los cometidos de los centros médico-sanitarios, a los que el documento del Gobierno encomienda la asistencia sanitaria del segundo nivel y en las referencias a la ordenación farmacéutica. Se ataca con bastante dureza la creación de INSALUD, organismo gestor, como ya dije, de la parte administrativa, operativa y económica de la reforma, al que Coalición Democrática considera «reencarnación monstruo del extinto INP ... », ente al que tarribién califica de «efírnero y fantasmagórico, si el modelo del Estatuto Vasco prospera».
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