El doblaje de las películas, tema de fondo del debate

El fantasma del doblaje cinematográfico se apoderó ayer del Pleno del Congreso, mientras los diputados debatían y aprobaban el proyecto de ley sobre regulación de las cuotas de pantalla y de distribución cinematográfica: sólo así se explica que socialistas y Coalición Democrática intercambiasen la voz y aquéllos retirasen una enmienda en favor de los fraguistas, y que los del centro se sumasen con estusiasmo a varias enmiendas del PSOE en artículos que centraban el meollo de la cuestión. El proyecto, en esencia, instituye la cuota de pantalla: una película española debe exhibirse por cada tres extranjeras, con control cuatrimestral de esta proporción y establece también la cuota de distribución, que consiste en que las distribuidoras podrán obtener hasta cinco licencias de doblaje de películas extranjeras por cada película española que acrediten tener contratada para su distribución.

El problema de la cuota arranca de muy atrás, y ha sido necesario regularlo por ley después de un problema jurídico formal, resuelto por el Supremo, quien sentenció que, tratándose de una norma restrictiva de libertades, era necesario que tuviese rango de ley, y, en consecuencia, estableció la ilegalidad de que se regulase a través de decreto y orden ministerial.

El ministro de Cultura, Manuel Clavero, abrió el debate presentando el proyecto para calificar «de situación crítica» la que atraviesa el cine español, por la baja producción en el último año, y así, frente a 105 largometrajes y 144 cortos en 1978, hasta el 16 de noviembre de este año se llevan producidos 64 y 67, respectivamente. El ministro explicó la necesidad de esta regulación tras la sentencia del Tribunal Supremo y aseguró que es necesario engarzarlo con una política cinematográfica global, de la que anunció los siguientes pasos: un proyecto de ley para clasificar las salas de exhibición, que tendrá entrada inmediata en las Cortes, la ampliación y flexibilidad del crédito para la industria cinematográfica y el apoyo de Televisión al cine español, para lo que se a convocado un concurso por valor de 1.300 millones de pesetas, destinadas a la producción de películas españolas.

Explicó luego que toda política cultural debe ser una política de protección, y que con el proyecto se establecía de doble manera a través de las dos cuotas, de pantalla y de distribución. La primera de ellas con antecedentes similares y aun de mayor rigor proteccionista en Italia, Holanda, Francia y Reino Unido, por ejemplo, mientras que la cuota de distribución no tiene antecedentes en el derecho comparado. Clavero concluyó expresando su esperanza de que esta última medida no sea necesaria más allá de un horizonte de dos años.

Miguel Roca, por la Minoría Catalana, pidió que se volviese al antiguo sistema de cuota de pantalla, fijando la obligatoriedad de exhibición de una película española por cada dos extranjeras. Si se arguye, dijo, que no hay producción suficiente, vamos a facilitar con este instrumento legal que esa producción se intensifique al máximo.

Bejamín Casas, por los centristas, defendió la proposición del Gobierno sobre la base de que el juego de las dos cuotas -pantalla y distribución- ofrece una protección suficientemente equilibrada y hace innecesario el uno por tres que pedían los catalanes.

Pedro Bofill defendió con éxito varias enmiendas socialistas. Quería evitar la minoría de izquierda que los exhibidores acumulasen los peores días de la semana y en los meses de verano la proyección de películas españolas y proponían que el control de la cuota de pantalla tuviese carácter cuatrimestral. Explicó como el propio ministro había señalado que en Francia es obligatorio la exhibición de películas nacionales cinco semanas por trimestre, en Italia, veinticinco días por trimestre, y en términos parecidos en Gran Bretaña.

El ejemplo holandés lo aclaró más: «Allí llaman a las cosas por su nombre», dijo, y lo que han hecho es prohibir que durante doce semanas se proyecte cine producido por Estados Unidos, «para evitar la colonización». Explicó entonces que para la política norteamericana, el cine constituye un vehículo ideológico de primer orden y que debíamos protegernos de lo que el propio Departamento de Estado ha llamado sustitución de la penetración de los tanques por la de los medios de comunicación.

En ese momento, Coalición Democrática introdujo una enmienda in voce para que Televisión Española incluya en su programación una película española por cada diez de las que emita, y que ninguna de las que proyecte sean contrarias a los fines que determina el estatuto de la propia televisión. Fue entonces cuando el PSOE anunció que retiraba una enmienda de signo parecido, en favor de la anterior, y, posteriormente, se produjo un versallesco intercambio de piropos entre los grupos.

La pretensión de la Minoría Catalana fue derrotada, mientras que la enmienda del PSOE, es decir, el control cuatrimestral de la cuota, pasaba adelante con la abrumadora mayoría de 285 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Hubo extensos y frecuentes turnos de explicación de voto para las distintas enmiendas a los apartados del articulado que se iban examinando, y una vez que los comunistas, a través de Pilar Brabo, explicaron que ellos habían retirado una enmienda idéntica a la catalana, tras llegar a la conclusión de que era imposible para la producción cinematográfica española cubrir la cuota de dos por uno, se votó la totalidad del artículo -clave del proyecto-, que obtuvo 283 votos favorables y cinco abstenciones.

Los artículos segundo y tercero, que regulan la exhibición de cortometrajes y la cuota de distribución, respectivamente, se aprobaron también con oposición insignificante.