La paralizacion de Mercamálaga evidencia la debilidad del pacto de la izquerda

En caso de que el Ayuntamiento de Málaga pierda el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una reciente resolucíón del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), que ha denegado la recaliricación de los terrenos en los que se construye Mercamálaga, las obras ya realizadas -por un importe de unos setecientos millones de pesetas- tendrían que ser demolidas. La resolución del MOPU ha puesto al descubierto el viejo problema de las irregularidades urbanísticas en Málaga.

El proyecto para construir Mercarnálaga en régimen de sociedad mixta formada por Mercasa y el Ayuntamiento fue aprobado hace varios años, con Cayetano Utrera de alcalde. Posteriormente, ya con Luis Merino Bayona al frente de la Corporación, se iniciaron las obras, que han continuado, hasta finalizar prácticarnente la primera fase, con el actual Ayuntamiento.En todo este proceso había un dato ignorado por la opinión pública, pero conocido por los sucesivos ayuntamientos: las obras eran ilegales, pues se estaba construyendo en unos terrenos considerados como rústicos. Todo lo que se hizo en su día fue pedir la recalificación de estos terrenos como urbanizables de uso industrial, pero no se esperó, para iniciar las obras, la oportuna resolución del MOPU en la confianza de que ésta no podíaser sino positiva. Ahora, la negativa del MOPU a recalificar los terrenos ha caído como una bomba, pues nada menos que setecientos millones de pesetas están en juego.

El Ayuntamiento, tan pronto conoció la noticia, hizo un comunicado dirigido al pueblo de Málaga (véase EL PAIS del pasado día 18), dando cuenta de que habla procedido a paralizar las obras e interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución ministerial. El comunicado estaba firmado por el alcalde y por los portavoces de todos los grupos presentes en el Ayuntamiento a excepción del PSA, partido este que había polemizado los días anteriores con el grupo del PSOE a propósito del tema de Mercamálaga. Según el PSA, no se contó con su portavoz, Rafael García Cervantes, para elaborar el comunicado dirigido a la opinión pública.

Rafael García Cervantes, por su parte, ha declarado que el PSA considera absurda la decisión del MOPU y apoya a los otros grupos políticos del Ayuntamiento en la interposicion del recurso, no obstante lo cual critica la decisión municipal de paralizar las obras. «Hasta ahora», ha dicho el señor García Cervantes, «se habían seguido las obras en una situación de inseguridad jurídica porque todos estábamos de acuerdo y creíamos que era justo para Málaga. ¿Por qué cambiar de actitud tan repentinamente? Un ayuntamiento vasco o catalán ¿se hubiese doblegado tan fácilmente a tan absurda decisión de la burocracia centralista? »

Los restantes grupos del Ayuntamiento no comparten este deseo del PSA de saltarse la legalidad a la torera. Han parado las obras y han interpuesto el oportuno recurso, que confian que les dé la razón en este affaire, entre otras razones, porque de no ser así se iban a encontrar en serias dificultades para explicar al pueblo de Málaga que se han tirado setecientos millones de pesetas por la borda, sin que el recordar que este es un tema heredado de la anterior Corporación les pueda ser de gran utilidad.

El tema de Mercamálaga puede ser, por otra parte, un poco la gota que colme el frágil vaso del pacto municipal en Málaga, prácticamente roto ya. De confirmarse algunos rumores que apuntan a la posibilidad del cese de varios concejales del PSA en sus respectivas delegaciones, la situación podría tener graves consecuencias no sólo en Málaga, sino en Andalucía, toda vez que algunos de los acuerdos tomados en su día por los partidos PSOE, PCE y PSA son de ámbito regional, como es el caso, por ejemplo, de las delegaciones de Cultura, todas las cuales están desempeñadas por el grupo andalucista.