Los partidos mayoritarios, basicamente de acuerdo sobre el desarrollo del proceso autonómico

Los tres partidos mayoritarios defienden la conveniencia de conseguir un ritmo sosegado, que evite la proliferación de consultas alternativas «que harían este país ingobernable». Del mismo modo, consideran conveniente armonizar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. A este respecto, UCD es partidaria de que los estatutos de autonomía sigan las pautas establecidas en el texto catalán y en el proyecto de ley de financiación de las comunidades autónomas, de forma que los desequilibrios se corrijan por medio del Fondo de Compensación Interterritorial.Socialistas y comunistas están, en principio, de acuerdo con este planteamiento, y en base a esto han presentado una enmieilda al proyecto de ley antes mencionado, en la que proponen que el Fondo de Compensación suponga al menos el 30% del presupuesto destinado anualmente por el Estado a la inversión pública. Enmienda que el partido centrista asegura que será aceptada.

UCD: no a recetas simples

Evitar que el Estado autonómico resulte un puzzle absurdo. es la principal preocupación del partido del Gobierno. Con este fin se ha creado en el seno del comité ejecutivo de UCD una comisión, a cuyo frente está el ex ministro Rodolfo Martín Villa, para perfilar los criterios centristas para el desarrollo del proceso autonómico. Forman también parte de dicha comisión José Pedro Pérez-Llorca, Rafael Arias-Salgado, Antonio Fontan, Oscar Alzaga, Francisco Fernández Ordóñez, Luis Gamir y Alberto Oliart.

Aunque no han adoptado decisiones firmes, los dirigentes centristas coinciden en la necesidad de establecer un ritmo sosegado que vendría facilitado por la adopción del artículo 143 como vía de acceso a la autonomía por la mayoría de los pueblos de España. «Las recetas simples que predican ciertos sectores de nuestra clase política», ha manifestado Oscar Alzaga, «intentando incitar en todas nuestras provincias el que se exija la máxima autonomía en el mínimo de tiempo, supone empujar a nuestro país por la pendiente del caos administrativo y de un crecimiento incontrolado del gasto público, que, sin duda, reportaría un grave perjuicio al autogobierno de nuestros pueblos.»

La valoración del artículo 143 como sistema más recomendable para conseguir la autonomía, aparece recogida en un informe elaborado por Martín Villa, que fue aceptado como base de trabajo por el comité ejecutivo de UCD. El texto expone en siete apartados un análisis de la situación autonómica y las alternativas que podrían adoptarse para corregir problemas presentes y futuros.

En primer lugar aborda los regímenes preautonómicos, para los que se solicita una reordenación del proceso de transferencias, «que se han hecho en un mercado continuo, sin visión de conjunto». Se aboga por la cesión de bloques completos de competencias, con el fin de evitar que funcionarios locales estén dependiendo de varias autoridades, concesión de mayor participación a los poderes locales y liberar a los parlamentarios de cargos en los organismos preautonómicos, medida ésta que también se aconsejará en las comunidades autónomas.

El informe postula en cuanto a las nacionalidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia) una cierta armonía entre el Estado y las comunidades autónomas a la hora del desarrollo legislativo. Con este fin se apunta la posibilidad de crear comisiones mixtas de expertos que no actúen con un planteamiento político puro «porque lo que está en juego es la funcionalidad del Estado». Las transferencias a estos territorios habrán de efectuarse de forma racional y generosa.

Para los restantes territorios, propone un nivel de competencias homogéneo al de los antes mencionados, «por razones dejusticia y por la propia funcionalidad del Estado». No obstante, para su acceso a la autonomía recomienda utilizar los mecanismos previstos en el artículo 143 de la Constitución, ya que, de lo contrario, entre el 28 de febrero de 1980, fecha prevista para el referéndum de adhesión a la autonomía del pueblo andaluz, hasta marzo de 1983, mes en el que finaliza la vigencia de la actual legislatura, habrán de celebrarse más de cincuenta consultas electorales.

Por último, el informe estima imprescindible una nueva ley de régimen local, que dote de mayor autonomía a los municipios.

PSOE: calendario flexible

El PSOE no se muestra partidario de establecer un calendario rígido, por estimar que sería de difícil cumplimiento, dada la complejidad de la política autonómica, para cuyo desarrollo juzga imprescindible un consenso entre las fuerzas mayoritarias. «No se puede cambiar la forma de Estado», afirma María Izquierdo, responsable de la secretaría de política autonómica, «sin un acuerdo conjunto, ya que las autonomías son una cuestión clave de la Constitución.»

Los socialistas abogan también por un ritmo sosegado para el desarrollo del proceso, que en buena parte viene dado por la presión política, la conciencia autonómica y la capacidad de gestión de una determinada comunidad. En base! a esto, la ejecutiva del PSOE se inclina por el artículo 143 de la Constitución como vía más segura para acceder a la autonomía; «el 151 es una auténtica carrera de obstáculos», afirma uno de sus rniembros, «con los inconvenientes que esto suscita para cualquier mecanismo en rodaje». Un informe elaborado por María Izquierdo establece la conclusión de que, a través del artículo 143, cualquier comunidad puede llegar a los mismos techos y a una autonomía tan plena como la de los pueblos que empleen el otro sistema.

No obstante, esta portavoz ha precisado que el PSOE va a facilitar a los socialistas los datos que posee sobre las posibilidades que ofrecen estos dos artículos, pero sin presionar sobre sus futuras decisiones.

Otra ventaja que encierra el artículo 143 para los dirigentes socialistas es que, a través de él, se puede evitar la dinámica de continuos referendos y elecciones, situación que propiciaría un fuerte abstencionismó y frustraría las ansias de autonomía.

El PSOE estima que la política autonómica debe basarse en tres ejes fundamentales: voluntad de acercar el poder a los ciudadanos, fomentar la solidaridad y respetar la identidad de los pueblos. En razón de estas premisas reivindica mayor poder para los municipios, como núcleos de la autonomía, «que no termina con la creación de los organismos autonómicos»; sentar los principios para que la solidaridad no sea más que una palabra por medio de unos niveles salariales dignos, un sistema de relaciones laborales honesta y un sistema financiero adecuado.

Sobre este último punto, María Izquierdo destaca que los estatutos de las tres nacionalidades históricas tienen sistemas financieros distintos, y sugiere que las correcciones de los desequilibrios se efectúen utilizando adecuadamente el fondo de compensación interterritorial.

Por último, los dirigentes del PSOE reclaman con urgencia una nueva ley de régimen local.

PCE: el proceso será largo

El PCE también considera urgente establecer un calendario para regular el proceso. «De lo contrario», afirma Enrique Curiel, «entraríamos en un desorden que beneficiaría únicamentea las fuerzas contrarias a la autonomía. Es preciso ordenar para fortalecer.» Sin embargo, los comunistas no han adoptado acuerdos firmes sobre el tema. Desean llegar a un entendimiento con los socialistas en torno a esta cuestión, «lo que supondría una garantía dedemocracia», antes de finales del presente año.

Los comunistas consideran equivocado el criterio de que acogerse al artículo 151 permite llegar a una autonomía de primera, y por la vía del 143 se logra únicamente un autogobierno de segunda. Quienes manejan este argumento, subraya un miembro del comité central, son los nostálgices del centralismo, que intentan propiciar un enfrentamiento entre los distintos pueblos de España. No obstante, el PCE estima que, además,le las tres nacionalidades históricas, Andalucía, Canarias y el PaísValenciano, deben contar con instituciones autonómicas en un plazo corto y seguir el procedimiento que establece el artículo 151 de la Constitución, a pesar de las dilicultades que encierra.

El proceso, que sin duda tendrá que ser largo, ya que Italia tardó veinte años en pasar de un Estado unitario a un Estado autonómico, según ha comentado un dirigente del PCE, habrá de culmiriar con la equiparación de competencias de las distintas comunidades autónomas, en la forma que prevé la Constitución.

Suscriben también los responsables del PCE la necesidad de racionalizar las consultas que conllevan los regímenes de autonomía. A éste respecto, sugieren que las elecciones a los Parlamentos de Cataluña, País Vasco y Galicia podrían celebrarse en la misma fecha, «No podemos meternos alegremente en consultas progresivas, que quizá derivarían en un enfriamiento de las autonomías.» Otro inconveniente que a su juicio acarrearía la proliferación alternativa de referendos y elecciones sería un incremento de la abstención, que podría ser utilizada por los sectores más centralistas para justificar un cierto repliegue.

Los comunistas, al igual que UCD y PSOE, son partidarios de una nueva ley de régimen local, que facilite el desarrollo de las autonomías. En este sentido, el PCE proyecta promover una campaña en los municipios para que sus habitantes comprendan la necesidad de conseguir una ley que permita a los ayuntamientos disfrutar de una amplia autonomía.