UCD y PSOE unen sus votos para la aprobación de la ley Orgánica del Poder Judicial

La Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español impusieron sus criterios sobre los restantes grupos parlamentarios en el debate del proyecto de ley orgánica del consejo general del poder judicial, iniciado ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados. El Grupo parlamentario del partido del Gobierno y el grupo mayoritario de la oposición ya hablan llegado a un acuerdo sobre el texto del proyecto de ley, cuando éste fue informado por la ponencia nombrada al efecto por la Comisión de Justicia, y el resultado ha sido la defensa cerrada de ambos grupos en el Pleno del dictamen emitido por la ponencia.

Los grupos minoritarios se estrellaron una y otra vez contra la suma de votos de ucedistas y socialistas y no lograron introducir ninguna enmienda al texto consensuado entre ambos grupos, aunque los socialistas, generalmente, se abstuvieron en el caso de las enmiendas de origen comunista.El proyecto de ley orgánica del consejo general del poder judicial es el segundo texto de desarrollo constitucional, de carácter orgánico, que llega al Pleno del Congreso. La primera ley de carácter orgánico aprobada por el Parlamento fue la que regula y pone en marcha el Tribunal Constitucional. Precisamente por razones de urgencia política, que tienen que ver con la puesta en marcha del Tribunal Constitucional, se remitió inmediatamente después al Parlamento el proyecto de ley del consejo general del poder judicial, ya que este organismo es uno de los que tienen la facultad de proponer dos de los doce miembros del Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley, cuyo debate inició ayer el Congreso de los Diputados, regula la constitución y el funcionamiento del consejo general, como órgano de gobierno de la Magistratura española. El primitivo texto remitido por el Gobierno al Congreso fue ampliamente criticado en los medios judiciales, por considerar que no garantizaba tanto la independencia reconocida por la Constitución al poder judicial como el principio democrático de representatividad en el Gobierno y funcionamiento de los juzgados y tribunales. El texto informado por la ponencia tras el acuerdo de socialistas y centristas mejora ampliamente el primitivo texto del Gobierno y refuerza la representatividad, la autonomía y la estructura democrática del consejo general del poder judicial.

Antes de iniciarse el debate del proyecto de ley, el ministro de Justicia, Iñigo Cavero, hizo un breve resumen ante los parlamentarios del texto del proyecto de ley, alabando su contenido. Tras la intervención del ministro se inició el debate de los 53 artículos de que consta el proyecto de ley, de sus siete disposiciones adicionales y de sus cinco disposiciones transitorias. Por ser un texto de rango orgánico será necesaria una votación final de todo el texto del proyecto de ley, y su aprobación exigirá la mayoría absoluta del Congreso, sin que sea suficiente las votaciones parciales.

Las enmiendas defendidas por el Grupo de Coalición Democrática, ninguna de las cuales fue admitida, como ocurrió en el caso de los otros grupos minoritarios -tales el Comunista, Minoría Catalana, o Grupo del Partido Nacionalista Vasco-, tenían como objetivo, por una parte, reducir el ámbito de poder del Consejo General, y por otra, reforzar el carácter jerárquico de dicho organismo. Así, Coalición Democrática pretendía restar al Consejo General del Poder Judicial todas las competencias relativas a la selección, provisión de destinos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de los secretarios de juzgados y tribunales y del personal auxiliar y colaborador de la Administración de justicia, pasando dichas competencias al ejecutivo. Por motivos distintos, esta enmienda fue defendida por el nacionalista catalán Heribert Barrera, del Grupo Mixto, porque entendía que su introducción en el proyecto de ley reforzaría el poder autonómico de la Generalitat. El señor Barrera manifestó que la atribución al Consejo General del Poder Judicial de competencias sobre el personal auxiliar de la justicia era un ejemplo del propósito existente de vaciar el contenido del poder autonómico.

Otra enmienda de Coalición Democrática pretendía que al menos uno de los vocales de procedencia judicial del Consejo General fuera presidente de sala del Tribunal Supremo. En nombre del Grupo Socialista, el diputado Joaquín Navarro recordó que la Constitución establece que dicho miembros procederán de las dis tintas categorías judiciales, sin que sea una de tales la presidencia de salas del Tribunal Supremo. En la misma línea, otra enmienda de Heribert Barrera pretendía que dos presidentes de tribunales superio res fueran vocales del Consejo Ge neral, a lo que UCD opuso que di chos cargos no constituyen una ca tegoría judicial. Este grupo de en miendas fueron rechazadas y se aprobó el texto del proyecto de ley.

Los poderes autonómicos

Otro grupo de enmiendas de fendidas por los grupos del Partido Nacionalista Vasco y de la Minoría Catalana tendían a reforzar el papel de los poderes autonómicos en la provisión de los medios necesarios para el desarrollo y el funcionamiento de los juzgados y tribunales, función que el proyecto de ley atribuye al Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Ambos grupos parlamentarios pretendían que se admitiese la existencia de un órgano paritario Gobierno-Consejo General que tuviese como objetivo la provisión de dichos medios. Igualmente, estas enmiendas fueron rechazadas y aprobado el texto del proyecto de ley.

Las enmiendas comunistas, que tampoco fueron admitidas, respondían al criterio de que el texto del proyecto de ley elaborado por la ponencia tras el acuerdo de UCD y del PSOE no recogía todos los requisitos necesarios para el funcionamiento democrático del Consejo General del Poder Judicial. Así, el Grupo Comunista mantuvo al artículo cuatro del proyecto de ley una enmienda en la que se establecía la obligación del Consejo General de informar a las Cortes y al Gobierno, a iniciativa propia o a solicitud de dichos órganos, sobre la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales. El texto del proyecto de ley se limita a exigir del Consejo General la remisión a las Cortes y al Gobierno de una memoria anual sobre el estado de la Administración de justicia. Ajuicio del Grupo Comunista, en nombre del cual intervino el diputado Josep Solé Barberá, este texto no guarda la debida consideración al poder legislativo.

El Grupo Comunista fracasó asimismo en su intento de cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo, haciendo que fuese por candidaturas cerradas y sistema proporcional. Solé Barberá, representante comunista, dijo que el sistema que ellos proponían era el de la izquierda, mientras que el del dictamen era típico de la derecha. A ello respondió el socialista Peces-Barba que Solé Barberá parecía pretender más quedar como perdedor que lograr la aprobación de las enmiendas. El representante comunista replicó que quedaba demostrado que «nosotros somos la única izquierda», lo que provocó airadas protestas en los bancos socialistas. En la sesión se llegó hasta la aprobación del artículo 25, sin modificaciones con respecto al dictamen de la comisión.