El Gobierno no ha restado autoridad a los alcaldes

El Gobierno no ha restado ninguna autoridad a los alcaldes en materia de orden público, sino que éstos nunca tuvieron más funciones que las de coadyuvar a su mantenimiento. En esta tesis se puede resumir la contestación que el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, hizo a la interpelación del senador Rafael Nadal, del Grupo Socialista, en relación con la orden ministerial de 18 de abril de 1979, por la que se concentraron en los gobernadores civiles todas las competencias sobre orden público, según la interpretación del senador socialista, en el Pleno del Senado celebrado ayer.El portavoz socialista afirmó que tal medida constituye grave error político, que parece responder a cierta desconfianza del Gobierno hacia los nuevos ayuntamientos surgidos tras las primeras elecciones municipales democráticas. Nadal preguntó al Gobierno si piensa devolver a los alcaldes las competencias que éstos tenían según la legislación.

En su contestación, el ministro del Interior afirmó que no ha habido ninguna variación en la legislación sobre este tema, sino que la finalidad de la orden ministerial citada era aclarar las funciones de cada autoridad con respecto al orden público, cuando accedían a los ayuntamientos nuevas personas sin experiencia municipal.

En la misma sesión se debatió una interpelación del socialista Celso Montero sobre la puesta en marcha de la enseñanza bilingüe en Galicia, muy retrasada, a juicio del senador del PSOE. El ministro de Educación, José Manuel Otero, respondió que no ha habido retrasos, por parte del Gobierno y que existe la voluntad firme de enseñar las lenguas vernáculas en las nacionalidades y regiones correspondientes.

El ministro de Justicia, Iñigo Cavero, respondió a otra interpelación del socialista Rogelio Borrás, en la que éste pedía que sean trasladados a otra prisión los presos preventivos de extrema derecha, actualmente recluidos en la prisión de Ciudad Real, ya que este centro no reúne las condiciones de seguridad que se le aplican a otros presuntos terroristas, como pueden ser los de ETA o los GRAPO.

El ministro de Justicia dijo que tales presos estaban en Ciudad Real porque en la Prisión Provincial de Madrid, donde deberían estar, por depender de tribunales ubicados en la capital, hay dos galerías en reparación y que volverán a Carabanchel en cuanto esta prisión haya sido reparada. Asimismo subrayó que, tras el incidente protagonizado el mes pasado por los presos García Juliá y Magaña, éstos han sido trasladados a Alcalá de Henares, «donde no están precisamente en una situación regalada», sin perjuicio de que pueda trasladárseles a Herrera de la Mancha.