La Unión de Campesinos Leoneses se considera víctima de una campaña de desprestigio

La Unión de Campesinos Leoneses (UCL) -tres de cuyos dirigentes fueron detenidos el sábado, en relación con la explosión de dos bombas en la línea férrea Palencia-La Coruña, en un punto próximo a Astorga- denunció ayer un intento, por parte de las autoridades de la provincia de León, de «desprestigiar a uno de los pocos sindicatos agrarios no controlados por el Gobierno».

Pese a que fuentes oficiales, el propio gobernador civil filtró la noticia de las detenciones, atribuían a los miembros de la UCL la paternidad de los atentados, la organización campesina negó rotundamente estas imputaciones y amenazó con una movilización de los agricultores, si no eran puestos en libertad los detenidos, hecho que ocurrió a última hora de ayer.Durante la madrugada del sábado, personas no identificadas hicieron explosionar dos artefactos, que destruyeron una unidad del sistema de control automático de la citada vía férrea, así como un poste del tendido eléctrico. Otro grupo había colocado dos bombonas caseras de butano rociadas con gasolina bajo un vagón de abono en la estación de Astorga, que no llegaron a explosionar, y un tercero cortó la carretera N-VI (Madrid-La Coruña) en el kilómetro 315, a la altura de la localidad de Riego de la Vega, mediante la colocación de unos cincuenta neumáticos y varios sacos de alubias, cuyo contenido fue arrojado a la calzada, junto con una cantidad todavía indeterminada de gasoil.

A los detenidos -Gerardo García Machado, presidente de la UCL; Matías Llorente Liébana, vicepresidente, y José Agustín González, secretario provincial, este último paralítico de las dos piernas- les ha sido aplicada la ley Antiterrorista, si bien una fuente oficiosa manifestó ayer que éstos serían puestos próximamente a disposición judicial y, previsiblemente, en libertad, tras ser interrogados durante 48 horas en la comisaría de León, donde han permanecido incomunicados desde la madrugada del sábado.

Una llamada telefónica recibida el domingo en el cuartel de la Policía Municipal de León reivindicó los atentados en nombre de los GRAPO, aunque ni el Gobierno Civil ni la propia UCL conceden ninguna credibilidad a la misma. Esta última organización hizo ayer público un comunicado en el que se condenaban los hechos y se negaba cualquier responsabilidad en los mismos. En el mismo comunicado se anunciaba también una serie de medidas, «hasta tanto no sean puestos en libertad los detenidos», entre las que figuraban una «huelga de brazos caídos entre los campesinos», la negativa a enviar a sus hijos a los colegios, retirar el dinero depositado por agricultores en las entidades bancarias de la provincia, encierros en las iglesias de cada pueblo, retirada de los representantes campesinos de las «comisiones de recepción» de las fábricas azucareras -cuya campaña comienza en estos días- y dimisión de todos los alcaldes, concejales, presidentes y vocales de cámaras agrarias. En algunos pueblos, los tractores habían salido ya a las carreteras y plazas.

A última hora de la noche del sábado tuvo lugar en la localidad de Pobladura de Pelayo García, a treinta kilómetros de León, una asamblea de casi un millar de agricultores, para tratar el problema de las detenciones. En el acto participaron, entre otros, el presidente de la Cámara Agraria Provincial, Felipe Martínez Morán, dirigente de la UCL, y el diputado socialista por León, José Alvarez de Paz, quien manifestó que la tensión entre los campesinos era extremadamente grave.

Hasta el momento, la confusión es total sobre la identidad de los autores materiales de los sucesos del sábado, sin que se haya dado a conocer ninguna versión oficial sobre los mismos, a pesar de haber transcurrido ya más de 48 horas. Mientras fuentes oficiales insisten en achacar la paternidad de los hechos a miembros de la UCL -advirtiendo, no obstante, que podría tratarse de «grupos incontrolados»-, esta organización niega toda participación en los mismos y señala que con ello se está tratando de desprestigiar a uno de los pocos sindicatos agrarios no controlados por el Gobierno.