El proceso de Bilbao

A MENOS que la vista se suspenda, hoy se celebrará en Bilbao el juicio contra once mujeres acusadas de autoría o complicidad de prácticas abortivas y para las que solicita el ministerio fiscal elevadas penas. La polémica abierta en torno a ese proceso, cuyo momento más espectacular ha sido el escrito de 1.300 españolas declarándose incursas en la legislación penal contra el aborto, ha demostrado que plantea un tema tan cargado de pasiones, prejuicios e intolerancias que amenaza con dividir a la opinión pública en bandos irreconciliables, cerrados al sereno intercambio de argumentos y razonamientos. Sería lamentable que la sociedad española, que ha renunciado a utilizar la dialéctica de los puños y de los improperios en buena parte de los litigios de intereses y de ideas que irremediablemente enfrentan a los ciudadanos, transformara la cuestión del aborto en motivo para cavar de nuevo las trincheras, aunque sólo sea en un sentido figurado y simbólico.Contra este temor, nada infundado, es posible esgrimir, sin embargo, el hecho significativo de que en sectores conservadores empiecen a abrirse paso, incluso en medios de opinión tajantemente antiabortistas, expresiones y actitudes de algún modo comprensivas hacia los condicionamientos sociales, económicos y familiares de las interrupciones del embarazo.

Así, por ejemplo, es ya prácticamente generalizado -con excepción de la ultraderecha recalcitrante- el reclamo de una seria información y orientación sexual para los españoles, tan carentes de esa educación científica y médica que permite en los demás países europeos el control voluntario de la maternidad sin necesidad de recurrir a prácticas abortivas. Si la televisión y los medios de comunicación social en general se propusieran de verdad fomentar la maternidad voluntaria y consciente, no cabe duda que la cifra de abortos -clandestinos dentro de nuestras fronteras y legales en Gran Bretaña- de nuestras compatriotas se vería considerablemente disminuida. La explicación a niveles populares de los métodos anticonceptivos y la libre publicidad de los productos farmacéuticos para ponerlos en práctica sería un avance casi revolucionario en nuestras costumbres. La administración de la píldora anticonceptiva con cargo a la Seguridad Social parece, así, una necesidad perentoria.

Por lo demás, nuestros legisladores y nuestros tribunales tienen que hacer resueltamente frente al problema que va a representar para España, cuya vocación europea es clara, la enorme brecha que existe entre nuestra normativa penal sobre el aborto y el régimen de legalización, en algunos casos y de tolerancia en otros de la interrupción del embarazo, vigente en las naciones civilizadas del viejo continente. La idea de Europa no puede reducirse a la abolición de las barreras aduaneras y a un Mercado Común para los negocios. El espacio jurídico europeo, unificador de las normativas civiles, mercantiles y penales de todos los países afectados, será probablemente una realidad operativa antes que las instituciones políticas nacionales se ensamblen en una sola soberanía. Situado el problema en esa perspectiva histórica, aunque sea a largo plazo, parece insensato no comenzar, desde ahora, a reducir progresivamente las distancias.

En cualquier caso, el aborto no debe ser convertido en un mito, nefando para sus enemigos y movilizador para sus partidarios, ni tampoco en una figura monolítica sin fisuras ni variantes. El aborto de un mes de una muchacha violada no es lo mismo que la interrupción de un embarazo de seis meses de una mujer casada. Ni es igual la reacción de una madre de familia numerosa que vive en una chabola y trabaja de asistenta ante un embarazo no deseado que la de una señora de clase media, ama de casa, con recursos económicos y con escasa prole. Tampoco cabe medir con la misma regla a la mujer cuya salud o cuya vida pueden peligrar en el parto que a la embarazada sin tales problemas. Ni se hallan en idéntica situación el matrimonio que desea reproducirse que la pareja que, por las razones que sean, no quiere o no puede hacerlo. Los demás países europeos, así, toman en cuenta tanto la duración del embarazo como el carácter terapéutico de su interrupción a la hora de legislar sobre el aborto.

Por lo demás, lo que algunos entienden como radicalismo feminista ante este problema debe ser comprendido con mayor generosidad social y hasta intelectual. Debe entenderse, por ejemplo, la intencionalidad política -en el más noble sentido del término- de las mujeres o los hombres que suscriben manifiestos de solidaridad con las encausadas en Bilbao. Al igual que ocurrió con el manifiesto de las mujeres francesas, las mujeres españolas que se han declarado públicamente como pacientes voluntarías de abortos no lo han padecido muchas de ellas, y su solidaridad, no exenta de riesgos, merece más respeto y menos chanzas. Es verdad que existe un radicalismo feminista que peca de demagogia o de cierto esperpentismo, y que no es lo más conveniente el intento de algunas organizaciones feministas de monopolizar la discusión de problemas como el del aborto. Pero siempre habrá que partir de la base de que a ninguna mujer le gusta abortar, de que el aborto siempre es un drama, un peligro y un trauma para la mujer, y que, ante exponentes de situaciones de miseria sexual y material corno el proceso de Bilbao, son explicables, en suma, algunos grados de virulencia. Pero cuando ésta es teórica o dialéctica palidece ante la violencia física. Son por eso muy graves las responsabilidades de quienes ordenan a las Fuerzas de Orden Público que golpeen a un grupo de mujeres indefensas, solicitan penas inquisitoriales contra las personas acusadas de prácticas abortivas en Bilbao o insultan procazmente a quienes las defienden. Porque, en última instancia, lo que se está discutiendo no es la condena moral del aborto, que incumbe a la conciencia de cada cual, sino su despenalización en los casos y con los límites que establecen las legislaciones de aquellos países europeos a los que nuestras compatriotas bien informadas y con medios acuden para interrumpir sus embarazos.